/ Open Society Justice Iniciative
EN 2016, OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos publicaron Atrocidades innegables, un informe que demuestra que hay una base razonable para creer que las fuerzas federales mexicanas y miembros del cartel de los Zetas han perpetrado crímenes de lesa humanidad. El informe examinó las razones por las cuales hay tanta impunidad para estos crímenes y concluyó que el impedimento principal para la rendición de cuentas es la obstrucción política que existe a múltiples niveles.
Casi tres años después, la situación en México se ha deteriorado aún más. En 2017, México experimentó su año más violento en dos décadas, con más de 25,000 homicidios (superando, incluso las cifras de 2011). Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en México han sido reportadas en los últimos seis años. La tortura sigue siendo una práctica rutinaria y “generalizada” a nivel estatal y federal – un hecho reafirmado a comienzos de 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.
La rendición de cuenta para estos crímenes es casi nula. De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos.
La impunidad se vuelve un enorme problema a medida que es más evidente que los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos. En México, la corrupción ha sido reconocida desde hace tiempo como endémica y su paulatina proliferación ha inspirado en los últimos años una notable lucha ciudadana para combatirla. Sin embargo, se ha prestado menos atención a cómo los actos de corrupción, algunos de ellos descritos en este informe, han contribuido de manera particular a los crímenes atroces. De hecho, a lo largo de los últimos dos años, la creciente evidencia de colusión entre funcionarios estatales y municipales en crímenes de lesa humanidad cometidos por los cárteles hace surgir la interrogante acerca de si ha habido una colusión sistémica entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México. Estos patrones de corrupción no solo son corrosivos a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica y el desarrollo equitativo, sino que también son mortales. Es el tipo de corrupción que mata.
La violencia extraordinaria que México sufre y las preguntas que surgen sobre la colusión entre actores estatales y el crimen organizado, exigen una respuesta proporcional con la dimensión y la gravedad del problema. México necesita un mecanismo internacional, basado en el país, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir, los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos. Este mecanismo podrá complementar y apoyar ciertos procedimientos penales genuinos, a nivel estatal y federal, a través de asistencia técnica, abriendo el camino para incrementar los niveles de rendición de cuentas en todo el país. Si la impunidad continua, y México no se compromete a la creación de este tipo de mecanismo, otros organismos internacionales, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (que ya ha recibido numerosas comunicaciones por parte de ONGs) podrían intervenir. Sin embargo, de acuerdo con el principio de complementariedad del Estatuto de Roma, la principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano que debe investigar y perseguir estos crímenes. La asistencia y la participación internacional son componentes esenciales para garantizar la independencia de las investigaciones y reestablecer la confianza del público en el sistema de justicia penal mexicano.
ESTE INFORME TIENE TRES OBJETIVOS. En primer lugar, proporciona indicadores clave para mostrar cómo, al final del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, los crímenes violentos han aumentando en todo México. Aunque al inicio de su mandato Peña Nieto prometió cambiar la estrategia de militarización de su predecesor y contener la escalada de violencia en México, su administración ha mantenido el mismo enfoque militarizado de una mortal y mal concebida “guerra contra las drogas”, mientras continúa apuntando a los líderes de los cárteles. Como resultado de estas políticas, los últimos seis años han sido más letales para los civiles mexicanos. A lo largo de 2016 y 2017, los homicidios no solo superaron las cifras históricas de 2011, sino que se extendieron por más áreas del país. El número de desapariciones reportadas oficialmente también aumentó en este tiempo, nuevamente excediendo las cifras de 2011. Los grupos del crimen organizado continúan practicando la tortura como táctica de terror e intimidación, al igual que la policía y otras autoridades de investigación quienes la utilizan para forzar “confesiones”, extraer información o imponer castigos extrajudiciales. El número de casos procesados y de condenas se ha mantenido constantemente bajo para todos estos crímenes.
En segundo lugar, en el informe se analiza evidencia fiable que sugiere la colusión de ciertos funcionarios públicos en el estado de Coahuila en la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los Zetas. En particular, se analizan detalladamente dos de los episodios más brutales perpetrados por los Zetas en Coahuila durante el apogeo de su poder: el asesinato de aproximadamente 300 hombres, mujeres y niños en el municipio norteño de Allende y pueblos cercanos (incluyendo, Piedras Negras) durante un período de tres días en 2011; y la desaparición y el asesinato de aproximadamente 150 personas dentro de los muros de la prisión de Piedras Negras durante el período 2009-2012, cuando la prisión sirvió como centro de operaciones de los Zetas.
Situado en la región norte de México, directamente al sur de la frontera con Estados Unidos, Coahuila es un “narcoestado” por excelencia. Desde mucho tiempo dominado políticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Coahuila se convirtió en parte de la fortaleza septentrional de los Zetas en la década de 2000. En un principio, los Zetas se mudaron a Coahuila para reforzar la autoridad del Cartel del Golfo. Sin embargo, una vez en el área, tomaron el control, adquirieron propiedades y actividades comerciales, se casaron con familias locales, monopolizaron actividades ilegales y asesinaron a quienes intentaron resistirse.
En Allende, la abrumadora violencia contra la población civil en marzo de 2011 parece haber sido una forma de venganza de los Zetas quienes creían haber sido traicionados por unos antiguos miembros de su organización. En Piedras Negras, después de obtener el control efectivo del Centro de Reinserción Social (CERESO) el cártel lo utilizó como un campo de exterminio de facto y una base de operaciones para promover su reinado de terror. El presente informe se centra en estos dos incidentes, ya que son indicativos de la escala y la organización de los crímenes cometidos por los Zetas, y debido a la creciente evidencia que existe de que funcionarios públicos pudieron estar coludidos para la comisión de estos crímenes.
Ahora está claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas – por ejemplo, miembros de la policía local – pudieron, por el contrario, haber permitido los homicidios.
Aunque algunos policías locales y empleados penitenciarios han sido arrestados y procesados, la complicidad oficial parece extenderse más allá de estos funcionarios de bajo nivel. De hecho, hay evidencia que indica que al menos algunos altos funcionarios electos sabían de antemano acerca de los crímenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros funcionarios se enteraron de los crímenes mientras ocurrían y no intervinieron o no realizaron las investigaciones adecuadas después de los hechos. Independientemente de la forma, tal corrupción tuvo el mismo resultado mortal.
Ahora se necesita una investigación detallada para responder a las numerosas preguntas planteadas sobre la aparente complicidad de los funcionarios públicos de Coahuila en estos crímenes y, para exponer las redes de corrupción que existen entre ellos, sus colaboradores y el crimen organizado.
El informe vincula el análisis de los ataques en Coahuila con crecientes indicios de que la corrupción, y los crímenes violentos que abriga, se han extendido en varios estados de México, desde Veracruz hasta Tamaulipas, desde Guerrero hasta Chihuahua. De hecho, existen motivos convincentes para creer que la complicidad de funcionarios públicos corruptos en crímenes atroces cometidos por carteles puede ser un patrón generalizado y recurrente. Las razones por las cuales actores estatales o federales deciden coludir con los carteles pueden variar, al igual que los modos de perpetración; no obstante, la colusión misma, de ser probada, señalaría a una responsabilidad penal tanto para actores estatales como no estatales.
En tercer lugar, el informe explica cómo algunas reformas importantes del sistema de justicia penal, en particular la propuesta de una Fiscalía autónoma y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, no garantizan actualmente la independencia institucional necesaria o la competencia para investigar crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios públicos y el crimen organizado. La aparente colusión de funcionarios públicos en la comisión de crímenes atroces, y los fuertes lazos que tienen con otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para investigar de manera independiente estos crímenes por sí solo. Asimismo, como ha sido el caso en otros países, la existencia de un mecanismo de investigación internacional puede contribuir a la consolidación de la independencia de las nuevas instituciones.
EN CONJUNTO, LAS CONTINUAS DEBILIDADES en el sistema de justicia penal de México, así como la influencia corruptora del crimen organizado, reafirman la necesidad urgente de un organismo que pueda investigar de manera competente si los funcionarios públicos y los miembros del cártel participaron en los incidentes analizados en este informe, y cómo lo hicieron, así como las atrocidades y actos de corrupción relacionados cometidos en otras partes de México. En virtud del derecho nacional e internacional, México tiene la obligación de investigar y, cuando las pruebas lo justifiquen, sancionar estos crímenes. Un mecanismo internacional podría comenzar a romper los círculos de impunidad, al emprender sus propias investigaciones, preparar casos para la persecución del delito por iniciativa propia o por parte de la Fiscalía recién creada, y proporcionar asistencia y apoyo técnico que podrían orientar el camino hacia un mayor nivel de rendición de cuentas en todo el país. La participación y el apoyo internacional son esenciales para combatir los bloqueos políticos y los intereses partidistas que actualmente obstaculizan el funcionamiento del sistema penal mexicano. En pocas palabras, México necesita asistencia internacional si realmente se desea que algún día se haga justicia por la corrupción que hace posible la comisión de crímenes atroces.
Informe completo: https://osf.to/2rlXZms
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