#RadioParadoxa #MediosLibres anuncia próximas emisiones diarias #EnVivo

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Que este año 2018 sea fructífero para los medios libres. En un contexto donde la verdad es manipulada, informar es un acto revolucionario.

#RadioParadoxa #MediosLibres

 

 

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PARTIDOCRACIA Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: LA MISMA FALSA DEMOCRACIA

/ Jacobo Mella

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Ante las tiranías y fascismos de los últimos siglos, la historia mundial revira la necesidad de transitar a sociedades democráticas, lejos del autoritarismo con el que unos pocos gobiernan a la humanidad. Pero ese tránsito sucede a paso muy lento y de la democracia se hace teatro, farsa.

En los festines electoreros vemos como el ultraderechismo incursiona y triunfa proclamando ideas y acciones bélicas y ecocidas, perpetuadoras del intervencionismo, enemigas de la libertad. Y en las urnas donde la disidencia ejerce el aclamado derecho del voto, no vale si no legitima el orden económico y político existente, para ejemplo reciente el intento separatista de Catalunya mediante referéndum el cual ha sido desconocido y criminalizado por el estado español.

Sobre México hay mucho que decir en este tema. El caudillismo postrevolucionario, la élite política de las primeras décadas hizo posible la conformación de un partido único que a lo largo de un siglo fungió como partido de estado, pese a su intermitencia en el gobierno federal, el debilitamiento del PRI como fuerza electoral está demostrado no ha sucedido; ahora hay muchos partidos pero eso no soluciona nada, al mal ya habido se suma el de la partidocracia, del que no merece ser excluido ninguno de los tantos vividores del dinero público.

Y ahora como para despistar tanta mala fama partidocrática y procesos electorales fraudulentos se defiende a las candidaturas independientes como el remedio de todos los males. De este nuevo medio de participación hemos visto el éxodo de muchos que dicen estar deslindados del cáncer partidista y su corrupción característica, también ha ocurrido que ahora los caciques y magnates millonarios pueden promover con este recurso sus intereses más accesiblemente.

Para las elecciones del 2018 seguro tendremos tantas candidaturas independientes como partidistas, para la presidencial tal vez aparezca en la boleta la candidata del Congreso Nacional Indígena, mientras se recaban firmas para lograrlo dirige un discurso en el que visibiliza la opresión contra los pueblos indígenas, aclarando que no se busca la toma del poder.

Siempre ha sido loable la lucha de los pueblos indígenas contra el despojo y la injusticia en sus territorios, el Congreso Nacional Indígena es prueba que en las últimas décadas esa lucha ya no ha sido aislada, el hecho que ahora perfilen una candidata representante de su causa es sin duda histórico, en un contexto de inmenso y coherente escepticismo hacia el sistema electoral e institucional del estado mexicano.

 

 

ANTE LA INCURSIÓN DEL FRACKING EN LOS TERRITORIOS: RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN

/ Redacción Paradoxa CML

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El petróleo y los hidrocarburos siguen destacando hoy en día como fuentes energéticas que sostienen la civilización, por ello son también fuente de poder geopolítico y económico. Sin embargo la exigencia cada vez mayor de energía fósil requerida para alimentar el modelo productivo capitalista y un estilo de vida contemporánea derivado de este, ha conducido hacia un colapso ambiental y social global que ha transformado violentamente el mundo atentando contra ecosistemas de los que depende la supervivencia de la especie humana y otros seres vivos.

Si de por sí la extracción petrolera como fuente de energía suprema desde hace más de una centuria, tras la invención de la geología del petróleo y del motor de combustión interna, los impactos ambientales resultantes tales como la contaminación atmosférica, el calentamiento global, derrames en mares, ríos, etc., han sido alarmas suficientes que indican la urgencia de transitar hacia otro modelo energético no basado en el petróleo y por tanto no promotor de la destrucción planetaria, pese a esto actualmente el extractivismo del petróleo y de hidrocarburos como el gas están en repunte, aunque ahora mediante un método extractivo más peligroso, con consecuencias fatales e irreversibles para el medio ambiente y la vida humana y no humana: el fracking.

El fracking o fractura hidráulica consiste en la perforación vertical de pozos para extraer petróleo o gas natural atrapado en formaciones rocosas poco permeables, para lograrlo se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y cientos de sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de de hidrocarburos a los poros. Entre las sustancias potencialmente tóxicas utilizadas para el fracking se cuentan: destilados de petróleo como kerosene y gasoil (el cual contiene benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, naftaleno y otros productos químicos), hidrocarburos aromáticos policíclicos PAH, metanol, formaldehído, etilene glicol, ethers de glicol, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio; el contacto del organismo humano con estos químicos se extiende a enfermedades cancerígenas, así como impactos en los sistemas neurológicos, inmunológicos y reproductivos.

Además la contaminación de ríos, mares, lagos y aguas profundas es otra de las consecuencias fatales del fracking, pues al depender la vida del agua el envenenamiento por su consumo es uno de los efectos letales que sufren los habitantes y animales de zonas cercanas a las áreas de explotación. La improductividad de tierras de cultivo y ganadería es otro daño, además la adquisición de espacios para su ejecución va ligada a la desposesión y la privatización, aunado a esto la perforación mediante fractura hidráulica propicia sismos que vuelven aún más catastróficos sus impactos, incluso en lugares sin histórica actividad sísmica.

Como una maniobra más de la economía global para acumular riqueza, el fracking se ha lanzado mundialmente a través de una ofensiva extractivista que agudiza los ya existentes conflictos socioambientales y genera otros nuevos. En este proceso el territorio mexicano no ha quedado fuera del negocio, al contrario distintos gobiernos han incentivado prácticas extractivas que favorecen a empresas trasnacionales y nacionales en perjuicio de las comunidades, los derechos humanos y la protección ambiental; particularmente la Reforma Energética implementada durante el sexenio actual ha abierto la puerta al establecimiento e intensificación del neoextractivismo del que forma parte el sector energético y el fracking.

El fracking desde hace años se ha venido implantando de manera sigilosa, sin la consulta ciudadana, incluso algunos de sus efectos se han presentado en los territorios donde ya se implementa, en Nuevo León y Tamaulipas por ejemplo ya se han registrado sismos cuya causa apunta a ser el fracking, también en ejidos de San Fernando, Tamaulipas campesinos han denunciado la afectación de productividad en tierras agrícolas. Además de estos dos estados del noreste mexicano, otras entidades como Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Oaxaca también se encuentran bajo la amenaza de esta técnica extractiva.

Sin embargo, ante la imposición ha habido reacción, resistencias acompañadas de la organización colectiva que luchan por territorios libres de fracking, por un sí a la vida y no al extractivismo de despojo y muerte. De esta manera ante el ecocidio que promete la fractura hidráulica organizaciones campesinas y ambientalistas en distintas latitudes han hecho pública y legal la defensa del territorio, en Nuevo León donde hay bajo amenaza del fracking 21 municipios, ciudadanía preocupada por los problemas socioambientales y la insensibilidad de los gobiernos ante estas problemáticas, ha conformado el Movimiento Ambientalista en Defensa de la Madre Tierra y de la Vida para demandar un No al fracking en Nuevo León ni en ningún lado, en una lucha que amerita sumar voluntades día a día son más las personas que alertadas de los riesgos inminentes del fracking se oponen y se organizan.

Junto al fracking el uso de aguas para su realización es un componente que también llama la atención en Nuevo León, pues en este contexto se busca implementar distintos megaproyectos hidráulicos que más allá del abasto para consumo humano busca proveer a la industria pesada y por supuesto al fracking. De por sí el uso de agua y la explotación de pozos profundos en el estado para beneficios privados es una problemática que evidencia el lucrativo negocio que representan recursos naturales para las empresas, con todo y sus costos socioambientales.

En este contexto el horizonte de la defensa del medio ambiente y la vida se perfila optimista en tanto que la prohibición del fracking en municipios mexicanos como Xilitla, Tanlajás en San Luis Potosí, Tlapacoyan en Veracruz, así como en otras localidades del mundo se ha logrado gracias a la resistencia y la organización ciudadana, demostrando además que la voracidad capitalista y la devastación ambiental puede ser desafiada exitosamente, lograrlo es una tarea colectiva que se amerita realizar y potenciar.

 

 

INDEPENDENCIA, RESISTENCIAS Y GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA. SIGLOS DE LUCHA POR LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA EN MÉXICO

/Eurístides De la Cruz

" El sembrador" Arturo García Bustos

A 207 años de la fecha en la que se data el inicio de la guerra de independencia mexicana, el territorio liberado de la Nueva España tras siglos sigue siendo escenario de luchas por la libertad y la justicia social. La libertad de culto y pensamiento, la prohibición de la esclavitud y de los títulos nobiliarios, fueron logros obtenidos en centurias pasadas que no se reducen a un a partir de 1810, pues desde antes de la rebelión criolla, implícitamente ya se habían reivindicado en insumisiones indígenas como la maya liderada por Jacinto Canek o la de los yaquis en el noroeste, sin embargo fue hasta el siglo XIX que la intromisión de la corona española en su antigua colonia ya no evocaba aquellos tiempos de saqueo y explotación del botín de guerra que enriqueció en demasía a Europa y cimentó el desarrollo de capitalismo mundial.

La independencia colonial no significó precisamente el cese de la injusticia, ni de la desigualdad, mucho menos de la dependencia económica extranjera ni del servilismo, tampoco de las hostilidades bélicas dirigidas por las grandes potencias. En el siglo XIX Francia e Inglaterra desfilan sus armas en el territorio, imponiéndose una vez más la monarquia durante casi 4 años; dos décadas después la invasión estadunidense que arrebata gran parte del territorio norte del país, también es evidencia del imperialismo soez instaurado desde antaño y extendido a toda América Latina, pero eso sí siempre acompañado de resistencias. Los años posteriores a la nueva frontera, no excentos de la fiebre modernista representada por el capital extranjero originaron nuevas élites nacionales que explotaron el trabajo agrícola, minero y obrero para el incremento de la acumulación enriquecedora de pocos y empobrecera de muchos, en esta etapa surgen levantamientos contra la política modernizadora del gobierno que desembocan en una revolución propiciadora de ideas loables sobre la libertad y la justicia, aunque no ajena al escarnio extranjero y la intromisión de la burguesía dirigente.

Luego de años en guerra revolucionaria advino el régimen presidencialista sexenal que hasta hoy se mantiene en auxilio del gérmen partidocrático. En esta etapa la persecución comunista y guerra sucia lanzada a mediado del siglo XX es otra evidencia del intervencionismo yanqui en México, pues el gobierno colaboró servilmente a calmar la paranoica amenaza comunista dentro del territorio que tanto preocupaba al país vecino. Ya debilitada la lucha social, aunque nunca erradicada, los ochentas fueron fértiles al nacimiento del neoliberalismo en el país, aunque a diferencia de otras latitudes aquí no se requirió de golpes de estado, pues sucedió dentro de la democracia presidencialista y servil a los intereses extranjeros. Sin embargo la lucha que parecía perdida tras el establecimiento del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte en 1994, es avivada nuevamente por el alzamiento zapatista en Chiapas que incentiva el surgimiento de múltiples resistencias en el territorio, algunas de las cuales perduran hasta hoy, enfrentando a la nueva ofensiva del capitalismo global instaurada mediante vías antidemocráticas auxiliadas de la violencia, el engaño, la corrupción y la ley.

En la actualidad la ya de por sí dependiente economía mexicana respecto de la estadunidense y del modelo extractivo exportador, se ha reforzado mediante las reformas estructurales emprendidas años atrás, la Reforma energética por ejemplo agrava la situación de saqueo de la naturaleza al permitir a empresas trasnacionales un extractivismo más intenso que el colonial, agregado a que el mundo contemporáneo se encuentra también catastróficamente más afectado en lo ambiental como resultado de la era del capital que en su curso ha transformado drásticamente el paisaje natural del planeta. A la sombra de esta oleada neoextractiva cientos de conflictos socioambientales se multiplican en todo el territorio, mientras los gobiernos siguen siendo cómplices de esta injuria.

La globalización económica en la que México está inserto únicamente ha impulsado las intromisiones imperialistas, ha acelerado la destrucción ambiental, agudizado la pobreza y la brecha de la desigualdad, mientras unas cuantas élites se enriquecen a la par que las grandes potencias. Desde esta mirada no puede dejar de evocarse la década de guerra contra el pueblo que mediante la fuerza policiaca, militar y jurídica el gobierno ha mantenido, so pretexto de erradicar el narcotráfico, pero se trata de una guerra orquestada y financiada desde Washington cual dósis de terapia de shock, causante de cientos de miles de muertos, miles de desaparecidos, prisioneros, familias destruídas y desplazadas, además esta guerra ha logrado instaurar el miedo en la cotidianidad, sin que haya beneficiado en algo al país, pues como ya se ha dicho el Plan Mérida ha fracasado en sus enunciados propósitos, pero por el contrario ha reforzado el intervencionismo extranjero, el espionaje, la persecución a activistas, periodistas y comunidades enteras que defienden la libertad y la justicia.

En este contexto las diversas resistencias que se organizan en el territorio mexicano no distan mucho de las habidas en otros lugares, esto porque la economía global imperante funge como apóstol de la crisis, el saqueo, la guerra y la dominación. Por ello en otros países latinoamericanos también independizados de la corona española persisten estas problemáticas, al igual que en África, Asia, la misma Europa y Estados Unidos, la depredación capitalista de las potencias ya no respeta ni sus propias fronteras nacionales. Ante esta situación atañe a las presentes y futuras resistencias, defensoras de la libertad y la justicia, luchar desde una comprensión amplia que considere los problemas de México como problemas globales, resultantes de una dinámica geopolítica internacional, que exige una respuesta radical, altermundialista y libertaria, antes de que la crísis ecológica y social sea en la historia del mundo la causa de la extinción humana y seamos en la memoria cósmica una especie que durante milenios se jactó de su superioridad racional pero no logró erradicar la injusticia, ni la dominación, y por contrario se dedicó a destruir el mundo para fines de acumular riquezas, causa de su fatal destino.

INFORME: LA VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA EN MÉXICO. 276 AGRESIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2017

/ Article 19

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En México se agrede a un periodista cada 15.7 horas. Durante el primer semestre de 2017 (enero – junio) se registraron 1.5 agresiones diarias y se documentaron un total de 276, incluyendo 6 periodistas asesinados y 1 más desaparecido. Estas cifras representan un incremento del 23% respecto a las registradas durante el primer semestre del 2016.

Se presume que el 50.7% de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos (140 de 276). Lo anterior es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa.

En este periodo, ARTICLE 19 identificó tendencias que permiten reconocer que en México la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones, y que se acentúa de manera importante en los periodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año. Tal es el caso de estados del norte del país como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, en donde han aumentado las agresiones de manera considerable con respecto a años anteriores.

Particularmente llama la atención el caso de Coahuila, –estado sujeto a un proceso electoral complejo en el período que se analiza– pues reflejó un incremento de agresiones del 325%. Esta entidad ahora ocupa el tercer lugar con más agresiones contra la prensa, tan sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz (ambos con 28 agresiones registradas).

En el primer semestre de 2016 se documentaron 8 agresiones en Coahuila, es decir, menos de una tercera parte de los casos registrados este semestre (26). Cabe resaltar que las y los periodistas coahuilenses se enfrentaron a dos contextos de riesgo en la primera mitad de 2017: la cobertura de las protestas por el aumento del precio de la gasolina (enero) y las elecciones estatales (junio).

Es importante destacar que durante este periodo se documentaron un total de 35 agresiones en el contexto de protesta; particularmente en Monclova, Coahuila, y Playas de Rosarito, Baja California, en donde se realizaron diversas movilizaciones en contra del aumento del precio de la gasolina. La violencia ejercida principalmente por autoridades hacia integrantes de la prensa dejó un saldo de 8 agresiones en Monclova y 13 en Playas de Rosarito, los días 5 y 7 de enero, respectivamente.

Además, después de la activación de la Red #RompeElMiedo durante el proceso electoral en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, ARTICLE 19 documentó 37 agresiones, 19 el día de las elecciones. Coahuila y Estado de México concentraron la mayoría de estas agresiones, con 15 y 13, respectivamente. En su mayoría las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos (14) e integrantes de partidos políticos (14), de acuerdo con el testimonio de las víctimas. También se identificó que 11 fueron cometidas por integrantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 2 del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y 1 del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los procesos electorales están íntimamente vinculados a la libertad de expresión e información, ya que para que los ciudadanos puedan llevar adelante sus decisiones en el momento de votar es indispensable que cuenten con la mayor cantidad de información posible. Para esto, es crucial que los hechos, las ideas y las opiniones circulen libremente. Sin lugar a dudas, el modo más común que tienen los ciudadanos de informarse en la actualidad es a través de los medios de comunicación de masas”. Sin embargo, en México la tendencia muestra que en contexto electoral las agresiones provenientes de integrantes o simpatizantes de partidos políticos aumentan, con una intención clara de reducir esos flujos de información que puedan derivar en el veto ciudadano o la exigencia de rendición de cuentas.

Como se ha señalado en numerosas ocasiones, la falta de garantías democráticas en México provoca que la cobertura en contextos de protesta y electorales se convierta en un riesgo para las y los periodistas. Las elecciones y la protesta son ejercicios básicos y fundamentales dentro de una democracia y su cobertura se considera un discurso especialmente protegido. De esta manera, el aumento de agresiones en este contexto refleja las fallas institucionales de fondo en un país que se encuentra lejos de consolidarse como una democracia. Asimismo, corrobora la intencionalidad de los perpetradores de restringir el flujo efectivo de información de interés público.

También se han identificado focos rojos en municipios pequeños donde la violencia, resultante de la falta de instituciones sólidas y la presencia del crimen organizado, lleva a que la prensa sea un blanco fácil. Es la situación de San Martín Texmelucan, Puebla; Lázaro Cárdenas, Michoacán y; Tecomán, Colima.

De las 20 agresiones documentadas en el estado de Puebla, 9 se concentraron en el municipio de San Martín Texmelucan, ubicado en la zona del “triángulo rojo” del estado, en donde la cobertura del robo de combustible por parte de los llamados “huachicoleros” ha llevado a que la prensa sea constantemente agredida.

De las 6 agresiones registradas en Michoacán, 3 se registraron en el municipio de Lázaro Cárdenas: 1 amenaza, 1 caso de acoso y hostigamiento, y el desplazamiento forzado de un periodista debido al alto riesgo al que se enfrentaba. Adicionalmente, se documentaron casos graves en el estado, como 1 ataque físico en el municipio de La Piedad y la desaparación del periodista Salvador Adame, en el municipio de Múgica.

En Tecomán, Colima, uno de los municipios más violentos del país , se concentraron las 3 agresiones documentadas en todo el estado, incluyendo 2 amenazas de muerte y 1 ataque físico.

Tipología de las agresiones

En un país plagado por la violencia, las amenazas o actos de intimidación son suficientes para generar miedo y, por lo tanto, forzar el silencio en la prensa.

Las agresiones más constantes de enero a junio de 2017 son actos de intimidación (67), amenazas (60) y ataques físicos o materiales (56). Destaca que de las amenazas documentadas, 19 fueron de muerte, 9 de daño físico y 3 de ellas realizadas con armas de fuego o explosivos. También se registraron 4 actos de intimidación con armas de fuego.

Respecto a las agresiones físicas, se registraron 43 lesiones con las manos u otras partes del cuerpo; 37 de las cuales fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos. Además se registraron 2 atropellamientos a periodistas.

A su vez, se registraron 9 allanamientos: 2 a oficinas de medios de comunicación y 6 a domicilios de periodistas. Nuevamente, la Ciudad de México encabeza la lista de allanamientos, con el 44% de los casos.

Las privaciones de la libertad son una constante, se registraron 11 retenciones ilegales y 17 detenciones arbitrarias. Destaca el caso de Rubén Pat, director del semanario Playa News, quien fue detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo.

La censura extrema: asesinatos, desaparición y desplazamiento forzado

En los primeros seis meses del año, la y los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez, fueron asesinados con armas de fuego y a plena luz del día. La impunidad es evidente, se puede matar a un periodista sin ser identificado ni enfrentar un proceso de justicia.

También se documentaron 3 tentativas de asesinato a Sonia Córdova, Julio Omar Gómez y a un periodista del cual se reserva su identidad.

Además, hasta la publicación de este informe, ARTICLE 19 ha documentado 2 asesinatos en el segundo semestre de 2017: el de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California. En total se han documentado 8 asesinatos en lo que va del año.

ARTICLE 19 también documentó la desaparición de Salvador Adame, director de Canal 6tv, quien fue forzado a subir a una camioneta negra por un grupo de hombres armados y “encapuchados”, el 18 de mayo de 2017 en el municipio de Múgica, Michoacán. La familia Adame se ha enfrentado a situaciones de revictimización durante la investigación, particularmente frente a la renuencia de las autoridades a priorizar el trabajo periodístico de Salvador Adame como principal línea de investigación.

Incluso, las autoridades informaron a la familia del hallazgo de los supuestos restos del periodista, tan sólo una hora antes de que el procurador del estado de Michoacán realizara una rueda de prensa sobre los hechos. Como resultado de lo anterior, la familia ha insistido en la necesidad de realizar un peritaje independiente frente a la desconfianza en los procedimientos y el trato recibido por parte de la Procuraduría local. A pesar de la versión de las autoridades –la cual ha sido retomada por muchos medios de comunicación, pero no ha sido verificada–, Salvador Adame continúa en calidad de persona desaparecida, al no contar con elementos que doten de certeza a sus familiares. De esta manera, de 2003 a la fecha, 24 periodistas permenacen desaparecidos en México.

Por otra parte, el aumento de la violencia y la percepción de riesgo compartida por periodistas en todas las regiones del país, ha llevado a un aumento en el desplazamiento forzado. Tan sólo en los primeros seis meses de 2017, ARTICLE 19 tuvo conocimiento de 7 casos de desplazamiento forzado en el país. Esto es un indicador claro de que el riesgo constante y la falta de capacidad del Estado de protección son factores decisivos para que un periodista abandone su lugar de origen o residencia.

De esta manera, las y los periodistas deciden desplazarse temporal o permanentemente cuando hay una percepción de que su vida podría estar en peligro o que no existen garantías efectivas para su seguridad. En muchas ocasiones, el desplazamiento es la última medida de autoprotección.

No obstante, el desplazamiento se ha convertido en una medida cada vez más impulsada por el propio Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), dada la falta de capacidad real de garantizar la integridad de las y los periodistas en su lugar de origen o residencia.

En este sentido, ARTICLE 19 considera preocupante que, en determinados contextos, la autoridad considere como única opción de protección el desplazamiento, pues esto deriva en situaciones que pueden ser catastróficas para los periodistas. Tal es el caso del periodista asesinado en marzo de 2017, Cecilio Pineda, que al rechazar la medida de refugio otorgada por el Mecanismo de Protección, se le fueron retiradas las medidas dejándolo en un estado de total indefensión.

La otra situación que pasa desapercibida en relación al desplazamiento forzado de periodistas es que no hay políticas públicas, ni medidas enfocadas a la integración y no revictimización de las y los periodistas en los lugares de refugio o reubicación. ARTICLE 19 ha documentado distintos impactos del desplazamiento en periodistas, incluidos problemas de salud mental o de índole psicosocial. El disfrute de sus derechos sociales y económicos es prácticamente nulo, a consecuencia de la falta de recursos económicos derivada de la carencia de un trabajo estable y remunerado; en algunas ocasiones, los lugares de refugio no tienen condiciones dignas; la imposibilidad de que su familia se reubique con ellas o ellos; y la inexistencia de medidas para integrar a las y los periodistas a la sociedad receptora.

Es importante recordar que la falta de una investigación efectiva sobre los hechos que tuvieron como consecuencia el desplazamiento interno forzado puede perpetuar la situación de vulnerabilidad de las víctimas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe Informe Especial sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México“, por omisión también se violentan derechos humanos. Ante el arribo de un grupo criminal a una comunidad, la autoridad debe realizar acciones a efecto de aprehender a estas personas conforme lo marca la ley y resguardar de esa manera la tranquilidad social. Los DFI ocurren por la ausencia de autoridad y ante la negativa de acudir a ciertas zonas por el riesgo que ello representa. Al dejar desprotegida a la población en riesgo de DFI, las autoridades de seguridad pública generan impunidad y un aliciente a esos grupos para continuar afectando a la población”.

Violencia de género

ARTICLE 19 no puede dejar de mencionar la violencia diferenciada a la que se exponen las y los periodistas por razones de género o de identidad y orientación sexual (de las y los periodistas o por la cobertura del tema). La documentación de los primeros seis meses del año arroja 10 casos de agresiones con componente de género. En estos destacan 4 casos de acoso y hostigamiento con lenguaje violento y con connotaciones sexuales, 2 amenazas de muerte (1 de daño físico y 1 de daño sexual) y 1 agresión física.

También se registraron 3 agresiones con componente discriminatorio por cobertura o identificación con una preferencia sexual no heterosexual: 1 campaña de desprestigio y difamación con contenido sexual, y 2 amenazas por redes sociales.

El entorno digital

La documentación de violencia contra la prensa en el entorno digital tomó un papel importante en la opinión pública al cierre del semestre, a la luz de la publicación del informe #GobiernoEspía, que da evidencia sobre espionaje a activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas por medio de malware sofisticado y comercializado únicamente a gobiernos.

Cada vez es más difícil ignorar los riesgos a los que se enfrentan medios y periodistas en el entorno digital. De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, los medios digitales continúan siendo los más agredidos: 119 agresiones fueron dirigidas a periodistas y medios de plataformas digitales y 49 ocurrieron en el entorno digital.

Estas agresiones incluyeron actos de intimidación, acoso y hostigamiento, amenazas, ataques a sitios y alteración o falsificación de información en línea. Además, se documentaron 9 casos de intervención de comunicaciones (en el primer semestre de 2016 sólo se registró 1 caso): 1 vía telefónica y 8 a redes sociales.

Además, por primera vez, ARTICLE 19 documentó 1 caso de intento de remoción de contenido en alusión a protección de datos personales y a la vida privada. Los intentos por borrar información de interés público de las plataformas digitales se han convertido en un mecanismo de censura contra medios digitales y periodistas que publican casos de corrupción, conflicto de interés y violaciones de derechos humanos.

La mayoría de las veces, los intentos por remover contenidos se acompañan por amenazas e intimidaciones de carácter legal que de manera ilegítima y desproporcionada refieren a afectaciones a la vida privada, la honra y la protección de datos personales, de quienes están involucrados en los actos denunciados y publicados. Este tipo de prácticas carecen de sustento legal para llevarse a cabo y atentan contra la libertad de expresión e información en línea.

Agresiones por tipo de cobertura

ARTICLE 19 también documentó las coberturas periodísticas realizadas por medios y periodistas en el contexto de las agresiones. En este sentido, destaca que en el 47.8% de los casos (132) la cobertura de “corrupción y política” está relacionada con agresiones. Esto no puede desvincularse del hecho de que el 50.7% de las agresiones fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos.

Por su parte, en el 29% de los casos (80), las víctimas documentaron y publicaron información relacionada con temas de “seguridad y justicia”; en el 13.4% (37) sobre “protesta y movimientos sociales”; en el 8.3% (23) sobre “derechos humanos”; en 1.1% (3) sobre “tierra y territorio” y en 0.4% (1) sobre “sector privado”. Cabe destacar, que de los 6 periodistas asesinados en este periodo, 5 cubrían principalmente el tema de “seguridad y justicia” y 1 de “corrupción y política”.

De la misma manera es importante señalar que las y los reporteros continúan siendo los perfiles del periodismo más agredidos, con 157 del total de agresiones.

Por otro lado, las radios comunitarias se encuentran en un grado de mayor vulnerabilidad con respecto a otro tipo de medios: se documentaron 7 agresiones.

La respuesta del Estado: más paliativos

Este primer semestre del 2017 se caracterizó también por múltiples iniciativas de diversos gobiernos con relación a protección a periodistas. Partiendo de un diagnóstico equivocado que elude a los propios agentes del Estado como principales perpetradores de la violencia contra la prensa, y soslayando que ya existe un andamiaje institucional para atender esta problemática, los actores políticos pretenden mostrar supuesta voluntad de atender la situación mediante la creación de nuevas leyes y más burocracia.

Tras el asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo –mismo día en que fue asesinado también Jonathan Rodríguez en el municipio de Autlán, Jalisco–, se llevó a cabo una reunión titulada “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores” en donde estuvieron presentes Enrique Peña Nieto, presidente de la República; la y los gobernadores de cada estado, como miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Posteriormente, el 2 de junio se reunieron la Segob, Conago y CNDH para firmar un convenio sobre protección a periodistas, en donde acordaron: 1) contar con legislaciones específicas en la materia; 2) establecer fiscalías o unidades especializadas en delitos contra periodistas; 3) promover la eliminación de los delitos de difamación y calumnias; y 4) homologar los protocolos de prevención y protección a periodistas.

Derivado de lo anterior, ARTICLE 19 tiene conocimiento de diversas iniciativas que se han presentado o reactivado en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas. Asimismo, hay una iniciativa en la Cámara de Diputados federal para discutir y aprobar la Ley General de Protección a Periodistas.

ARTICLE 19 considera que esta respuesta por parte del Estado mexicano es tardía, tomando en cuenta que desde 2007 la violencia contra periodistas ha ido en aumento. Asimismo, se estima que estas medidas son paliativos frente a la grave crisis que se vive en México, pues sin las capacidades y voluntad política, sólo se generarán más leyes carentes de eficacia y más burocracia. Como hemos visto en los últimos años, a pesar del andamiaje legal e institucional que se ha creado, la violencia contra periodistas no ha cesado, e incluso, se ha agravado.

Como se expresó ampliamente en en el informe anual Libertades en Resistencia la creación de más mecanismos de protección no resolverá esta situación si no se parte de un análisis y acciones desde un enfoque integral de garantía para la libertad de expresión. En este sentido se debe considerar, por ejemplo, la despenalización de delitos que inhiben y coartan la libertad de expresión; regular la publicidad oficial; instituciones autónomas de procuración de justicia (lo cual se encuentra ligado con la grave impunidad que existe de 99.6% en delitos contra periodistas); la existencia de servicios forenses independientes; entre otras.

Es por ello que estas medidas, lejos de brindar soluciones efectivas, entorpecen y dificultan el trabajo de protección a periodistas, colocándoles incluso en mayor riesgo ante la atomización y fragmentación de acciones por parte del Estado mexicano. Máxime cuando los datos arrojan que son las propias autoridades de los tres niveles de gobierno las que presuntamente ejercen violencia contra las y los periodistas.

De esta manera, ARTICLE 19 exige a las autoridades federales y locales que pongan en marcha una estrategia que apunte a la construcción de una política pública integral para garantizar la libertad de expresión, mediante la cual se coordine las medidas de protección a periodistas con la investigación de los casos de violencia. Las acciones llevadas a cabo deben mostrar resultados, tomando como base que el pleno goce de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral. En este sentido, los casos de violencia contra la prensa deben abordarse tomando como línea prioritaria la de su labor informativa.

LIBERAR LOS MEDIOS Y SOLIDARIZAR LA INFORMACIÓN

/ Redacción Paradoxa CML

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Aunque la censura de la información libre no es nueva en la historia mexicana y mundial, durante la última década ha sonado con eco internacional la intensificación de un contexto hostil para el ejercicio del periodismo, así como para la crítica política y social, derivado de la guerra contra el narcotráfico, conflicto armado que ha servido de terapía de shock a la mexicana para la imposición de un brutal régimen económico-político en el territorio, bajo el que mediante la violencia policiaco-militar y paramilitar se construyen megaproyectos y se impulsa una voracidad extractiva que despoja a comunidades rurales de sus formas de vida desplazándolos y destruyendo los ecosistemas, en las ciudades grandes capitales financieros también acaparan los espacios para incrementar plusvalor a través de la explotación laboral de millones de trabajadores, contaminan el aire, el agua, devastan la naturaleza para un crecimiento urbano segregante que aumenta la brecha entre pobres y ricos.

La corrupción institucional sirvienta de los intereses neoliberales durante todos estos años no ha hecho más que administrar el caos, lucrar con la tragedia y enriquecerse con su complicidad, bajo esa tela se cubre la justicia estatal en México. La reacción por supuesto no se ha hecho esperar, en consecuencia con la historia combativa por las causas justas en el territorio, en múltiples lugares se han formado resistencias que desafían al proyecto del capitalismo internacional, el cual ahora se auxilia de nuevas formas útiles a la acumulación de capital contradictorias con la idea de justicia social, bien común y fraternidad, de tal manera que la indiferencia política, el hostigamiento y la represión hacia estas resistencias es una amenaza permamente que proviene tanto de las mismas fuerzas del estado como de grupos criminales delictivos que sirven de mercenarios a dichos fines.

En esta situación los grupos organizados que luchan contra alguna de las ofensivas neoliberales, en la mayoría de los casos no tienen más que la palabra para hacerles frente, la cual a veces es amplificada por el respaldo de medios de comunicación que no están al servicio de las relaciones públicas imperantes en el negocio de la información. El poder mediático de la televisión, la radio y la prensa, a pesar de la popularidad de internet, sigue siendo un referente de suprema influencia para la comprensión simbólica de la realidad, y lo ordinario es que las televisoras, radios y periódicos más poderosos económicamente y por ende más influyentes, censuren o distorcionen todo aquello contrario a sus intereses corporativos en relación simbiótica a los intereses económicos y políticos neoliberales, de tal manera que los contenidos difundibles en estos medios pasan por un estricto proceso de selección muy distinto a la llamada democratización de los medios.

De igual manera en la hegemonía mediática las artes y el conocimiento tienen un lugar poco relevante, en su lugar se da preferencia a contenidos que sin otro propósito únicamente sirven a la enajenación, a la sugestión de estilos de vida acordes con la prevalecencia de las élites y la aceptación de la marginalidad, cuando esos mismos espacios mediáticos pueden ser escenario de expresión propositiva en la construcción de otro mundo. Por estas y muchas otras características, liberar la palabra liberando los medios no es un fin fácil de lograr, sin embargo sí es posible cuando invididuos aquí y en muchos sitios actúan colectivamente, unidos por el ímpetu solidario de liberar los medios del monstruo mediático, precisamente informando y difundiendo con libertad.

Los medios libres por su finalidad misma de informar son una actividad colectiva, comunicar es colectivizar, informar desde esta perspectiva es también solidarizar. Resultado de un trabajo colectivo y voluntario una revista es producto de las colaboraciones de los autores, el trabajo de editorial, de aquellos y aquellas que leen, difunden, discuten, reflexionan, etc., lo mismo pasa con una emisión de radio o una producción audiovisual, la comunicación generada por los medios libres es un resultante de la interacción solidaria entre emisores y receptores, con la particularidad de que los receptores también pueden ser emisores, lo cual difícilmente sucede en los medios masivos hegemónicos si no se cuenta con influencias o consideraciones extraordinarias.

Sin embargo uno de los grandes retos para los medios libres en la actualidad, aún y cuando internet les ha permitido visibilidad internacional, es que al ser proyectos autogestionados, es decir sin grandes capitales de por medio, sus alcances en audiencia y tecnologías no son equiparables a los medios masivos, un obstáculo que precisamente se enfrenta mediante la solidaridad, la cual permite producir contenidos y ampliar audiencias, es gracias también a la acción solidaria que un medio libre puede permanecer a través del tiempo y mejor aún, consolidarse, reconstruirse, seguir en lucha. En la coyuntura actual dominada por la globalización económica, urge a los medios libres reorganizarse, vindicar la afrenta que mercenarios de la comunicación dirigen contra la libertad de información creando una ilusión mediática sostenedora de un estado de cosas favorable a las élites económicas mundiales y en perjuicio del 99%, por ello este es un llamado a la acción, a que hombres y mujeres individual o colectivamente se sumen a liberar los medios solidarizando información, compartiendo arte y conocimiento, es un llamado a una lucha necesaria en este siglo que urge intensificarse y en la cual podemos elegir ser agentes históricos en resistencia comunicacional.

paradoxacentrodemedioslibres@gmail.com

PAYADA PA SATÁN. VIDA, EXTRACTIVISMO Y MUERTE EN UN CORTO

/ Alicia Fernández

Payada pa satán es un cortometraje de 7 minutos y medio, dirigido por Carlos y Antonio Balseiro en el que se refleja el impacto del extractivismo minero sobre la vida de un gaucho y su amada que habitan en paz y armonía en la región de La Rioja, hasta que los efectos de la actividad minera perturban su tranquilidad con terremotos, agua contaminada, intoxicación y muerte de los animales que desenlaza con la enfermedad y fallecimiento de La China, esposa del gaucho para quien todo parece ser resultado de la obra del diablo. “Era tan grande el maleficio que dejaba el suelo sucio, seco, poco sano… El diablo todo lo mata…” narra el hombre con tristeza al ver extinguirse la vida en la que antes florecía su felicidad. Ya en soledad decide ir a la mina, lugar donde acontece una adversidad más a la desgracia del violento extractivismo que le despojó de su alegre cotidianidad.

La historia contada en este corto es una historia compartida entre los pueblos de América Latina, tierras a las que la economía mundial les ha relegado la tarea de proveedoras de naturaleza para el bienestar ajeno, en auxilio del despojo y violencia contra quienes se opongan al saqueo, así como en Payada pa satán los militares custodian la entrada a la mina, en el extractivismo la fuerza policiaca y militar es indispensable para la ejecución y perpetuación de las prácticas extractivas a las que con justa razón más y más comunidades alrededor del mundo se oponen en defensa de la armonía ser humano-naturaleza y distintas formas de vida y cultura. Aunque la minería es una de las actividades económicas más extendidas en el continente, la extracción forestal, alimentaria, hídrica y petrolera también son causa de graves conflictos socioambientales en el que la permanencia o extinción de la vida está de por medio, de lo cual Payada pa satán es una metáfora imprescindible.