Informar es una actividad de alto riesgo agravada por la impunidad en los crímenes contra periodistas
Redacción Paradoxa. 2 de noviembre 2026
En México, informar sigue siendo una actividad de alto riesgo. No porque falten leyes, fiscalías especializadas ni discursos oficiales de condena, sino porque la justicia llega tarde, incompleta o, en la mayoría de los casos, nunca llega. Esta impunidad funciona como un mecanismo de censura que enseña a comunidades enteras que cuestionar, documentar y denunciar puede costar la vida.
Este 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, la UNESCO reportó que la impunidad global en homicidios de periodistas alcanzó 86%: seis de cada siete homicidios de periodistas en el mundo permanecen sin resolución judicial. Cabe destacar que es la primera vez que la tasa aumenta desde 2012 que se comenzó a medirla.
Y México ocupa un lugar protagónico en esa crisis. La UNESCO contabilizó 17 periodistas, trabajadores de medios y creadores de contenido asesinados en el país entre 2024 y 2025, casi la mitad de los 37 homicidios registrados en América Latina y el Caribe en ese periodo. Para 2026, la UNESCO confirma ocho muertes; ARTICLE 19 documenta seis bajo su criterio de verificación. La diferencia no invalida ninguna cifra: revela que las organizaciones emplean definiciones distintas sobre quién cuenta como periodista y bajo qué evidencia se vincula una muerte al trabajo informativo.
La cifra que incomoda al Estado
El debate público suele detenerse en cuántos periodistas fueron asesinados. Pero la pregunta incómoda es: ¿cuántos homicidios terminan en condena?
Entre julio de 2010 y junio de 2026, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió 1,909 investigaciones por delitos contra periodistas, según un balance de Reporteros Sin Fronteras elaborado con información de la propia fiscalía. De ese total, se registran 53 sentencias condenatorias y 11 condenas por homicidio.
La proporción es indignante. Frente a casi dos mil carpetas de investigación, once condenas por asesinato no constituyen una respuesta institucional sino una excepción. Mientras los criminales permanezcan impunes, cada nuevo crimen refuerza el mensaje de que atacar a la prensa tiene bajo costo.
No son tragedias aisladas
Reducir estos homicidios a “hechos violentos” es una forma de despolitizarlos. ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México durante 2025, una cada 19 horas, además de siete asesinatos, una desaparición y ocho atentados contra la vida. Su informe, Estructuras del silencio, describe una cadena de censura que va del hostigamiento y la vigilancia al acoso judicial, la estigmatización, el exilio y, finalmente, el asesinato.
La violencia no busca únicamente eliminar a una persona. Busca retirar del espacio público una voz, un archivo, una denuncia o una cobertura incómoda. Cuando un periodista local es asesinado, la comunidad pierde información sobre ayuntamientos, crimen organizado, corrupción, recursos naturales, migración y violaciones de derechos humanos.
El riesgo tiene rostro local
Las víctimas no son, en su mayoría, corresponsales de medios nacionales con equipos de seguridad y respaldo institucional. Son comunicadoras y comunicadores de medios locales, regionales, digitales o comunitarios. ARTICLE 19 ha documentado que 98% de los periodistas asesinados pertenecían a medios locales.
El caso de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y comunicador de 35 años asesinado el 29 de agosto en Tehuitzingo, Puebla, ilustra esa vulnerabilidad. Había denunciado públicamente amenazas vinculadas a su trabajo antes de ser ultimado. Su muerte plantea una pregunta que ninguna autoridad debería poder eludir: ¿qué hizo el Estado con las alertas previas?
El Comité para la Protección de los Periodistas solicitó a las autoridades determinar si su muerte estuvo relacionada con su labor. El caso abre una línea de investigación que los medios libres no pueden abandonar: la relación entre periodismo ambiental, territorios en disputa, intereses económicos y violencia contra quienes documentan sus impactos.
Una deuda de derechos humanos
Desde el enfoque de derechos humanos, el asesinato de una persona periodista vulnera varios derechos simultáneamente: la libertad de expresión de quien informa, el derecho de la población a buscar y recibir información, y el derecho a la verdad. La UNESCO ha insistido en que estos crímenes privan a la sociedad de información esencial y fortalecen la impunidad.
Por si fuera poco, la impunidad produce zonas de silencio. ARTICLE 19 utiliza este concepto para describir territorios donde la intimidación, el desplazamiento o el asesinato de comunicadores reduce la capacidad de las comunidades para conocer lo que ocurre en su propio entorno.
No se trata solamente de que un periodista muera, se trata de que, después, nadie quiera cubrir el ayuntamiento corrupto, la mina contaminante, la desaparición, el despojo o el abuso policial. Ese silencio es el objetivo final de quienes pretenden silenciar la verdad.
Organización y acción
Ante esta afrenta, el contexto exige formas colectivas de organización mediática. La protección de quienes informan no puede depender solo de medidas individuales ni de la respuesta tardía del Estado: requiere redes comunicativas que integren a medios tradicionales, independientes, comunitarios y digitales, capaces de documentar agresiones, activar alertas tempranas y sostener la circulación de información cuando alguien intenta imponer silencio.
Para el equipo de Paradoxa, asumir esta tarea conlleva tejer alianzas que conviertan la información en una red de cuidado, memoria y resistencia frente a la censura.
