PARTIDOCRACIA Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: LA MISMA FALSA DEMOCRACIA

/ Jacobo Mella

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Ante las tiranías y fascismos de los últimos siglos, la historia mundial revira la necesidad de transitar a sociedades democráticas, lejos del autoritarismo con el que unos pocos gobiernan a la humanidad. Pero ese tránsito sucede a paso muy lento y de la democracia se hace teatro, farsa.

En los festines electoreros vemos como el ultraderechismo incursiona y triunfa proclamando ideas y acciones bélicas y ecocidas, perpetuadoras del intervencionismo, enemigas de la libertad. Y en las urnas donde la disidencia ejerce el aclamado derecho del voto, no vale si no legitima el orden económico y político existente, para ejemplo reciente el intento separatista de Catalunya mediante referéndum el cual ha sido desconocido y criminalizado por el estado español.

Sobre México hay mucho que decir en este tema. El caudillismo postrevolucionario, la élite política de las primeras décadas hizo posible la conformación de un partido único que a lo largo de un siglo fungió como partido de estado, pese a su intermitencia en el gobierno federal, el debilitamiento del PRI como fuerza electoral está demostrado no ha sucedido; ahora hay muchos partidos pero eso no soluciona nada, al mal ya habido se suma el de la partidocracia, del que no merece ser excluido ninguno de los tantos vividores del dinero público.

Y ahora como para despistar tanta mala fama partidocrática y procesos electorales fraudulentos se defiende a las candidaturas independientes como el remedio de todos los males. De este nuevo medio de participación hemos visto el éxodo de muchos que dicen estar deslindados del cáncer partidista y su corrupción característica, también ha ocurrido que ahora los caciques y magnates millonarios pueden promover con este recurso sus intereses más accesiblemente.

Para las elecciones del 2018 seguro tendremos tantas candidaturas independientes como partidistas, para la presidencial tal vez aparezca en la boleta la candidata del Congreso Nacional Indígena, mientras se recaban firmas para lograrlo dirige un discurso en el que visibiliza la opresión contra los pueblos indígenas, aclarando que no se busca la toma del poder.

Siempre ha sido loable la lucha de los pueblos indígenas contra el despojo y la injusticia en sus territorios, el Congreso Nacional Indígena es prueba que en las últimas décadas esa lucha ya no ha sido aislada, el hecho que ahora perfilen una candidata representante de su causa es sin duda histórico, en un contexto de inmenso y coherente escepticismo hacia el sistema electoral e institucional del estado mexicano.

 

 

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ANTE LA INCURSIÓN DEL FRACKING EN LOS TERRITORIOS: RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN

/ Redacción Paradoxa CML

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El petróleo y los hidrocarburos siguen destacando hoy en día como fuentes energéticas que sostienen la civilización, por ello son también fuente de poder geopolítico y económico. Sin embargo la exigencia cada vez mayor de energía fósil requerida para alimentar el modelo productivo capitalista y un estilo de vida contemporánea derivado de este, ha conducido hacia un colapso ambiental y social global que ha transformado violentamente el mundo atentando contra ecosistemas de los que depende la supervivencia de la especie humana y otros seres vivos.

Si de por sí la extracción petrolera como fuente de energía suprema desde hace más de una centuria, tras la invención de la geología del petróleo y del motor de combustión interna, los impactos ambientales resultantes tales como la contaminación atmosférica, el calentamiento global, derrames en mares, ríos, etc., han sido alarmas suficientes que indican la urgencia de transitar hacia otro modelo energético no basado en el petróleo y por tanto no promotor de la destrucción planetaria, pese a esto actualmente el extractivismo del petróleo y de hidrocarburos como el gas están en repunte, aunque ahora mediante un método extractivo más peligroso, con consecuencias fatales e irreversibles para el medio ambiente y la vida humana y no humana: el fracking.

El fracking o fractura hidráulica consiste en la perforación vertical de pozos para extraer petróleo o gas natural atrapado en formaciones rocosas poco permeables, para lograrlo se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y cientos de sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de de hidrocarburos a los poros. Entre las sustancias potencialmente tóxicas utilizadas para el fracking se cuentan: destilados de petróleo como kerosene y gasoil (el cual contiene benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, naftaleno y otros productos químicos), hidrocarburos aromáticos policíclicos PAH, metanol, formaldehído, etilene glicol, ethers de glicol, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio; el contacto del organismo humano con estos químicos se extiende a enfermedades cancerígenas, así como impactos en los sistemas neurológicos, inmunológicos y reproductivos.

Además la contaminación de ríos, mares, lagos y aguas profundas es otra de las consecuencias fatales del fracking, pues al depender la vida del agua el envenenamiento por su consumo es uno de los efectos letales que sufren los habitantes y animales de zonas cercanas a las áreas de explotación. La improductividad de tierras de cultivo y ganadería es otro daño, además la adquisición de espacios para su ejecución va ligada a la desposesión y la privatización, aunado a esto la perforación mediante fractura hidráulica propicia sismos que vuelven aún más catastróficos sus impactos, incluso en lugares sin histórica actividad sísmica.

Como una maniobra más de la economía global para acumular riqueza, el fracking se ha lanzado mundialmente a través de una ofensiva extractivista que agudiza los ya existentes conflictos socioambientales y genera otros nuevos. En este proceso el territorio mexicano no ha quedado fuera del negocio, al contrario distintos gobiernos han incentivado prácticas extractivas que favorecen a empresas trasnacionales y nacionales en perjuicio de las comunidades, los derechos humanos y la protección ambiental; particularmente la Reforma Energética implementada durante el sexenio actual ha abierto la puerta al establecimiento e intensificación del neoextractivismo del que forma parte el sector energético y el fracking.

El fracking desde hace años se ha venido implantando de manera sigilosa, sin la consulta ciudadana, incluso algunos de sus efectos se han presentado en los territorios donde ya se implementa, en Nuevo León y Tamaulipas por ejemplo ya se han registrado sismos cuya causa apunta a ser el fracking, también en ejidos de San Fernando, Tamaulipas campesinos han denunciado la afectación de productividad en tierras agrícolas. Además de estos dos estados del noreste mexicano, otras entidades como Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Oaxaca también se encuentran bajo la amenaza de esta técnica extractiva.

Sin embargo, ante la imposición ha habido reacción, resistencias acompañadas de la organización colectiva que luchan por territorios libres de fracking, por un sí a la vida y no al extractivismo de despojo y muerte. De esta manera ante el ecocidio que promete la fractura hidráulica organizaciones campesinas y ambientalistas en distintas latitudes han hecho pública y legal la defensa del territorio, en Nuevo León donde hay bajo amenaza del fracking 21 municipios, ciudadanía preocupada por los problemas socioambientales y la insensibilidad de los gobiernos ante estas problemáticas, ha conformado el Movimiento Ambientalista en Defensa de la Madre Tierra y de la Vida para demandar un No al fracking en Nuevo León ni en ningún lado, en una lucha que amerita sumar voluntades día a día son más las personas que alertadas de los riesgos inminentes del fracking se oponen y se organizan.

Junto al fracking el uso de aguas para su realización es un componente que también llama la atención en Nuevo León, pues en este contexto se busca implementar distintos megaproyectos hidráulicos que más allá del abasto para consumo humano busca proveer a la industria pesada y por supuesto al fracking. De por sí el uso de agua y la explotación de pozos profundos en el estado para beneficios privados es una problemática que evidencia el lucrativo negocio que representan recursos naturales para las empresas, con todo y sus costos socioambientales.

En este contexto el horizonte de la defensa del medio ambiente y la vida se perfila optimista en tanto que la prohibición del fracking en municipios mexicanos como Xilitla, Tanlajás en San Luis Potosí, Tlapacoyan en Veracruz, así como en otras localidades del mundo se ha logrado gracias a la resistencia y la organización ciudadana, demostrando además que la voracidad capitalista y la devastación ambiental puede ser desafiada exitosamente, lograrlo es una tarea colectiva que se amerita realizar y potenciar.

 

 

INDEPENDENCIA, RESISTENCIAS Y GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA. SIGLOS DE LUCHA POR LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA EN MÉXICO

/Eurístides De la Cruz

" El sembrador" Arturo García Bustos

A 207 años de la fecha en la que se data el inicio de la guerra de independencia mexicana, el territorio liberado de la Nueva España tras siglos sigue siendo escenario de luchas por la libertad y la justicia social. La libertad de culto y pensamiento, la prohibición de la esclavitud y de los títulos nobiliarios, fueron logros obtenidos en centurias pasadas que no se reducen a un a partir de 1810, pues desde antes de la rebelión criolla, implícitamente ya se habían reivindicado en insumisiones indígenas como la maya liderada por Jacinto Canek o la de los yaquis en el noroeste, sin embargo fue hasta el siglo XIX que la intromisión de la corona española en su antigua colonia ya no evocaba aquellos tiempos de saqueo y explotación del botín de guerra que enriqueció en demasía a Europa y cimentó el desarrollo de capitalismo mundial.

La independencia colonial no significó precisamente el cese de la injusticia, ni de la desigualdad, mucho menos de la dependencia económica extranjera ni del servilismo, tampoco de las hostilidades bélicas dirigidas por las grandes potencias. En el siglo XIX Francia e Inglaterra desfilan sus armas en el territorio, imponiéndose una vez más la monarquia durante casi 4 años; dos décadas después la invasión estadunidense que arrebata gran parte del territorio norte del país, también es evidencia del imperialismo soez instaurado desde antaño y extendido a toda América Latina, pero eso sí siempre acompañado de resistencias. Los años posteriores a la nueva frontera, no excentos de la fiebre modernista representada por el capital extranjero originaron nuevas élites nacionales que explotaron el trabajo agrícola, minero y obrero para el incremento de la acumulación enriquecedora de pocos y empobrecera de muchos, en esta etapa surgen levantamientos contra la política modernizadora del gobierno que desembocan en una revolución propiciadora de ideas loables sobre la libertad y la justicia, aunque no ajena al escarnio extranjero y la intromisión de la burguesía dirigente.

Luego de años en guerra revolucionaria advino el régimen presidencialista sexenal que hasta hoy se mantiene en auxilio del gérmen partidocrático. En esta etapa la persecución comunista y guerra sucia lanzada a mediado del siglo XX es otra evidencia del intervencionismo yanqui en México, pues el gobierno colaboró servilmente a calmar la paranoica amenaza comunista dentro del territorio que tanto preocupaba al país vecino. Ya debilitada la lucha social, aunque nunca erradicada, los ochentas fueron fértiles al nacimiento del neoliberalismo en el país, aunque a diferencia de otras latitudes aquí no se requirió de golpes de estado, pues sucedió dentro de la democracia presidencialista y servil a los intereses extranjeros. Sin embargo la lucha que parecía perdida tras el establecimiento del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte en 1994, es avivada nuevamente por el alzamiento zapatista en Chiapas que incentiva el surgimiento de múltiples resistencias en el territorio, algunas de las cuales perduran hasta hoy, enfrentando a la nueva ofensiva del capitalismo global instaurada mediante vías antidemocráticas auxiliadas de la violencia, el engaño, la corrupción y la ley.

En la actualidad la ya de por sí dependiente economía mexicana respecto de la estadunidense y del modelo extractivo exportador, se ha reforzado mediante las reformas estructurales emprendidas años atrás, la Reforma energética por ejemplo agrava la situación de saqueo de la naturaleza al permitir a empresas trasnacionales un extractivismo más intenso que el colonial, agregado a que el mundo contemporáneo se encuentra también catastróficamente más afectado en lo ambiental como resultado de la era del capital que en su curso ha transformado drásticamente el paisaje natural del planeta. A la sombra de esta oleada neoextractiva cientos de conflictos socioambientales se multiplican en todo el territorio, mientras los gobiernos siguen siendo cómplices de esta injuria.

La globalización económica en la que México está inserto únicamente ha impulsado las intromisiones imperialistas, ha acelerado la destrucción ambiental, agudizado la pobreza y la brecha de la desigualdad, mientras unas cuantas élites se enriquecen a la par que las grandes potencias. Desde esta mirada no puede dejar de evocarse la década de guerra contra el pueblo que mediante la fuerza policiaca, militar y jurídica el gobierno ha mantenido, so pretexto de erradicar el narcotráfico, pero se trata de una guerra orquestada y financiada desde Washington cual dósis de terapia de shock, causante de cientos de miles de muertos, miles de desaparecidos, prisioneros, familias destruídas y desplazadas, además esta guerra ha logrado instaurar el miedo en la cotidianidad, sin que haya beneficiado en algo al país, pues como ya se ha dicho el Plan Mérida ha fracasado en sus enunciados propósitos, pero por el contrario ha reforzado el intervencionismo extranjero, el espionaje, la persecución a activistas, periodistas y comunidades enteras que defienden la libertad y la justicia.

En este contexto las diversas resistencias que se organizan en el territorio mexicano no distan mucho de las habidas en otros lugares, esto porque la economía global imperante funge como apóstol de la crisis, el saqueo, la guerra y la dominación. Por ello en otros países latinoamericanos también independizados de la corona española persisten estas problemáticas, al igual que en África, Asia, la misma Europa y Estados Unidos, la depredación capitalista de las potencias ya no respeta ni sus propias fronteras nacionales. Ante esta situación atañe a las presentes y futuras resistencias, defensoras de la libertad y la justicia, luchar desde una comprensión amplia que considere los problemas de México como problemas globales, resultantes de una dinámica geopolítica internacional, que exige una respuesta radical, altermundialista y libertaria, antes de que la crísis ecológica y social sea en la historia del mundo la causa de la extinción humana y seamos en la memoria cósmica una especie que durante milenios se jactó de su superioridad racional pero no logró erradicar la injusticia, ni la dominación, y por contrario se dedicó a destruir el mundo para fines de acumular riquezas, causa de su fatal destino.

INFORME: LA VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA EN MÉXICO. 276 AGRESIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2017

/ Article 19

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En México se agrede a un periodista cada 15.7 horas. Durante el primer semestre de 2017 (enero – junio) se registraron 1.5 agresiones diarias y se documentaron un total de 276, incluyendo 6 periodistas asesinados y 1 más desaparecido. Estas cifras representan un incremento del 23% respecto a las registradas durante el primer semestre del 2016.

Se presume que el 50.7% de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos (140 de 276). Lo anterior es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa.

En este periodo, ARTICLE 19 identificó tendencias que permiten reconocer que en México la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones, y que se acentúa de manera importante en los periodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año. Tal es el caso de estados del norte del país como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, en donde han aumentado las agresiones de manera considerable con respecto a años anteriores.

Particularmente llama la atención el caso de Coahuila, –estado sujeto a un proceso electoral complejo en el período que se analiza– pues reflejó un incremento de agresiones del 325%. Esta entidad ahora ocupa el tercer lugar con más agresiones contra la prensa, tan sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz (ambos con 28 agresiones registradas).

En el primer semestre de 2016 se documentaron 8 agresiones en Coahuila, es decir, menos de una tercera parte de los casos registrados este semestre (26). Cabe resaltar que las y los periodistas coahuilenses se enfrentaron a dos contextos de riesgo en la primera mitad de 2017: la cobertura de las protestas por el aumento del precio de la gasolina (enero) y las elecciones estatales (junio).

Es importante destacar que durante este periodo se documentaron un total de 35 agresiones en el contexto de protesta; particularmente en Monclova, Coahuila, y Playas de Rosarito, Baja California, en donde se realizaron diversas movilizaciones en contra del aumento del precio de la gasolina. La violencia ejercida principalmente por autoridades hacia integrantes de la prensa dejó un saldo de 8 agresiones en Monclova y 13 en Playas de Rosarito, los días 5 y 7 de enero, respectivamente.

Además, después de la activación de la Red #RompeElMiedo durante el proceso electoral en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, ARTICLE 19 documentó 37 agresiones, 19 el día de las elecciones. Coahuila y Estado de México concentraron la mayoría de estas agresiones, con 15 y 13, respectivamente. En su mayoría las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos (14) e integrantes de partidos políticos (14), de acuerdo con el testimonio de las víctimas. También se identificó que 11 fueron cometidas por integrantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 2 del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y 1 del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los procesos electorales están íntimamente vinculados a la libertad de expresión e información, ya que para que los ciudadanos puedan llevar adelante sus decisiones en el momento de votar es indispensable que cuenten con la mayor cantidad de información posible. Para esto, es crucial que los hechos, las ideas y las opiniones circulen libremente. Sin lugar a dudas, el modo más común que tienen los ciudadanos de informarse en la actualidad es a través de los medios de comunicación de masas”. Sin embargo, en México la tendencia muestra que en contexto electoral las agresiones provenientes de integrantes o simpatizantes de partidos políticos aumentan, con una intención clara de reducir esos flujos de información que puedan derivar en el veto ciudadano o la exigencia de rendición de cuentas.

Como se ha señalado en numerosas ocasiones, la falta de garantías democráticas en México provoca que la cobertura en contextos de protesta y electorales se convierta en un riesgo para las y los periodistas. Las elecciones y la protesta son ejercicios básicos y fundamentales dentro de una democracia y su cobertura se considera un discurso especialmente protegido. De esta manera, el aumento de agresiones en este contexto refleja las fallas institucionales de fondo en un país que se encuentra lejos de consolidarse como una democracia. Asimismo, corrobora la intencionalidad de los perpetradores de restringir el flujo efectivo de información de interés público.

También se han identificado focos rojos en municipios pequeños donde la violencia, resultante de la falta de instituciones sólidas y la presencia del crimen organizado, lleva a que la prensa sea un blanco fácil. Es la situación de San Martín Texmelucan, Puebla; Lázaro Cárdenas, Michoacán y; Tecomán, Colima.

De las 20 agresiones documentadas en el estado de Puebla, 9 se concentraron en el municipio de San Martín Texmelucan, ubicado en la zona del “triángulo rojo” del estado, en donde la cobertura del robo de combustible por parte de los llamados “huachicoleros” ha llevado a que la prensa sea constantemente agredida.

De las 6 agresiones registradas en Michoacán, 3 se registraron en el municipio de Lázaro Cárdenas: 1 amenaza, 1 caso de acoso y hostigamiento, y el desplazamiento forzado de un periodista debido al alto riesgo al que se enfrentaba. Adicionalmente, se documentaron casos graves en el estado, como 1 ataque físico en el municipio de La Piedad y la desaparación del periodista Salvador Adame, en el municipio de Múgica.

En Tecomán, Colima, uno de los municipios más violentos del país , se concentraron las 3 agresiones documentadas en todo el estado, incluyendo 2 amenazas de muerte y 1 ataque físico.

Tipología de las agresiones

En un país plagado por la violencia, las amenazas o actos de intimidación son suficientes para generar miedo y, por lo tanto, forzar el silencio en la prensa.

Las agresiones más constantes de enero a junio de 2017 son actos de intimidación (67), amenazas (60) y ataques físicos o materiales (56). Destaca que de las amenazas documentadas, 19 fueron de muerte, 9 de daño físico y 3 de ellas realizadas con armas de fuego o explosivos. También se registraron 4 actos de intimidación con armas de fuego.

Respecto a las agresiones físicas, se registraron 43 lesiones con las manos u otras partes del cuerpo; 37 de las cuales fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos. Además se registraron 2 atropellamientos a periodistas.

A su vez, se registraron 9 allanamientos: 2 a oficinas de medios de comunicación y 6 a domicilios de periodistas. Nuevamente, la Ciudad de México encabeza la lista de allanamientos, con el 44% de los casos.

Las privaciones de la libertad son una constante, se registraron 11 retenciones ilegales y 17 detenciones arbitrarias. Destaca el caso de Rubén Pat, director del semanario Playa News, quien fue detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo.

La censura extrema: asesinatos, desaparición y desplazamiento forzado

En los primeros seis meses del año, la y los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez, fueron asesinados con armas de fuego y a plena luz del día. La impunidad es evidente, se puede matar a un periodista sin ser identificado ni enfrentar un proceso de justicia.

También se documentaron 3 tentativas de asesinato a Sonia Córdova, Julio Omar Gómez y a un periodista del cual se reserva su identidad.

Además, hasta la publicación de este informe, ARTICLE 19 ha documentado 2 asesinatos en el segundo semestre de 2017: el de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California. En total se han documentado 8 asesinatos en lo que va del año.

ARTICLE 19 también documentó la desaparición de Salvador Adame, director de Canal 6tv, quien fue forzado a subir a una camioneta negra por un grupo de hombres armados y “encapuchados”, el 18 de mayo de 2017 en el municipio de Múgica, Michoacán. La familia Adame se ha enfrentado a situaciones de revictimización durante la investigación, particularmente frente a la renuencia de las autoridades a priorizar el trabajo periodístico de Salvador Adame como principal línea de investigación.

Incluso, las autoridades informaron a la familia del hallazgo de los supuestos restos del periodista, tan sólo una hora antes de que el procurador del estado de Michoacán realizara una rueda de prensa sobre los hechos. Como resultado de lo anterior, la familia ha insistido en la necesidad de realizar un peritaje independiente frente a la desconfianza en los procedimientos y el trato recibido por parte de la Procuraduría local. A pesar de la versión de las autoridades –la cual ha sido retomada por muchos medios de comunicación, pero no ha sido verificada–, Salvador Adame continúa en calidad de persona desaparecida, al no contar con elementos que doten de certeza a sus familiares. De esta manera, de 2003 a la fecha, 24 periodistas permenacen desaparecidos en México.

Por otra parte, el aumento de la violencia y la percepción de riesgo compartida por periodistas en todas las regiones del país, ha llevado a un aumento en el desplazamiento forzado. Tan sólo en los primeros seis meses de 2017, ARTICLE 19 tuvo conocimiento de 7 casos de desplazamiento forzado en el país. Esto es un indicador claro de que el riesgo constante y la falta de capacidad del Estado de protección son factores decisivos para que un periodista abandone su lugar de origen o residencia.

De esta manera, las y los periodistas deciden desplazarse temporal o permanentemente cuando hay una percepción de que su vida podría estar en peligro o que no existen garantías efectivas para su seguridad. En muchas ocasiones, el desplazamiento es la última medida de autoprotección.

No obstante, el desplazamiento se ha convertido en una medida cada vez más impulsada por el propio Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), dada la falta de capacidad real de garantizar la integridad de las y los periodistas en su lugar de origen o residencia.

En este sentido, ARTICLE 19 considera preocupante que, en determinados contextos, la autoridad considere como única opción de protección el desplazamiento, pues esto deriva en situaciones que pueden ser catastróficas para los periodistas. Tal es el caso del periodista asesinado en marzo de 2017, Cecilio Pineda, que al rechazar la medida de refugio otorgada por el Mecanismo de Protección, se le fueron retiradas las medidas dejándolo en un estado de total indefensión.

La otra situación que pasa desapercibida en relación al desplazamiento forzado de periodistas es que no hay políticas públicas, ni medidas enfocadas a la integración y no revictimización de las y los periodistas en los lugares de refugio o reubicación. ARTICLE 19 ha documentado distintos impactos del desplazamiento en periodistas, incluidos problemas de salud mental o de índole psicosocial. El disfrute de sus derechos sociales y económicos es prácticamente nulo, a consecuencia de la falta de recursos económicos derivada de la carencia de un trabajo estable y remunerado; en algunas ocasiones, los lugares de refugio no tienen condiciones dignas; la imposibilidad de que su familia se reubique con ellas o ellos; y la inexistencia de medidas para integrar a las y los periodistas a la sociedad receptora.

Es importante recordar que la falta de una investigación efectiva sobre los hechos que tuvieron como consecuencia el desplazamiento interno forzado puede perpetuar la situación de vulnerabilidad de las víctimas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe Informe Especial sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México“, por omisión también se violentan derechos humanos. Ante el arribo de un grupo criminal a una comunidad, la autoridad debe realizar acciones a efecto de aprehender a estas personas conforme lo marca la ley y resguardar de esa manera la tranquilidad social. Los DFI ocurren por la ausencia de autoridad y ante la negativa de acudir a ciertas zonas por el riesgo que ello representa. Al dejar desprotegida a la población en riesgo de DFI, las autoridades de seguridad pública generan impunidad y un aliciente a esos grupos para continuar afectando a la población”.

Violencia de género

ARTICLE 19 no puede dejar de mencionar la violencia diferenciada a la que se exponen las y los periodistas por razones de género o de identidad y orientación sexual (de las y los periodistas o por la cobertura del tema). La documentación de los primeros seis meses del año arroja 10 casos de agresiones con componente de género. En estos destacan 4 casos de acoso y hostigamiento con lenguaje violento y con connotaciones sexuales, 2 amenazas de muerte (1 de daño físico y 1 de daño sexual) y 1 agresión física.

También se registraron 3 agresiones con componente discriminatorio por cobertura o identificación con una preferencia sexual no heterosexual: 1 campaña de desprestigio y difamación con contenido sexual, y 2 amenazas por redes sociales.

El entorno digital

La documentación de violencia contra la prensa en el entorno digital tomó un papel importante en la opinión pública al cierre del semestre, a la luz de la publicación del informe #GobiernoEspía, que da evidencia sobre espionaje a activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas por medio de malware sofisticado y comercializado únicamente a gobiernos.

Cada vez es más difícil ignorar los riesgos a los que se enfrentan medios y periodistas en el entorno digital. De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, los medios digitales continúan siendo los más agredidos: 119 agresiones fueron dirigidas a periodistas y medios de plataformas digitales y 49 ocurrieron en el entorno digital.

Estas agresiones incluyeron actos de intimidación, acoso y hostigamiento, amenazas, ataques a sitios y alteración o falsificación de información en línea. Además, se documentaron 9 casos de intervención de comunicaciones (en el primer semestre de 2016 sólo se registró 1 caso): 1 vía telefónica y 8 a redes sociales.

Además, por primera vez, ARTICLE 19 documentó 1 caso de intento de remoción de contenido en alusión a protección de datos personales y a la vida privada. Los intentos por borrar información de interés público de las plataformas digitales se han convertido en un mecanismo de censura contra medios digitales y periodistas que publican casos de corrupción, conflicto de interés y violaciones de derechos humanos.

La mayoría de las veces, los intentos por remover contenidos se acompañan por amenazas e intimidaciones de carácter legal que de manera ilegítima y desproporcionada refieren a afectaciones a la vida privada, la honra y la protección de datos personales, de quienes están involucrados en los actos denunciados y publicados. Este tipo de prácticas carecen de sustento legal para llevarse a cabo y atentan contra la libertad de expresión e información en línea.

Agresiones por tipo de cobertura

ARTICLE 19 también documentó las coberturas periodísticas realizadas por medios y periodistas en el contexto de las agresiones. En este sentido, destaca que en el 47.8% de los casos (132) la cobertura de “corrupción y política” está relacionada con agresiones. Esto no puede desvincularse del hecho de que el 50.7% de las agresiones fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos.

Por su parte, en el 29% de los casos (80), las víctimas documentaron y publicaron información relacionada con temas de “seguridad y justicia”; en el 13.4% (37) sobre “protesta y movimientos sociales”; en el 8.3% (23) sobre “derechos humanos”; en 1.1% (3) sobre “tierra y territorio” y en 0.4% (1) sobre “sector privado”. Cabe destacar, que de los 6 periodistas asesinados en este periodo, 5 cubrían principalmente el tema de “seguridad y justicia” y 1 de “corrupción y política”.

De la misma manera es importante señalar que las y los reporteros continúan siendo los perfiles del periodismo más agredidos, con 157 del total de agresiones.

Por otro lado, las radios comunitarias se encuentran en un grado de mayor vulnerabilidad con respecto a otro tipo de medios: se documentaron 7 agresiones.

La respuesta del Estado: más paliativos

Este primer semestre del 2017 se caracterizó también por múltiples iniciativas de diversos gobiernos con relación a protección a periodistas. Partiendo de un diagnóstico equivocado que elude a los propios agentes del Estado como principales perpetradores de la violencia contra la prensa, y soslayando que ya existe un andamiaje institucional para atender esta problemática, los actores políticos pretenden mostrar supuesta voluntad de atender la situación mediante la creación de nuevas leyes y más burocracia.

Tras el asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo –mismo día en que fue asesinado también Jonathan Rodríguez en el municipio de Autlán, Jalisco–, se llevó a cabo una reunión titulada “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores” en donde estuvieron presentes Enrique Peña Nieto, presidente de la República; la y los gobernadores de cada estado, como miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Posteriormente, el 2 de junio se reunieron la Segob, Conago y CNDH para firmar un convenio sobre protección a periodistas, en donde acordaron: 1) contar con legislaciones específicas en la materia; 2) establecer fiscalías o unidades especializadas en delitos contra periodistas; 3) promover la eliminación de los delitos de difamación y calumnias; y 4) homologar los protocolos de prevención y protección a periodistas.

Derivado de lo anterior, ARTICLE 19 tiene conocimiento de diversas iniciativas que se han presentado o reactivado en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas. Asimismo, hay una iniciativa en la Cámara de Diputados federal para discutir y aprobar la Ley General de Protección a Periodistas.

ARTICLE 19 considera que esta respuesta por parte del Estado mexicano es tardía, tomando en cuenta que desde 2007 la violencia contra periodistas ha ido en aumento. Asimismo, se estima que estas medidas son paliativos frente a la grave crisis que se vive en México, pues sin las capacidades y voluntad política, sólo se generarán más leyes carentes de eficacia y más burocracia. Como hemos visto en los últimos años, a pesar del andamiaje legal e institucional que se ha creado, la violencia contra periodistas no ha cesado, e incluso, se ha agravado.

Como se expresó ampliamente en en el informe anual Libertades en Resistencia la creación de más mecanismos de protección no resolverá esta situación si no se parte de un análisis y acciones desde un enfoque integral de garantía para la libertad de expresión. En este sentido se debe considerar, por ejemplo, la despenalización de delitos que inhiben y coartan la libertad de expresión; regular la publicidad oficial; instituciones autónomas de procuración de justicia (lo cual se encuentra ligado con la grave impunidad que existe de 99.6% en delitos contra periodistas); la existencia de servicios forenses independientes; entre otras.

Es por ello que estas medidas, lejos de brindar soluciones efectivas, entorpecen y dificultan el trabajo de protección a periodistas, colocándoles incluso en mayor riesgo ante la atomización y fragmentación de acciones por parte del Estado mexicano. Máxime cuando los datos arrojan que son las propias autoridades de los tres niveles de gobierno las que presuntamente ejercen violencia contra las y los periodistas.

De esta manera, ARTICLE 19 exige a las autoridades federales y locales que pongan en marcha una estrategia que apunte a la construcción de una política pública integral para garantizar la libertad de expresión, mediante la cual se coordine las medidas de protección a periodistas con la investigación de los casos de violencia. Las acciones llevadas a cabo deben mostrar resultados, tomando como base que el pleno goce de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral. En este sentido, los casos de violencia contra la prensa deben abordarse tomando como línea prioritaria la de su labor informativa.

LIBERAR LOS MEDIOS Y SOLIDARIZAR LA INFORMACIÓN

/ Redacción Paradoxa CML

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Aunque la censura de la información libre no es nueva en la historia mexicana y mundial, durante la última década ha sonado con eco internacional la intensificación de un contexto hostil para el ejercicio del periodismo, así como para la crítica política y social, derivado de la guerra contra el narcotráfico, conflicto armado que ha servido de terapía de shock a la mexicana para la imposición de un brutal régimen económico-político en el territorio, bajo el que mediante la violencia policiaco-militar y paramilitar se construyen megaproyectos y se impulsa una voracidad extractiva que despoja a comunidades rurales de sus formas de vida desplazándolos y destruyendo los ecosistemas, en las ciudades grandes capitales financieros también acaparan los espacios para incrementar plusvalor a través de la explotación laboral de millones de trabajadores, contaminan el aire, el agua, devastan la naturaleza para un crecimiento urbano segregante que aumenta la brecha entre pobres y ricos.

La corrupción institucional sirvienta de los intereses neoliberales durante todos estos años no ha hecho más que administrar el caos, lucrar con la tragedia y enriquecerse con su complicidad, bajo esa tela se cubre la justicia estatal en México. La reacción por supuesto no se ha hecho esperar, en consecuencia con la historia combativa por las causas justas en el territorio, en múltiples lugares se han formado resistencias que desafían al proyecto del capitalismo internacional, el cual ahora se auxilia de nuevas formas útiles a la acumulación de capital contradictorias con la idea de justicia social, bien común y fraternidad, de tal manera que la indiferencia política, el hostigamiento y la represión hacia estas resistencias es una amenaza permamente que proviene tanto de las mismas fuerzas del estado como de grupos criminales delictivos que sirven de mercenarios a dichos fines.

En esta situación los grupos organizados que luchan contra alguna de las ofensivas neoliberales, en la mayoría de los casos no tienen más que la palabra para hacerles frente, la cual a veces es amplificada por el respaldo de medios de comunicación que no están al servicio de las relaciones públicas imperantes en el negocio de la información. El poder mediático de la televisión, la radio y la prensa, a pesar de la popularidad de internet, sigue siendo un referente de suprema influencia para la comprensión simbólica de la realidad, y lo ordinario es que las televisoras, radios y periódicos más poderosos económicamente y por ende más influyentes, censuren o distorcionen todo aquello contrario a sus intereses corporativos en relación simbiótica a los intereses económicos y políticos neoliberales, de tal manera que los contenidos difundibles en estos medios pasan por un estricto proceso de selección muy distinto a la llamada democratización de los medios.

De igual manera en la hegemonía mediática las artes y el conocimiento tienen un lugar poco relevante, en su lugar se da preferencia a contenidos que sin otro propósito únicamente sirven a la enajenación, a la sugestión de estilos de vida acordes con la prevalecencia de las élites y la aceptación de la marginalidad, cuando esos mismos espacios mediáticos pueden ser escenario de expresión propositiva en la construcción de otro mundo. Por estas y muchas otras características, liberar la palabra liberando los medios no es un fin fácil de lograr, sin embargo sí es posible cuando invididuos aquí y en muchos sitios actúan colectivamente, unidos por el ímpetu solidario de liberar los medios del monstruo mediático, precisamente informando y difundiendo con libertad.

Los medios libres por su finalidad misma de informar son una actividad colectiva, comunicar es colectivizar, informar desde esta perspectiva es también solidarizar. Resultado de un trabajo colectivo y voluntario una revista es producto de las colaboraciones de los autores, el trabajo de editorial, de aquellos y aquellas que leen, difunden, discuten, reflexionan, etc., lo mismo pasa con una emisión de radio o una producción audiovisual, la comunicación generada por los medios libres es un resultante de la interacción solidaria entre emisores y receptores, con la particularidad de que los receptores también pueden ser emisores, lo cual difícilmente sucede en los medios masivos hegemónicos si no se cuenta con influencias o consideraciones extraordinarias.

Sin embargo uno de los grandes retos para los medios libres en la actualidad, aún y cuando internet les ha permitido visibilidad internacional, es que al ser proyectos autogestionados, es decir sin grandes capitales de por medio, sus alcances en audiencia y tecnologías no son equiparables a los medios masivos, un obstáculo que precisamente se enfrenta mediante la solidaridad, la cual permite producir contenidos y ampliar audiencias, es gracias también a la acción solidaria que un medio libre puede permanecer a través del tiempo y mejor aún, consolidarse, reconstruirse, seguir en lucha. En la coyuntura actual dominada por la globalización económica, urge a los medios libres reorganizarse, vindicar la afrenta que mercenarios de la comunicación dirigen contra la libertad de información creando una ilusión mediática sostenedora de un estado de cosas favorable a las élites económicas mundiales y en perjuicio del 99%, por ello este es un llamado a la acción, a que hombres y mujeres individual o colectivamente se sumen a liberar los medios solidarizando información, compartiendo arte y conocimiento, es un llamado a una lucha necesaria en este siglo que urge intensificarse y en la cual podemos elegir ser agentes históricos en resistencia comunicacional.

paradoxacentrodemedioslibres@gmail.com

PAYADA PA SATÁN. VIDA, EXTRACTIVISMO Y MUERTE EN UN CORTO

/ Alicia Fernández

Payada pa satán es un cortometraje de 7 minutos y medio, dirigido por Carlos y Antonio Balseiro en el que se refleja el impacto del extractivismo minero sobre la vida de un gaucho y su amada que habitan en paz y armonía en la región de La Rioja, hasta que los efectos de la actividad minera perturban su tranquilidad con terremotos, agua contaminada, intoxicación y muerte de los animales que desenlaza con la enfermedad y fallecimiento de La China, esposa del gaucho para quien todo parece ser resultado de la obra del diablo. “Era tan grande el maleficio que dejaba el suelo sucio, seco, poco sano… El diablo todo lo mata…” narra el hombre con tristeza al ver extinguirse la vida en la que antes florecía su felicidad. Ya en soledad decide ir a la mina, lugar donde acontece una adversidad más a la desgracia del violento extractivismo que le despojó de su alegre cotidianidad.

La historia contada en este corto es una historia compartida entre los pueblos de América Latina, tierras a las que la economía mundial les ha relegado la tarea de proveedoras de naturaleza para el bienestar ajeno, en auxilio del despojo y violencia contra quienes se opongan al saqueo, así como en Payada pa satán los militares custodian la entrada a la mina, en el extractivismo la fuerza policiaca y militar es indispensable para la ejecución y perpetuación de las prácticas extractivas a las que con justa razón más y más comunidades alrededor del mundo se oponen en defensa de la armonía ser humano-naturaleza y distintas formas de vida y cultura. Aunque la minería es una de las actividades económicas más extendidas en el continente, la extracción forestal, alimentaria, hídrica y petrolera también son causa de graves conflictos socioambientales en el que la permanencia o extinción de la vida está de por medio, de lo cual Payada pa satán es una metáfora imprescindible.

LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA

/ Francisco López Bárcenas

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En América Latina se viven tiempos de autonomías. De autonomías indígenas. El reclamo se posicionó como demanda central de los movimientos indígenas en la década de los noventa del siglo xx y se consolidó a principios del siglo XXI. No es que antes no existiera, al contrario, desde la época de la conquista –española en unos casos, portuguesa en otros– hasta la consolidación de los Estados nacionales, desde las rebeliones de Lautaro, en tierras mapuches, Tupac Amaru, Tupac Katari y Bartolina Sisa, en tierras andinas, hasta las de Jacinto Canek en tierras mayas contra el poder colonial; pasando por las del Willka Pablo Zarate en Bolivia, o las de Tetabiate y Juan Banderas entre los pueblos yaquis de México, durante la época republicana, o las de Emiliano Zapata en México y Manuel Quintín Lame en Colombia, durante el siglo XX, hasta la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también en tierras mayas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las luchas de resistencia y emancipación de los pueblos indígenas han estado permeadas por las reivindicaciones autonómicas; no siempre con ese nombre, pero sí con los mismos proyectos utópicos, que pasan por ser pueblos con derechos plenos, territorios, recursos naturales, formas propias de organización y de representación política ante instancias estatales, ejercicio de la justicia interna a partir de su propio derecho, conservación y desarrollo de sus culturas y elaboración y ejecución y puesta en práctica de sus propios planes de desarrollo, dentro de sus demandas más significativas.

El surgimiento de los pueblos indígenas como actores centrales de los nuevos movimientos sociales no ha sido fortuito. En ello han sido determinantes los nuevos rumbos que el imperialismo capitalista ha tomado para entrar en una nueva fase económica que diversos analistas denominan acumulación por desposesión. De acuerdo a quienes suscriben esta tesis, una vertiente importante del capital se está enfocando en despojar a los pueblos de sus riquezas naturales. Aguas, bosques, minas, recursos naturales y los saberes ancestrales y conocimientos asociados a su uso común, están perdiendo el carácter de bienes comunes que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en propiedad privada y por lo mismo en mercancía, lo que representa un nuevo colonialismo, más rapaz que el sufrido por los pueblos indígenas de América Latina durante los siglos XV y XVIII. Los pueblos lo saben por eso lo resisten y luchan por liberarse de él.

El asunto no es para menos. Así lo ha entendido la misma Agencia Central de Inteligencia americana (CIA), que desde principios del siglo xx advertía que los movimientos indígenas serían uno de los principales desafíos a los gobiernos nacionales en los próximos 15 años, los cuales, desde su punto de vista, se incrementarían ‘facilitados por redes transnacionales de activistas de derechos indígenas, apoyados por grupos internacionales de derechos humanos y ecologistas bien financiados’. ‘Las tensiones –añadía el informe– se intensificarán en un área desde México a través de la región del Amazonas’. Más recientemente, el representante de los Estados Unidos para América Latina en Asuntos Hemisféricos, John Dimitri Negroponte, refiriéndose al triunfo del aymara Evo Morales Ayma en las elecciones presidenciales de la República de Bolivia, afirmó que los movimientos subversivos están haciendo mal uso de los beneficios de la democracia y eso pone en peligro la estabilidad de los Estados nacionales en toda América Latina.

Los movimientos de los pueblos indígenas y su lucha por la autonomía son una preocupación para los grupos económicos y políticos dominantes, porque forman parte de otros movimientos sociales de América Latina que resisten a las políticas neoliberales y sus efectos sobre la humanidad, pero también son parte integrante de los amplios sectores sociales que impulsan propuestas alternativas que buscan remontar la crisis civilizatoria en que se encuentra el mundo, que se materializa en crisis económica, política, ecológica y, sobre todo, del horizonte humano. Sólo que a diferencia de los demás movimientos, los que protagonizan los pueblos indígenas y sus organizaciones son más radicales y profundos en sus planteamientos, tanto por los métodos de lucha que han utilizado para hacerse presentes –la mayoría de las veces de manera pacífica pero cuando esto no es posible de manera violenta– como porque sus demandas para ser posibles requieren de una transformación profunda de los Estados nacionales y sus instituciones, que prácticamente nos llevaría a la refundación de los Estados en Latinoamérica.

El reclamo del los pueblos indígenas para que se reconozca su autonomía tiene otro componente que pone a pensar a las clases hegemónicas que detentan el poder en cada uno de los Estados de América Latina donde suceden. Éstos se presentan justo cuando los Estados entran en un fuerte debilitamiento, producto del empuje de las fuerzas económicas internacionales para que se vayan retirando de la esfera pública, reduciéndolos en la práctica a simples gerentes de los intereses capitalistas. Paradójicamente, son esas mismas clases sociales las que ponen el grito en el cielo ante el reclamo indígena de reformar o refundar los Estados para hacerlos funcionales a las realidades pluriétnicas de sus habitantes, afirmando que de aceptarse los reclamos de los pueblos indígenas los Estados terminarían hechos pedazos. Aunque la realidad es otra, si se pactara un nuevo Estado en donde los pueblos indígenas fueran reconocidos como sujetos políticos autónomos, seguramente los Estados se fortalecerían y entonces las fuerzas económicas del libre mercado perderían hegemonía en el diseño de sus políticas antipopulares.

El argumento ha sido usado por los poderosos para diseñar verdaderas políticas de contrainsurgencia con las que enfrentan a los movimientos sociales y sus aliados, bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional, lo cual ha sucedido de muy diversas maneras. En algunos casos entre los que se cuentan los de Bolivia y México, el Estado ha confrontado directamente a los movimientos indígenas, inclusive movilizando su aparato militar fuera de los marcos constitucionales; en otros como Panamá, Nicaragua, y en alguna medida Ecuador –sobre todo en la parte andina–, han optado por el uso de una ‘estrategia envolvente’ para recuperar los espacios perdidos; en estos casos no se llega a la confrontación violenta sino que se opta por el uso de los partidos políticos como mecanismo de control, ofreciendo cauces para acceder al poder, que terminan siendo formas de control y desarticulación; otra estrategia usada es el aislamiento, como se ha hecho en Brasil y parte de Ecuador, donde se ha dejado el campo abierto para que sean las compañías transnacionales que se apropian de los recursos naturales las que enfrenten directamente el descontento indígena mientras el Estado actúa como si nada pasara (Gabriel y López y Rivas, 2005: 19).

Digámoslo con toda claridad. Los pueblos indígenas de América Latina luchan por su autonomía porque en el siglo xxI siguen siendo colonias. Las guerras de independencia del siglo xIx acabaron con la colonización extranjera –española o portuguesa– pero quienes accedieron al poder siguieron viendo a los pueblos indígenas como colonias. Colonias que las clases hegemónicas escondieron tras la mascarada de los derechos individuales y la igualdad jurídica, pregonadas por el liberalismo decimonónico y que, ante la evidencia de la falsedad de ese argumento, ahora se esconden bajo el discurso del multiculturalismo conservador, que se manifiesta en reformas legales que reconocen las diferencias culturales de las poblaciones de los Estados pero éste sigue actuando como si no existieran. Todo eso mientras los pueblos indígenas de América Latina sufrían y sufren el poder de un colonialismo interno. Por eso los movimientos indígenas, a diferencia de otros tipos de movimientos sociales, son luchas de resistencia y emancipación. Por eso su demanda se aglutina en la lucha por la autonomía, por eso las preocupaciones de las fuerzas imperiales aumentan en la medida en que los movimientos crecen, por eso es que el logro de sus demandas implica la refundación de los Estados nacionales.

¿Pero cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo se materializan las luchas por la autonomía y qué peligros enfrentan? ¿Qué futuro puede avizorarse de ellas? Son preocupaciones que rondan en los pensamientos de actores de los movimientos indígenas y de los que no lo son pero apoyan sus causas porque las consideran justas. Buscando respuestas a estas interrogantes se ha escrito el presente documento. Comienza con la época colonial y la invención del indio por los colonizadores, para rastrear el fondo del problema; pasa por la creación de los Estados nacionales y el colonialismo interno impulsado por la burocracia estatal y la clase a la cual representaba; trata de explicar el colonialismo interno y su relación con las políticas indigenistas, y cómo los movimientos indígenas han cuestionado éstas y luchado por construir su autonomía. Después de esto se pasa a un breve recuento de las tendencias autonómicas para seguirnos con una explicación de las razones en que se fundan los reclamos indígenas de autonomía, los sujetos titulares del derecho, las enseñanzas que nos dejan los procesos autonómicos, para cerrar con unas reflexiones finales.

EL COLONIALISMO Y LA INVENCIÓN DEL INDIO

Por principio hay que decir que fueron los invasores europeos –españoles y portugueses– que en el siglo xv andaban buscando nuevos mercados para su expansión económica, los que inventaron al indio. Antes que los españoles llegaran a tierras del continente americano en ella no habitaban indígenas, sino grandes sociedades con culturas diferentes y un alto grado de desarrollo que la invasión europea truncó. El indio o indígena es un concepto inventado por los invasores con propósitos muy claros. En primer lugar, buscaban diferenciarse de quienes con todo derecho habitaban estas tierras cuando ellos llegaron a ocuparlas sin tener ninguno. Como no podían aceptar que por estos lugares tan alejados de la ciencia, la cultura, el progreso y la ‘civilización’ europea existieran seres con iguales derechos y muchas veces con un conocimiento superior al suyo sobre la naturaleza, la sociedad y el universo, decidieron imponerles una etiqueta que los diferenciara de ellos. Así inventaron al indio, lo subordinaron a sus intereses, le reconocieron derechos que no se opusieran a sus ambiciones y lo identificaron como algo inferior al invasor. Con ello también buscaban englobar en una sola categoría a todas las culturas que en el continente florecían, sin importarles las diferencias existentes entre ellas y los diversos grados de desarrollo de cada una.

Guillermo Bonfil Batalla, un antropólogo mexicano, lo dijo sin ningún embaje:

La categoría de indio es una categoría supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial (Bonfil Batalla, 1995: 343-344).

El mismo autor explicó que la categoría de indio “se aplicó indiscriminadamente a toda la población aborigen, sin tomar en cuenta ninguna de las profundas diferencias que separaban a los distintos pueblos y sin hacer concesión a las identidades preexistentes” agregando que los mejores ejemplos del uso colonial que se hizo de esa categoría colonial se encuentra en los testimonios que revelan la identidad de los misioneros: para ellos los indios eran infieles, gentiles, idólatras y herejes. No cabía en esta visión ningún esfuerzo por hacer distinciones entre las diversas religiones prehispánicas; lo que importaba era el contraste, la relación excluyente frente a la religión del conquistador. Así, todos los pueblos aborígenes quedaban equiparados, porque lo que contaba era el dominio colonial en la que sólo cabían dos polos antagónicos, excluyentes y necesarios: el dominador y el dominado, el superior y el inferior, la verdad y el error.

Ésta fue la tónica que marcó la relación entre los colonizadores europeos –españoles o portugueses– durante los aproximadamente trescientos años que se mantuvo la colonización extranjera en este continente que ellos bautizaron como americano, en honor a un hombre que les abrió el camino: Américo Vespucio. En el siglo xIx el sistema hizo crisis, hubo rebeliones generalizadas por todas partes y las colonias lucharon por su independencia. Los pueblos indígenas participaron activamente en las guerras, pensando que de esa manera recobrarían sus derechos.

LOS ESTADOS NACIONALES Y EL COLONIALISMO INTERNO

Pero se equivocaron. Como en la vieja Europa, los Estados que surgieron de los escombros de las antiguas colonias, se fundaron bajo la idea de un poder soberano, único, una sociedad homogénea, compuesta de individuos sometidos a un solo régimen jurídico y por lo mismo con iguales derechos para todos. En ella no cabían los pueblos indígenas porque el ideal que dio sustento a este modelo de Estado era que surgían de una unión de ciudadanos libres, que además se ligaban voluntariamente a un convenio político, en donde todos cedían parte de su libertad a favor del Estado que se formaba, a cambio de que éste les garantizara a todos un mínimo de derechos fundamentales, entre ellos la vida, la igualdad, la libertad y la seguridad jurídica.

Lo asombroso de esto es la constatación de que bajo la idea del respeto a los derechos individuales, los mestizos comenzaron a violar impunemente los derechos de los pueblos indígenas que durante tres siglos las mismas potencias colonizadoras habían respetado, entre ellos la posesión colectiva de sus tierras y el mantenimiento de sus gobiernos propios. En el primer caso, la nueva clase que se hizo del poder al terminar el régimen colonial consideró que la posesión colectiva de las tierras por los pueblos indígenas atentaba contra el derecho de propiedad privada y promovió leyes que las fraccionaran junto con políticas de colonización, para aplicarlas ahí donde según su parecer permanecían baldías. Para el caso de los gobiernos indígenas arguyó el falso argumento de que esa situación constituía un fuero que atentaba contra la igualdad que era un derecho humano, así reclamó su derecho de intervenir en asuntos internos de los pueblos y sus comunidades. Junto a ello se impulsaron legislaciones y políticas que atentaban contra los pueblos indígenas y sus culturas.

Lo anterior ha llevado al filósofo mexicano Luis Villoro a afirmar que las distintas repúblicas se constituyeron por un poder criollo y mestizo, que impuso su concepción de Estado moderno y que en el ‘pacto social’ que dio origen a tales Estados no entraron para nada los pueblos indígenas, porque nadie los consultó respecto de si querían formar parte del convenio. No obstante esta anomalía, los pueblos indígenas terminaron aceptando esta forma de organización política que les era ajena, después de ser vencidos por las armas de sus nuevos conquistadores, o convencidos de que era mejor eso que seguir luchando en una guerra que parecía interminable. Pero, cualquiera que hubiera sido la forma en que los pueblos indígenas se integraron a los nacientes Estados, lo que hay que resaltar es que el convenio político por el cual se crearon no fue el resultado de una libre decisión de los pueblos indígenas (Villoro, 1998: 80), sino imposición de los mestizos.

Estas políticas dieron como resultado que el colonialismo que por tantos años ejercieran los imperios –español y portugués– sobre los habitantes originarios de América, se siguiera practicando sobre los pueblos indígenas por los criollos que se hicieron del poder cuando aquellos fueron expulsados. Ésa era y es una realidad que los pueblos indígenas vivieron y siguen viviendo, misma que desde la década de los setenta explicaron los estudiosos de las realidades nacionales. Al analizar la realidad política del Estado mexicano, el sociólogo Pablo González Casanova concluyó:

El problema del indígena es esencialmente un problema de colonialismo interno. Las comunidades indígenas son nuestras colonias internas. La comunidad indígena es una colonia en el interior de los límites nacionales. La comunidad indígena tiene las características de una sociedad colonizada (González Casanova, 1965: 82-86).

En ese mismo sentido, otro sociólogo, Rodolfo Stavenhagen, acuñó la tesis de que por efectos de las relaciones coloniales la sociedad indígena como un todo, se enfrentaba a la sociedad colonial, situación que se manifestaba en la discriminación étnica, la dependencia política, la inferioridad social, la segregación residencial, la sujeción económica y la incapacidad jurídica. De manera paralela al colonialismo interno, las sociedades indígenas y mestizas sostenían relaciones de clase, las cuales se definían en torno del trabajo y la propiedad. De acuerdo con lo anterior, estos dos tipos de relaciones recibían su sanción moral a partir de la rígida estratificación social en la que el indígena siempre ocupaba el peldaño más bajo, sólo superado por el de los esclavos.

En esas condiciones surgió la comunidad corporativa y se formaron las características indígenas de la colonia, las mismas que hoy denominamos cultura indígena. Tanto las relaciones coloniales como las de clase se combinaban en la opresión del indígena pero sus efectos eran distintos en cada una; mientras, en las relaciones coloniales entre la sociedad mestiza y la sociedad indígena éstas fortalecían su identidad, las relaciones de clase tendían a la desintegración de las comunidades indígenas y a su integración pura y simple a la sociedad mestiza.

De acuerdo con el mismo autor, la expansión de la economía capitalista en América Latina en la segunda mitad del siglo xIx, junto con la ideología del liberalismo económico, como en la época de la colonización europea, transformó la calidad de las relaciones no indígenas, dando origen a una segunda forma de colonialismo que desde entonces se denominó colonialismo interno.

Los indios de las comunidades tradicionales –afirmó- se encontraron nuevamente en el papel de un pueblo colonizado: perdieron sus tierras, eran obligados a trabajar para los ‘extranjeros’, eran integrados, contra su voluntad, a una nueva economía monetaria, eran sometidos a nuevas formas de dominio político. Esta vez la sociedad colonial era la propia sociedad nacional que extendía progresivamente su control sobre su propio territorio (Stavenhagen, 1996: 247-248).

DEL COLONIALISMO AL INDIGENISMO

Para superar los problemas del colonialismo interno sin reconocer los derechos de los pueblos indígenas, durante todo el siglo xx América Latina vio surgir de las instituciones estatales políticas específicas dirigidas hacia pueblos indígenas, dando origen a lo que se conoció como indigenismo. Gonzalo Aguirre Beltrán, un antropólogo mexicano impulsor de ellas, lo expresó claramente:

El indigenismo no es una política formulada por indios para solución de sus propios problemas sino la de los no-indios respecto a los grupos étnicos heterogéneos que reciben la general designación de indígenas (Aguirre Beltrán, 1976: 24-25).

El indigenismo asumió muchos rostros pero todos ellos pueden agruparse en dos etapas de su instrumentación: la etapa de la integración y la de participación. En el primer caso se trató de un indigenismo incorporativo y comenzó después del Congreso de Pátzcuaro, Michoacán, –en el Estado mexicano– realizado en 1940, cuyo lema central fue la asimilación de las comunidades indígenas a la cultura nacional, objetivo que se pretendió lograr por vía de la castellanización. Décadas después, convencidos de la limitación de mantener una política de corte culturalista y de que fueran únicamente funcionarios mestizos quienes diseñaran las políticas indigenistas, los órganos estatales evolucionaron hacia lo que se conoció como indigenismo de participación, para lo cual buscaron que las comunidades indígenas participaran en el diseño de los programas gubernamentales enfocados hacia ellas al tiempo que extendían su alcance a programas de desarrollo, lo cual avanzó a lo que los académicos denominaron como etnodesarrollo (Sariego Rodríguez, 2003: 71-83). Con sus matices, el indigenismo nunca dejó de ser una política de Estado diseñada por mestizos para los indígenas, con la finalidad de que éstos dejaran de ser indígenas y se incorporaran a la vida nacional.

Por lo anterior, no le falta razón al antropólogo Héctor Díaz Polanco, quien afirma que en América Latina el indigenismo ha atravesado por varias fases y en todas ellas se ha utilizado el control ideológico y la dominación política de los pueblos como instrumento para mantenerlos bajo la férula del Estado. Con estas acciones los gobiernos han manipulado al movimiento indígena y lo mantienen separado de otras luchas sociales, a menudo con la colaboración de intelectuales de izquierda. De acuerdo con él, la fase predominante ha sido la del integracionismo un poco bronco (dispuesto a integrar, en el sentido indicado, a los pueblos indígenas a cualquier costo), que tiene poco o ningún respeto por la diversidad (Díaz Polanco, 2003: 39).

Pero los pueblos indígenas no estaban pasivos. Resistían. Y lo hacían de múltiples maneras: movilizándose contra las políticas estatales, denunciando la situación en foros internacionales, tejiendo redes de colaboración entre ellos y con otros sectores sociales, construyendo los caminos que después caminarían para su emancipación. Algo lograron de esas luchas. Unos gobiernos disfrazaron sus políticas para mostrarlas con otros rostros, aunque en el fondo seguían siendo las mismas; algunos derechos se introdujeron en la legislación, considerándolos como minorías a las que había que apoyar para que se incorporaran a la cultura nacional. Quizás el logro más importante sea que los pueblos indígenas aprendieron que para cambiar de fondo la situación en que vivían era necesario dar una lucha política de gran envergadura. Y se prepararon para eso.

DEL INDIGENISMO A LA AUTONOMÍA

En el año 1992, en el contexto de la campaña continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular, con la cual los diversos movimientos indígenas del continente americano protestaban por las celebraciones que los gobiernos impulsaban con motivo de los cinco siglos de la invasión europea al continente americano –descubrimiento le decían ellos– los movimientos indígenas transformaron sustantivamente sus formas de manifestación política y sus demandas. En el primer caso dejaron de ser apéndice de los movimientos campesinos, que siempre los colocaban a la cola tanto en su participación como en sus reivindicaciones, convirtiéndose en sujetos políticos ellos mismos; en el segundo, denunciaron el colonialismo interno que en los Estados nacionales ejercían contra ellos, exhibieron al indigenismo como una política para encubrir su situación colonial y reclamaron su derecho a la libre determinación, como pueblos que son. Panamá y Nicaragua son dos casos excepcionales. El primero porque desde la década de los cincuenta el Estado panameño comenzó a reconocer comarcas autonómicas en los territorios donde habitan y el segundo porque, debido a la contrarrevolución impulsada por Estados Unidos para detener el proceso revolucionario de los sandinistas, el gobierno adoptó el discurso étnico, y en el año 1987 incorporó el régimen de las autonomías regionales para desactivar la oposición armada. Con el paso del tiempo estas medidas también desactivaron al movimiento indígena. Pero fuera de esos casos, desde el año 1992 los movimientos indígenas son movimientos de resistencia y emancipación: resistencia para no dejar de ser pueblos, emancipación para no seguir siendo colonias. Las reivindicaciones étnicas se juntaron con las reivindicaciones de clase.

Desde entonces el eje de las demandas de los movimientos indígenas pasó a ser el derecho de libre determinación expresado en autonomía. Tal y como se ha concebido para nuestro continente –que en muchos aspectos varía de la manera en que se presenta en Europa– la demanda se nutrió de varias partes. Una de ellas es el derecho internacional, donde desde el año 1966, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocían el derecho de los pueblos a libre determinación y como consecuencia de ello a establecer libremente su condición política, así como a decidir de la misma manera sobre su desarrollo económico, social y cultural. El derecho reconocido incluía la disposición libre de sus recursos naturales para su beneficio, sin dejar de lado la obligación de cooperación internacional bajo el principio del beneficio recíproco.

Pero el derecho de la libre determinación puede asumir diversas formas, mismas que se pueden agrupar en externas o internas a los pueblos que hacen uso de ella. De acuerdo con Javier Ruipérez (1995: 49-76) en su vertiente externa se expresa cuando el pueblo se separa del Estado al que pertenece para convertirse él mismo en Estado, unirse a otro ya existente o bien para que varios pueblos se unan entre ellos para formar uno nuevo; mientras en su versión interna el pueblo libremente decide seguir perteneciendo a un Estado nacional siempre que éste acepte reconocerlo como pueblo, le reconozca sus derechos como tal y pacte con él la forma de ejercerlos. La primera versión de la libre determinación da lugar a la soberanía, la segunda a la autonomía. La autonomía es la forma que los movimientos indígenas han elegido para ejercer su derecho a la libre determinación, por eso se dice que la autonomía es una forma específica de ejercicio de la libre determinación.

El reclamo de libre determinación por los movimientos indígenas tiene sus implicaciones ya que este derecho comprende a su vez los de autoafirmación, autodefinición autodelimitación y autodisposición interna y externa de los pueblos indígenas. De acuerdo con José A. De Obieta Chalbaud (1993: 63-101), el derecho de autoafirmación otorga a los pueblos –indígenas en este caso– la capacidad exclusiva de proclamarse existentes, mientras el de autodefinición les permite determinar por sí mismos quiénes son las personas que lo constituyen; el de autodelimitación les posibilita determinar por sí mismos los límites de su territorio, y el de autodisposición, organizarse de la manera que más les convenga. En el caso de que la libre determinación asuma la forma de la autonomía, estos derechos deberán negociarse con el Estado del cual formen parte, pero no podrán establecerse condiciones que los hagan nugatorios.

De ahí que sea explicable y lógico que los movimientos indígenas no sólo exijan derechos individuales para las personas indígenas sino también colectivos, para los pueblos de los que forman parte; que no limiten su exigencia a que las instituciones estatales cumplan sus funciones sino que los mismos Estados se transformen; que no reclamen tierras sino territorios; que no demanden que les permitan usufructuar los recursos naturales que se encuentran en sus territorios sino la propiedad de ellos; que no reclamen participar en los órganos estatales sino reconocimiento de su propios gobiernos, que no sólo se les administre justicia conforme al derecho estatal sino que se reconozca su derecho a administrar justicia por ellos mismos y de acuerdo con su derecho propio; que no busquen que haya planes de desarrollo para ellos sino que se reconozca su derecho a diseñar su propio desarrollo; que no sólo les lleven la cultura dominante sino que también se reconozca y respete la suya. Los pueblos indígenas no quieren seguir siendo colonias sino pueblos con plenos derechos.

Erica-Irene A. Daes, quien fuera Presidenta Relatora del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entendió que para los pueblos indígenas de todo el mundo la autodeterminación es el elemento central y el eje principal de sus movimientos; por lo tanto, exigen que sea respetada rigurosamente e insisten en que no es negociable. De acuerdo con su experiencia, los pueblos indígenas se consideran los últimos pueblos colonizados aún existentes y aseveran que cualquier incumplimiento en la concesión de los mismos derechos y la condición de que han gozado otros pueblos colonizados en el mundo representa una forma de racismo y discriminación por parte de la comunidad internacional. Por eso entendió su afirmación de que han sido y siguen siendo grupos bien definidos cultural y lingüísticamente, que durante milenios estuvieron organizados en sociedades autónomas complejas y fueron reconocidos como tales por otros Estados, a través de tratados y relaciones diplomáticas, y no han cedido voluntariamente el control de sus territorios a los pueblos y Estados que actualmente los gobiernan (Daes, 2003: 37).

De igual manera agregó que, a su juicio, a lo que realmente se refieren los indígenas cuando hablan de ‘autodeteminación’, ‘es a la libertad para vivir de la forma en que el Creador nos hizo y nos enseñó’. Afirmó que el énfasis es sobre la libertad, no sobre la reproducción de nuevos centro de poder, y aunque su afirmación puede ser correcta, desde el punto de vista de muchos indígenas el poder es necesario para conseguir la libertad de sus pueblos, aunque no sea el poder estatal sino uno propio. Por último, expresó que el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación debe entenderse como la demanda para la ‘construcción tardía de una nación’. Creía que los pueblos indígenas demandan la oportunidad de escoger su propio lugar en los Estados en donde viven, oportunidad que se les ha negado en el pasado.

Los nuevos reclamos de los movimientos indígenas abrieron una nueva etapa en la historia de los derechos indígenas, la cual en un principio se manifestó en el hecho de que los Estados nacionales de América Latina que no habían modificado sus constituciones políticas y su legislación interna para incorporar en ellas el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y la garantía de sus derechos colectivos, lo hicieran. Se desató así una fiebre legislativa en donde se legislaba más que para reconocer derechos, para que la clase política no perdiera legitimidad. De esa manera, a excepción de algunos Estados, como el chileno, casi todos reformaron sus constituciones políticas para incorporar en ellas a los pueblos indígenas y algunos de sus derechos, sobre todo aquellos que no se opusieran a los intereses del capital.

Las condiciones políticas en que las legislaciones estatales se crearon fueron muy distintas en cada uno de los países. En algunos casos como el chileno, guatemalteco y mexicano, estuvieron precedidas o apuntaladas por pactos específicos con los pueblos indígenas. Pero en ningún caso los Estados firmantes cumplieron los compromisos asumidos. En el Pacto de Nueva imperial, de diciembre de 1989, los partidos políticos chilenos opositores a la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet se comprometieron con los pueblos indígenas de ese país, que de ganar las elecciones presidenciales, ratificarían el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas, formularían reformas constitucionales para reconocer sus derechos y elaborarían un marco jurídico adecuado para su desarrollo. Ganaron la presidencia pero sólo cumplieron a medias con el último punto de dicho pacto. Otro tanto sucedió con los Acuerdos de Paz, firmados entre la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno guatemalteco, para poner fin a la guerra civil de varias décadas. Como parte de tales acuerdos, en marzo de 1995, en la ciudad de México, se suscribió el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se asentaron los derechos que deberían ser reconocidos en la legislación guatemalteca a los pueblos indígenas, cosa que no sucedió. Por último, los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas, suscritos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno mexicano, contenían los derechos mínimos que debieron reconocerse a los pueblos indígenas de México, pero aunque se realizó una reforma constitucional, ésta se apartó de lo pactado (Gómez, 1998).

En otros casos los procesos de reconocimiento de derechos fueron por la participación política activa de las organizaciones indígenas. Es el caso de Colombia, Ecuador y Venezuela donde los reconocimientos fueron a través de procesos constituyentes. En el año 1991 se realizó el de Colombia, donde la representación indígena logró incluir los derechos de sus pueblos, otro tanto sucedió en Ecuador en el año 1998 y al año siguiente se dio el mismo proceso en Venezuela. Una comparación de los contenidos de las reformas derivadas de pactos políticos y las que emanaron de procesos constituyentes arroja un saldo favorable, en la forma, para estas últimas.

Con el paso del tiempo se vería que los derechos consignados en la legislación en muy poco ayudaban a cambiar la situación de colonialismo de los pueblos indígenas y a que éstos gozaran de sus derechos colectivos. Una de las razones para que esto sucediera era que el reconocimiento se encontraba acotado a criterios de derechos individuales y a los principios del orden jurídico que no reconocía más norma que la estatal –“siempre y cuando no atenten contra los derechos individuales y el orden jurídico interno” era la frase consabida que acompañaba a toda disposición jurídica–, rescatando la práctica colonial impuesta por los reyes españoles durante la colonia, según la cual los pueblos indígenas podían regirse por sus usos y costumbres siempre y cuando no se opusieran a la religión católica y los mandatos regios. En ese mismo sentido operaba el hecho de que en las reformas sólo se consignaban derechos culturales porque la institucionalidad estatal continuaba intacta y con facultades que chocaban con los derechos reconocidos a los pueblos indígenas.

LAS TENDENCIAS AUTONÓMICAS

Cuando los pueblos indígenas se dieron cuenta de que su lucha por el reconocimiento constitucional de sus derechos no había dado los resultados esperados, enfocaron sus esfuerzos a la construcción de las autonomías en los hechos. De esa manera algunos movimientos que ya caminaban en ese rumbo se potenciaron mientras otros iniciaban el largo caminar por el mismo camino. Para hacerlo apelaron a lo que tenían a la mano: sus culturas, sus experiencias de resistencias pasadas, sus estructuras propias, construidas a través del tiempo; sus relaciones con otros movimientos sociales y las realidades concretas de sus países. Con ello los movimientos indígenas no sólo cuestionaban el autoritarismo y la antidemocracia como rasgos distintivos de los Estados nacionales latinoamericanos, sino también ciertas formas de organización popular que seguían la lógica de los dominadores y cuando triunfaban terminaban realizando las prácticas que antes combatieron.

De distintas maneras y en diversos niveles, en la década de los noventa, los Estados latinoamericanos vieron transformarse a los movimientos indígenas que venían luchando desde la década anterior reivindicando sus derechos. Algunos de estos movimientos trascendieron las luchas locales y rompieron los cercos de las fronteras nacionales, alcanzando más notoriedad que otros. Se puede decir que los movimientos indígenas por la autonomía fueron un fenómeno social que se vio en toda América Latina. Justo cuando los movimientos obreros y campesinos decaían, desde Mesoamérica hasta la Patagonia, los movimientos indígenas se reactivaban, para enojo de los neoliberales.

Después de quince años de luchas por la construcción de las autonomías en América Latina pueden verse al menos tres grandes tendencias: las autonomías comunitarias, las regionales y la reconstrucción de los Estados étnicos. Cada una de ellas, a su vez, se encuentra marcada por las acciones de los sujetos que las impulsan, las realidades en que se desarrollan cada uno de estos procesos de lucha, así como por la influencia de los Estados nacionales, las instituciones internacionales y la cooperación internacional, que dicen apoyar las luchas de los pueblos indígenas pero la mayoría de las veces les imponen sus propias agendas.

Las autonomías comunitarias surgieron como expresión concreta de la resistencia de los pueblos indígenas al colonialismo y la lucha por su emancipación. Estando la mayoría de los pueblos indígenas desestructurados políticamente, y siendo las comunidades la expresión concreta de su existencia, cuando los movimientos indígenas comenzaron a impulsar la lucha por su autodeterminación como pueblos, fueron las comunidades las que salieron a defender el derecho. Para hacerlo echaron mano de su experiencia por siglos de resistencia pero también de las prácticas autogestivas aprendidas cuando formaron parte del movimiento campesino.

En esas condiciones el derecho de ser pueblos se expresaba como ser comunidades. Se podría decir que querían que se les reconociera lo que ya eran y tenían; convertir en derecho lo que ya eran de hecho. Que no sólo tuvieran derechos los individuos que las integraban sino ellas mismas se convirtieran en sujeto colectivo de derecho; que no sólo se reconocieran sus tierras sino también sus territorios, es decir, no sólo los espacios para la producción sino también para el ejercicio de derechos políticos, para ejercerlo a su manera; que no sólo se permitiera a sus autoridades ejercer su gobierno interno como excepción sino que se reconociera validez a todos sus actos; que no sólo le llevaran planes de desarrollo diseñados desde las oficinas gubernamentales sino se les reconociera su derecho a decidir libremente el tipo de desarrollo que más les convenía. Atrincherados en las estructuras comunitarias los movimientos indígenas se hicieron escuchar con fuerza y en muchos casos a los Estados no les quedó más alternativa que ceder a sus demandas. La prueba de ello es que la mayoría de la legislación latinoamericana sobre derechos indígenas reconoce a las comunidades indígenas su personalidad jurídica y enuncia algunas de las competencias que los Estados les reconocen, las cuales deberán realizarse –como expresan los reconocimientos– dentro del marco de la ley estatal.

Los reconocimientos de las comunidades indígenas como sujetos de derecho en lugar de los pueblos de los que forman parte casi siempre, de una u otra manera, las subordinaba a los gobiernos locales establecidos por el orden constitucional y legal sin que éstos sufrieran reforma alguna para darles viabilidad. Dicho de otra manera, en lugar de reconocer a un sujeto político de manera libre para que interactuara con el Estado, lo reconocía para subordinarlo a sus políticas colonialistas, al tiempo que desconocía el derecho de los pueblos que el había desestructurado, a reconstituirse.

A pesar de lo anterior no se puede decir que las luchas por las autonomías comunitarias sean un desperdicio. Por ellas se demostró el gran potencial de los pueblos como base de la resistencia pero también de la emancipación. Sin ellas es muy probable que los movimientos indígenas no existieran o fueran otros sus rostros y sus caminos.

Otra tendencia de las autonomías indígenas es la propuesta de autonomía regional. Surgió como una respuesta a la necesidad de superar el espacio comunitario de los pueblos indígenas, así como de buscar otros superiores a las comunidades indígenas y a los propios gobiernos locales del Estado. Su primera expresión fueron las regiones autónomas del Estado de Nicaragua, introducidas como forma de gobierno en la Constitución Política del Estado en el año 1987. Después de este suceso, inédito en América Latina, la academia, por vía de los intelectuales cercanos a las reivindicaciones indígenas, lo difundió por varios países del continente, al grado que en algunos países como México y Chile (Lavanchy, 1999), inclusive se formularon propuestas de reformas constitucionales y estatutos de autonomía; mientras en otros sólo quedaron como una tendencia más de las luchas por la autonomía indígena, pero sin ninguna expresión concreta de ellas.

Las autonomías regionales tienen su fuente de inspiración en las regiones autónomas del Estado español. Quienes las impulsan buscan crear regiones autónomas que se integrarían por los pueblos o comunidades indígenas que queden incluidas en la región y con la unidad de ellas crear un régimen especial de gobierno, que responda a sus especificidades culturales, históricas, económicas y políticas, entre otras. La región que se creara contaría con su propio gobierno, a la manera de una entidad federativa más, con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales.

En sus inicios las propuestas de autonomías regionales se presentaron como opuestas a las autonomías comunitarias, lo cual hizo que quienes simpatizaban o luchaban por hacer realidad éstas, las vieran con suspicacia, recelo y animadversión, esgrimiendo varias razones. Una de ellas es que la realidad española, de donde se recogió el modelo autonómico, es muy diferente a la realidad latinoamericana, en donde se proponía implantarlo; una segunda es que en varios Estados latinoamericanos difícilmente se podría encontrar una región indígena como tal, lo cual implicaba que en todo caso se tratara de regiones creadas, es decir, impuestas a las comunidades indígenas; la tercera es que las formas de gobierno indígenas tienen una composición y obedecen a una lógica distinta a la de los Estados y difícilmente se adaptarían al modelo que se proponía. En muchos casos se antojaba un modelo ideal que no encajaba con la realidad, sobre todo porque las regiones autónomas nicaragüenses no funcionaban como se había pensado; algunos indígenas incluso afirmaban que lo que ellos tenían no eran autonomías indígenas sino autonomías regionales y éstas eran bastante distintas a la primera.

Como en muchos otros casos, fueron los propios movimientos indígenas los que resolvieron la ‘contradicción’ entre comunitaristas y regionalistas. Cuando la ocasión se presentó, primero demostraron que las propuestas no eran contradictorias sino que podían complementarse. Eso ha sido muy claro en México, con los caracoles zapatistas, pero también con la policía comunitaria del Estado de Guerrero; igual sucede en la región del Cauca en el Estado de Colombia; o en el Departamento de Cochabamba, en el Estado de Bolivia. En todos estos casos se ha demostrado que mientras las comunidades funcionen como base de la estructura regional y ésta como techo de la autonomía, pueden conjugarse de manera eficaz porque entonces la autonomía regional no se impone desde arriba, sino como un proceso que consolida las autonomías comunales y éstas deciden la amplitud de la región.

Junto con las tendencias comunitarias y regionales existen otros movimientos indígenas que no reclaman autonomías sino la refundación de los Estados nacionales con base en las culturas indígenas. Ésta es una tendencia que se manifiesta en varios movimientos de la región andina del continente, sobre todo entre los pueblos aymaras de Bolivia. Quienes participan de estos movimientos dicen no entender por qué ellos siendo una población mayor a la mestiza deben ajustarse a la voluntad política de las minorías.

Aunque desde un punto de vista sociodemográfico estas expresiones tengan razón, no se puede perder de vista que la realidad es más compleja. Si se tratara sólo de contar cuántas personas son indígenas y cuántas no y, en función de eso, definir el diseño del Estado, hace mucho tiempo que varios Estados serían indígenas. Pero en la correlación de fuerzas influyen otros factores: el capital financiero internacional, las instituciones supranacionales, los grupos de poder nacionales y extranjeros, el grado de consolidación del Estado en donde se presentan los procesos autonómicos y, obviamente, la conversión de los pueblos indígenas en sujetos políticos. Y si no, que lo digan los pueblos indígenas de Guatemala que tras una cruenta guerra civil y la firma de unos Acuerdos de Paz donde se incluía el reconocimiento de los derechos indígenas, lo más que han conseguido es impulsar un proceso de mayanización de la población, pero su influencia política en las decisiones del Estado todavía son bastante débiles.

Claro, no se puede decir que el hecho de que los pueblos indígenas sean mayoría no influya en el modelo de Estado. Influye, pero el grado en que lo haga depende también de la articulación que puedan generar al interior de ellos y la coordinación con otros sectores sociales. Y aún en el supuesto de que se lograra refundar al Estado en función de la presencia indígena y lo que ello implica, no se puede olvidar que las autonomías comunitarias y regionales también implican la refundación de los Estados y que las minorías tienen derechos que deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, cualquiera que éste sea.

LAS RAZONES AUTONÓMICAS

Cualquiera que sea la tendencia autonómica que se exprese en los movimientos indígenas, lo que se ve en estas luchas es que la construcción de autonomías es una propuesta concreta a la necesidad de formular, desde los actores políticos y de manera seria y profunda, una política que de respuesta a la plurietnicidad de las sociedades latinoamericanas, situación reconocida en las Constituciones Políticas de los Estados latinoamericanos donde suceden, pero negadas en la realidad. Porque el reconocimiento de la pluriculturalidad de la sociedad, sustentada en la presencia de sus pueblos indígenas –como muchas constituciones políticas reconocen–, obliga a los Estados y a la sociedades a reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo, y en consecuencia a garantizarle sus derechos, lo cual conllevaría a su vez a modificar las bases sobre las que se fundan los Estados nacionales, para que los incluyan, y de esa manera los pueblos indígenas como tales sean parte integrante de los Estados, sin dejar de ser lo que son, pero sin conservar su condición de sociedades colonizadas. En otras palabras, las autonomías que los pueblos indígenas luchan por construir son necesarias porque existen diversas sociedades con culturas diferentes a la dominante, con presencia previa inclusive a la formación de los Estados nacionales en que se desenvuelven y que, a pesar de las políticas colonialistas impulsadas contra ellos, conservan su propio horizonte de vida. Las autonomías son cuestiones de derecho, no de políticas. Crean obligaciones del Estado con los pueblos indígenas, no le dan facultades para que desarrolle las políticas dirigidas a ellos que a él le parezcan convenientes.

Lo anterior es fundamental para entender tanto el reclamo de reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía, como los procesos para implementarlas de hecho. Porque en su origen los Estados se fundaron bajo la idea de una sociedad homogénea, compuesta de individuos sometidos a un solo régimen jurídico y político y por lo mismo con iguales derechos para todos. Pero eso resolvería un problema normativo, no la realidad social en que los pueblos indígenas se han desenvuelto, que siempre resulta ser más compleja. La legislación que durante todo el siglo xIx y parte del xx se elaboró sobre esta materia fue para negar estos derechos, no para reconocerlos, lo cual, dicho sea de paso, nos aclara que no todas las leyes reconocen derechos, hay algunas que los niegan. Los indígenas han entendido esto por eso se rebelan ante una legislación que no cumple con sus expectativas, porque no les garantiza ni siquiera derechos mínimos. Ellos reclaman derechos fundamentales que saben o intuyen que existen, más allá de los contenidos de las legislaciones estatales.

A contrapelo de esta realidad, muchos gobiernos latinoamericanos se han apropiado del discurso del movimiento indígena, lo han despojado de su contenido y han comenzado a hablar de una ‘nueva relación entre los pueblos indígenas y el gobierno’, así como de elaborar ‘políticas transversales’, con la participación de los interesados, cuando en realidad siguen impulsando los mismos programas indigenistas de hace años que los pueblos indígenas rechazan. Para legitimar su discurso y sus acciones han incorporado a la administración pública a algunos líderes indígenas que por mucho tiempo habían luchado por la autonomía, quienes les sirven de pantalla para mostrar una continuidad que presentan como cambio. En algunos países incluso se ha ido más allá al desnaturalizar la demanda de autonomía y presentarla como mecanismo para que algunos sectores privilegiados sigan manteniendo sus privilegios. Es el caso de las burguesías de los Departamentos de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia; Guayaquil, en Ecuador o el Estado de Zulia, en Venezuela.

En estas condiciones la decisión de los movimientos indígenas de impulsar las autonomías de hecho resulta una política correcta y una práctica consecuente para el movimiento indígena.

Pero no es una tarea fácil. En la realidad cotidiana, esta situación genera problemas que requieren solución para la consolidación de los procesos autonómicos. Entre ellos se pueden mencionar los sujetos de la autonomía, los contenidos de ella y los procesos para su construcción.

LOS SUJETOS DE LAS AUTONOMÍAS

Si se asume que la autonomía es una expresión concreta del derecho a la libre determinación y que éste es un derecho de los pueblos, no se puede olvidar que los sujetos titulares de los derechos indígenas son los pueblos indígenas, no las comunidades que los integran, menos las organizaciones que ellos construyen para impulsar su lucha. Por eso es que, junto con la construcción de las autonomías, los movimientos indígenas asumen el compromiso de su reconstitución. En esta coyuntura específica, dada la fragmentación en que se encuentra la mayoría de los pueblos indígenas, las comunidades resultan importantes para articular sus luchas de resistencia y construcción de las autonomías, pero no pueden renunciar a la utopía de reconstituir los pueblos indígenas de los que forman parte, para que éstos asuman la titularidad del derecho. Por esa razón la defensa de los derechos comunitarios la hacen al mismo tiempo que establecen relaciones con otras comunidades y pueblos de sus países y de otros, para apoyarse mutuamente en sus demandas propias pero también enarbolando demandas comunes.

En otras palabras, se necesita que los pueblos indígenas se conviertan en sujetos políticos plenos superando las divisiones internas y los conflictos intercomunitarios en que muchas veces viven, para lo cual combaten las causas que los provocan. Entre las causas externas sobresalen los diseños institucionales de los Estados, que los excluyen, así como las políticas de dominación ejercidas en la vida cotidiana; mientras en las internas se pueden contar problemas concretos de la vida de las comunidades y los intereses de sus habitantes, que chocan con los de sus vecinos. Como es lógico entender, a cada uno de estos problemas le dan un tratamiento distinto. A los primeros los ven como parte de sus luchas de emancipación, mientras a los segundos los tratan como parte de su resistencia para no dejar de ser pueblos indígenas.

Un problema externo que los pueblos indígenas han encontrado para poder ser sujetos políticos es que, en la mayoría de los casos, están políticamente desestructurados. En esto han pesado bastante las políticas de colonialismo ejercidas desde los órganos de gobierno para subordinarlos a los intereses de la clase en el poder. Un ejemplo concreto de estas políticas es que los pueblos indígenas numéricamente grandes se encuentran divididos entre varios estados o departamentos y los más pequeños entre varios municipios, municipalidades o alcaldías, según la forma como los Estados nacionales organicen los gobiernos locales. Sólo por excepción se puede encontrar un pueblo indígena numéricamente grande que pertenezca a un mismo estado o departamento y cuando esto sucede se les divide en los gobiernos locales. La historia demuestra que los pueblos indígenas que han sorteado la división administrativa estatal son aquellos que han resistido de diversas maneras, incluida la violencia, para seguir siendo lo que son.

Por eso los pueblos indígenas insisten en denunciar que este tipo de organizaciones políticas y administrativas constituyen estructuras con demarcaciones ajenas a ellos y han servido más para dividirlos y subordinarlos al poder estatal que para poder organizar su vida, además de que muchos están controlados por mestizos, como se les denomina en México; caxlanes, como se les nombra entre los mayas; o q’aras, como también los llaman en la región andina. Desde ahí se impide a los pueblos indígenas ejercer sus derechos políticos y por lo mismo participar en las grades decisiones de la vida nacional.

Los pueblos indígenas saben que en esta situación la construcción de autonomías muy pocas veces puede hacerse desde esos espacios, porque aún cuando tuvieran el control de los gobiernos locales, su estructura y funcionamiento responde a la lógica estatal, limitando sus facultades a las que resultan funcionales al control estatal; pero en el peor de los casos podría llevar a que, en nombre de los derechos indígenas, se entregara el poder a los grupos de mestizos, muchas veces caciquiles, y éstos lo usaran en contra de los pueblos indígenas.

Por otro lado saben que las comunidades indígenas de un mismo pueblo se encuentran divididas y enfrentadas entre ellas, por diversas razones, que van desde la tenencia de la tierra, el uso de los recursos naturales, las creencias religiosas o las preferencias políticas, entre otras.

En otros casos se presentan problemas ficticios o creados por actores externos a las comunidades que los sufren. Para enfrentar estos problemas los pueblos indígenas interesados hacen esfuerzos por identificar las causas de la división y el enfrentamiento, ubicar las que tienen su origen en problemas de las propias comunidades y buscarles solución. De igual manera evidencian los problemas creados desde fuera y buscan diversas maneras de rechazarlos.

A la división de los pueblos y los conflictos comunitarios se agrega el hecho de que las comunidades indígenas se encuentran subordinadas políticamente a las redes de poder regional. Para la construcción de estas redes donde las comunidades quedan atrapadas confluyen muchos factores, algunos de ellos no perceptibles a simple vista. Uno es el carácter monocultural y de clase del Estado, que responde a los intereses de los grupos económicos y políticos que le dan sustento. El Estado crea las condiciones para que estos grupos sigan manteniendo el poder porque son ellos quienes le crean las condiciones a él para su existencia. En muchos casos son los grandes comerciantes y los representantes de consorcios internacionales, que ligados a agentes regionales y a los especuladores, detentan el poder. A ellos y no a los pueblos indígenas les sirve el Estado porque ellos también están a su servicio.

En esta situación los intereses de las comunidades indígenas quedan subordinados a los grandes planes programas de éstos para defender sus intereses. En el aspecto económico los indígenas difícilmente pueden acceder a los espacios del comercio que aquellos se han apropiado, a menos que dejen de ser indígenas. Para ellos queda reservado el mercado de frutas y hortalizas en menor escala y el papel de vendedores y revendedores en los tianguis semanales. En el aspecto político siguen siendo el voto cautivo de candidaturas que se deciden en las grandes esferas de la política estatal o nacional, donde ellos no tienen ninguna injerencia.

Estos son aspectos que se construyen bajo el discurso de la igualdad de todos los ciudadanos, apuntalados por la idea de la nación mestiza, para quienes las culturas indígenas sólo existen como folclor, para lucirse en las fiestas regionales o para consumo de turistas. Plantear la construcción de procesos autonómicos sin romper los nudos y redes que los grupos de poder construyen resulta una utopía inviable. Pero para lograr romperlos se requieren muchas cosas. La primera de ella, trascender las fronteras de los otros y asumirse culturalmente diversos, con todo lo que esto implica. Y es que, no es correcto reflexionar sobre ‘los otros’, sobre la población indígena de Latinoamérica, que es mantenida y se mantiene como una población diferenciada del resto de la sociedad, separada por fronteras culturales como de clase, sin tratar de trascender esa fronteras.

LOS CONTENIDOS DE LAS AUTONOMÍAS

Ahora bien, la lucha por la instalación de gobiernos autónomos indígenas representa un esfuerzo de los propios pueblos indígenas por construir regímenes políticos diferentes a los actuales, donde ellos y las comunidades que los integran puedan organizar sus propios poderes, con facultades y competencias específicas de sus autoridades, relativas a su vida interna. Ese es el primer problema que enfrentan quienes han decidido caminar ese camino, y las posibilidades de lograr sus propósitos se encuentran determinadas por la naturaleza de las relaciones históricas de subordinación en que se encuentran y el carácter sociopolítico del régimen del Estado en que las autonomías pretenden construirse y practicarse. Los pueblos indígenas no ignoran que para la construcción de ellas sus prácticas políticas van a contrapelo de una legislación que minimiza la posibilidad de su ejercicio hasta casi pulverizarlo, al grado de colocar a los pueblos y sus comunidades indígenas casi fuera de las leyes dictadas por el Estado, aunque no necesariamente contra ellas; que el régimen político actual no cuenta con políticas públicas que las favorezcan, sino otras de carácter asistencial que las niegan y que el tránsito a la democracia sigue siendo una asignatura pendiente en muchos sentidos.

Ellos entienden el contexto y no pueden ignorar que en términos políticos la construcción de autonomías indígenas implica que las comunidades y pueblos indígenas le disputen el poder a los grupos políticos regionales que los detentan y que para lograr este fin no pueden caminar solo por los cauces institucionales marcados por los Estados, porque están construidos en base a una ideología mestiza que niega la posibilidad de una ciudadanía étnica, aunque tampoco fuera de las reglas creadas por él mismo, sino abriendo otros que rompan la subordinación de los pueblos y comunidades indígenas y creando una legalidad alternativa, propia de los pueblos. En otras palabras, no se trata de luchar contra los poderes establecidos para ocupar los espacios gubernamentales de poder sino de construir desde las bases contrapoderes capaces de convertir a las comunidades indígenas en sujetos políticos con capacidad para tomar decisiones sobre su vida interna, al tiempo que modifican las reglas por medio de las cuales se relacionan con el resto de la sociedad, incluidos otros pueblos indígenas y los tres niveles de gobierno.

Con la decisión de construir autonomías, los pueblos indígenas buscan dispersar el poder para posibilitar su ejercicio directo por las comunidades indígenas que lo reclaman. Es una especie de descentralización que nada tiene que ver con la que desde el gobierno y con el apoyo de instituciones internacionales se impulsa, que en el fondo pretende hacer más efectivo el control gubernamental sobre la sociedad. La descentralización de la que aquí se habla, la que los pueblos y comunidades indígenas que avanzan por caminos autonómicos nos están enseñando, pasa por la edificación de formas paralegales de ejercicio del poder, diferentes a los órganos de gobierno, donde las comunidades puedan fortalecerse y tomar sus propias decisiones. Asimismo, incluye la necesidad de transformar las relaciones con otros poderes como los económicos, religiosos y políticos, se encuentren institucionalizados o no dentro de las leyes, pues no tiene ningún sentido construir un poder distinto que se ejercerá en las mismas condiciones de aquel que se pretende combatir. Esto a su vez reclama que al interior de las comunidades indígenas ellas mismas realicen los ajustes necesarios para que ese poder sea ejercido con la participación de todos o la mayoría de sus integrantes y no caiga en manos de grupos de poder locales, que después lo usen en nombre de la comunidad pero para su propio beneficio. Las autonomías transforman las relaciones de los pueblos con el resto de la sociedad y con las comunidades que los integran, pero también las de éstas con los ciudadanos que forman parte de ellas.

Cuando los pueblos indígenas deciden construir autonomías han tomado una decisión que va contra las políticas del Estado y obliga a quienes optan por ese camino a iniciar procesos políticos de construcción de redes de poder, capaces de enfrentar la embestida estatal, contrapoderes que les permitan afianzarse ellos mismos como una fuerza con la que se debe negociar la gobernabilidad y poderes alternativos que obliguen al Estado a tomarlos en cuenta. Por eso la construcción de autonomías no puede ser un acto voluntarista de líderes ‘iluminados’ o de una organización, por muy indígena que se considere. En todo caso requiere la participación directa de las comunidades indígenas en los procesos autonómicos. En otras palabras, se necesita que las comunidades indígenas se constituyan en sujetos políticos con capacidad y ganas de luchar por sus derechos colectivos, que conozcan la realidad social, económica, política y cultural en que se encuentran inmersos, así como los diversos factores que inciden en su condición de subordinación y los que pueden influir para trascender esa situación, de tal manera que les permita tomar una posición sobre sus actos.

Con su lucha por la autonomía los pueblos y comunidades indígenas trascienden las visiones folcloristas, culturalistas y desarrollistas que el Estado impulsa y muchos todavía aceptan pasivamente. Porque la experiencia les enseña que para hacerlo no basta con que se reconozca en alguna ley su existencia y algunos derechos que no se opongan a las políticas neoliberales, o los aportes culturales de los pueblos indígenas a la constitución multicultural del país; tampoco es suficiente que los gobiernos destinen fondos específicos para impulsar proyectos de desarrollo en las regiones indígenas que siempre son insuficientes y se aplican en actividades y por las formas decididas desde el gobierno, que despojan a las comunidades de todo tipo de decisión y niegan su autonomía. Éstas son políticas que, si bien expresan que buscan modificar las prácticas de asimilación y aculturación impulsadas desde hace años por el indigenismo, no dejan de reproducir las relaciones de subordinación de los pueblos indígenas con respecto a la sociedad mestiza y hasta legitiman las políticas de negación de los derechos indígenas. Por el contrario, se requiere desmitificar el carácter ‘neutral’ del Estado y mostrar su carácter de clase, evidenciando que se encuentra al servicio de la clase dominante y los agentes políticos, económicos, sociales que la sustentan.

Los pueblos indígenas saben que transitar este camino sin quedar a la mitad de él es difícil, por eso cada que deciden hacerlo antes fijan muy bien sus objetivos y ven la manera de hacerlo para que sea posible llevarlo a cabo. Una vez asegurado lo anterior, colocan junto a ellos algunos más generales que sirvan para establecer alianzas con otras comunidades. En algunos casos son objetivos concretos de las comunidades, como cuando luchan para obligar a los gobiernos a impulsar programas generales para la solución de conflictos agrarios, defensa de la tierra, o promoción de derechos. Pero no por eso se olvidan de demandas más amplias, que importan a todos los ciudadanos, como la reforma del Estado autoritario por otro democrático y multicultural, la lucha por la soberanía alimentaria, contra la privatización de la energía eléctrica y el petróleo y los recursos naturales. Esto los pueblos lo han aprendido en la práctica. No es casualidad que la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional contra el Estado mexicano, haya comenzado el primero de enero de 1994, cuando entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio de este país con Estados Unidos y Canadá. Esta especificidad de la demanda de los movimientos indígenas de los últimos años se nota cuando se mira que el eje de ellos es el rescate de los recursos naturales del control de empresas transnacionales: los territorios indígenas y los bosques, en Chile; el agua, en Cochabamba, Bolivia; el petróleo y las minas, en Ecuador, y Guatemala; los territorios y los recursos naturales en México y Colombia. Estas luchas incluyen la oposición a la firma de tratados de libre comercio, porque es la vía de despojo más utilizada por el capitalismo internacional.

Los pueblos indígenas saben que la lucha por la autonomía no puede ser solo de los pueblos indígenas. Por eso construyen relaciones de solidaridad con los otros sectores de la sociedad, apoyándose mutuamente en sus propias reivindicaciones, al tiempo que impulsan demandas comunes. En este sentido cobra importancia cuidar con quien se establecen las alianzas, porque existen sectores y organizaciones sociales que discursivamente aceptan defender los derechos indígenas pero en la práctica hacen lo contrario, como sucede con algunos partidos políticos que han manifestado defender los derechos de los pueblos indígenas pero sus legisladores aprueban leyes que atentan contra ellos y sus derechos; o los partidos de la izquierda que en muchos lugares todavía intentan subsumir la demanda específica de los pueblos indígenas a las de la sociedad en general. Igual sucede con algunas organizaciones indigenistas que en el discurso defienden el derecho de los pueblos indígenas a su autonomía pero en su práctica están más ligadas a las políticas del Estado y su aspiración es vivir del presupuesto público.

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 LOS PROCESOS AUTONÓMICOS

Hemos dicho que los movimientos indígenas por la construcción de las autonomías constituyen los nuevos movimientos indígenas y que éstos son novedosos tanto por su demanda como por los actores políticos y sus formas de acción colectiva. Parafraseando a Alberto Melucci, también podríamos afirmar que los movimientos indígenas son profetas del presente, que lo que ellos poseen no es la fuerza del aparato sino el poder de la palabra y con ella anuncian los cambios posibles, no para el futuro distante sino para el presente; obligan a los poderes a mostrarse y les dan forma y rostro, utilizando un lenguaje que tal pareciera es exclusivo de ellos, pero lo que dicen los trasciende y al hablar por ellos hablan por todos (Melucci, 1999: 59).

Y es cierto, porque los pueblos indígenas al recurrir a su cultura y prácticas identitarias para movilizarse en defensa de sus derechos, cuestionan las formas verticales de la política al tiempo que construyen otras de carácter horizontal que a ellos les funcionan, porque las han probado en siglos de resistencia al colonialismo. Se trata de prácticas que surgen precisamente cuando las organizaciones tradicionales de partidos políticos, sindicatos u otras de tipo clasista y representativo entran en crisis y la sociedad ya no se ve reflejada en ellas. Estas prácticas políticas se expresan de muchas maneras, desde una guerrilla posmoderna como ha sido calificada la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levantó en armas en tierras mayas en el año 1994, las largas caminatas de las autoridades de los pueblos indígenas de Colombia, los ‘levantamientos’ de los pueblos ecuatorianos, los cercos aymaras a la ciudad de La Paz, en Bolivia, hasta los enfrentamientos directos de los mapuches contra las empresas forestales que buscan despojarlos de sus recursos naturales.

En estas luchas los pueblos indígenas en lugar de recurrir a sofisticadas teorías políticas para armar sus discursos recuperan su memoria histórica para fundamentar sus demandas y sus prácticas políticas, lo cual le da un toque distintivo, simbólico si se quiere, de los nuevos movimientos indígenas. Los pueblos indígenas de México recuperan la memoria de Emiliano Zapata, el incorruptible general del Ejército del Sur durante la revolución de 1910-17, cuya demanda central fue la restitución de las tierras usurpadas a los pueblos por los hacendados; los colombianos recuperan el programa y las andanzas de Manuel Quintín Lame; los andinos de Perú, Ecuador y Bolivia traen al presente las rebeliones de Tupac Amaru, Tupac Katari y Bartolina Sisa, durante la colonia y la del Willka Pablo Zarate durante la época republicana; mientras los mapuches chilenos recuperan a Lautaro, que opuso resistencia a la invasión española. Héroes locales y nacionales vuelven a hacerse presentes en la lucha para guiar a sus huestes, como si hubieran estado descansando, esperando el mejor momento para volver a la lucha.

Junto a su memoria histórica los pueblos indígenas vuelven la vista a lo que tienen para hacerse fuertes. Desilusionados o desconfiados de las organizaciones políticas tradicionales retoman las de ellos: sus sistemas de cargos. Por eso quienes desconocen sus formas propias de organización llegan a afirmar que actúan de manera anárquica, que así no se puede, que con ello contribuyen a la dispersión y eso es un mal ejemplo para la unidad de los oprimidos, explotados y excluidos. Pero los pueblos saben lo que les conviene y sus formas organizativas les han funcionado por años sin importar que otros no las compartan. Por eso las practican y las fortalecen, adaptándolas a sus necesidades.

Claro, para avanzar hacia formas de lucha más amplias buscan trascender sus propias formas de organización, que la mayoría de las veces son locales. Y justo aquí es en donde entra el peligro de suplantar a los pueblos indígenas como sujetos de la construcción de los procesos autonómicos, porque en ese eslabón entre lo local, lo regional y lo nacional muchas organizaciones indígenas se apartan de la participación colectiva de las comunidades y en lugar de dispersar el poder para que todos participen en su ejercicio y controlen el uso que otros hacen de él, crean estructuras paralelas a las de los pueblos indígenas y actúan en su nombre como si fueran lo mismo, lo que constituye una salida falsa que aunque en el corto plazo puede traer algunas ventajas, a la larga también puede convertirse en un gran problema, pues se trata de posturas que no responden a una visión indígena de la organización sino a prácticas ajenas a los pueblos y sus comunidades.

Sólo los pueblos y las comunidades indígenas pueden evitar la tentación de que las organizaciones indígenas los suplanten. Una forma de hacerlo podría ser que se deslindara claramente entre la organización indígena propiamente dicha –la que responde a las estructuras propias de las comunidades– y la organización de indígenas, que no responde a la realidad organizativa indígena sino a las necesidades de hacerse escuchar en el ámbito regional o nacional. Ambos tipos de organizaciones no son excluyentes pero las segundas deben tener cuidado de que siempre y en todo momento el eje de la autonomía recaiga en las primeras y las otras les sirvan de apoyo. Si este último caso se presentara estaríamos ante un nuevo caso de subordinación y lo peor es que sería con el discurso de ayudar a los pueblos indígenas a alcanzar su liberación.

Lo mismo vale para los miembros de ellas y algunos de sus líderes. La sociedad nacional, ansiosa de tener interlocutores “válidos” dentro de las comunidades indígenas, muchas veces intenta convertir –y a veces lo logra– en líderes a los indígenas que por una u otra razón han trascendido las barreras comunitarias, sobre todo aquellos que por haber accedido a estudios superiores se han convertido en ‘intelectuales orgánicos’ de sus comunidades. Cuando esto sucede se crean líderes que pueden tener mucha presencia nacional pero que en las comunidades muchas veces no tienen ningún reconocimiento porque no cumplen sus obligaciones y a veces hasta están en contra de ellas. La historia reciente de los movimientos indígenas tiene muchos ejemplos de esto, que también opera contra la construcción de procesos autonómicos.

Mención aparte merecen aquellas organizaciones que se han constituido conforme a las reglas que los Estados que niegan las autonomías han diseñado para la participación política y desde ahí luchan junto con los movimientos indígenas por la construcción de la autonomía. Al aceptar las reglas del juego impuestas desde el Estado y ceñir sus actos a ellos no pueden ser, propiamente hablando, movimientos autonomistas, cuando más aliados de aquellos. De ese tipo de organizaciones existen en todos los países, desde México hasta Chile. Se trata de organizaciones o partidos políticos que apuestan a ocupar puestos administrativos en la institucionalidad gubernamental y desde ahí transformarlas, cosa que se antoja difícil, pues lo que más se ha visto es que el Estado los transforma a ellos. Como dijo un indígena mexicano, quieren montarse en un caballo viejo y cansado que lleva un rumbo equivocado y así no se va a ningún lado.

Con estas organizaciones se debe tener mucho cuidado. Mientras mantengan la congruencia entre su discurso y su práctica no existe ningún problema de tejer alianzas con ellas, pero la experiencia enseña que cuando se incorporan a las instituciones gubernamentales abandonan la lucha y se alejan de sus antiguos compañeros –caso en el que solo hay que lamentar la pérdida de antiguos compañeros– o continúan actuando como si nada hubiera pasado cuando en realidad ellos ya operan más como agentes del Estado que como líderes indígenas. Estas prácticas ya llevan años con diferentes matices y resultados en todos los países. Tal vez el más lamentable sea el de México, donde los líderes que al principio impulsaron la lucha por la autonomía indígena terminaron diseñando las políticas públicas de un gobierno de derecha. Otro caso emblemático es el del movimiento ecuatoriano, que en el año 2003 se alió a un ala militar para arribar al poder pero al poco tiempo lo abandonaron porque les pareció que desde ahí no se podían conseguir sus objetivos. Ellos, a diferencia de los mexicanos, han formulado una autocrítica y han llegado a la conclusión de que ‘nunca fueron mas débiles que cuando estuvieron en el poder’. A partir de esa autocrítica, la CONAIE resolvió no participar más en elecciones pues, en sus propias palabras, ‘corren el riesgo de ganar’.

REFLEXIONES FINALES

Todo lo que hasta aquí se ha dicho sobre las autonomías indígenas y su paso de ser demanda de reconocimiento constitucional a proceso de construcción, tiene como trasfondo, como se dijo al principio, explicar la raíz del problema que, según se ha argumentado, es la condición de colonialismo interno en que viven los pueblos indígenas en los Estados de los que forman parte. Se trata de una situación que ni la igualdad jurídica de los ciudadanos pregonada por el liberalismo decimonónico, ni las políticas indigenistas impulsadas por los diversos Estados latinoamericanos durante todo el siglo xx fueron capaces de resolver porque no iban a la raíz del problema que, según se aprecia ahora, pasa por el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, pero también por la refundación de los Estados para corregir sus anomalías históricas de considerarse monoculturales en sociedades multiculturales.

¿A dónde nos van a conducir los procesos de construcción de las autonomías indígenas en América Latina? Es una pregunta a la que nadie puede dar respuesta porque no la tienen los movimientos sociales. Los actores de este drama se trazan su horizonte utópico pero que lo logren no depende enteramente de ellos sino de muy diversos factores, la mayoría de ellos fuera de su control. De lo que sí podemos estar seguros es que el problema no encontrará solución en la situación en que actualmente se encuentran los Estados y por eso las luchas de los pueblos indígenas por su autonomía no tienen retorno. Ni la guerrilla zapatista en el Estado mexicano, ni los autogobiernos indígenas de Colombia o las luchas de los pueblos andinos o mapuches tendrán solución de fondo si los Estados nacionales donde se presentan no se refundan. Pero también es cierto que los Estados no se refundarán sin tomar en serio a sus pueblos indígenas. El reto entonces es en doble sentido: los Estados nacionales deben refundarse tomando en cuenta a sus pueblos indígenas y éstos deberían incluir dentro de sus utopías el tipo de Estado que necesitan y luchar por él. De eso se tratan las autonomías indígenas y las luchas por construirlas.

Por eso hay que celebrar que muchos pueblos y comunidades indígenas hayan decidido no esperar pasivamente a que los cambios vengan de fuera y se hayan enrolado en la construcción de gobiernos autónomos, desatando procesos donde se ensayan nuevas formas de entender el derecho, imaginan otras maneras de ejercer el poder y construyen otros tipos de ciudadanías. De acuerdo con estas ideas el derecho se mide más que por la eficacia de la norma que lo regula, por la legitimidad de quien lo reclama; el poder tiene sentido en la medida en que quien lo detenta lo reparta entre todo el grupo hasta el grado de que a él no le cree privilegios, que es en lo que se traduce el famoso “mandar obedeciendo” zapatista; y la ciudadanía, es decir, la característica que da sustento al ejercicio de los derechos políticos, no se mide por alcanzar determinada edad sino porque se está en actitud de asumir compromisos sociales y se cumple con la comunidad, cualidad muy propia de las comunidades indígenas en México.

El final de estos procesos nadie lo conoce. Lo que sí es cierto es que no tienen vuelta al pasado.

 

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