EL EXTRACTIVISMO ES DEVASTACIÓN. RIQUEZA PARA POCOS, MISERIA PARA MUCHOS. “LO QUE LA MINA NOS DEJÓ” #DOCUMENTAL

/Paradoxa CML

Los ejemplos son múltiples globalmente, en Latinoamérica incluido el territorio mexicano el extractivismo ha causado una devastación ambiental y social irreversible. La extracción de minerales e hidrocarburos genera riquezas económicas para unos pocos a cambio de destrucción ecológica, daños a la salud de las comunidades y violencia social.

Esta evidencia audiovisual de los negativos impactos derivados de la minería en el pueblo de San Miguel Ixtahuacán en Guatemala, amerita ser un llamado a la conciencia humana para revalorar la vida y el curso histórico de la civilización, para el cual la relación entre la sociedad y la naturaleza es ineludible.

«…Explotaron el oro debajo de nuestras tierras y ahora nos quedamos afectados, nuestros nacimientos de agua, nuestras casas rajadas, con enfermedad en la piel y ahora la empresa se va a tener que retirar de aquí, ellos con una buena ganancia que se llevaron de San Miguel para Canadá y nosotros ahora, nos quedamos con los daños que ellos ya dejaron provocado…»

Gregoria Crisanta Pérez San Miguel Ixtahucán, San Marcos.

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CORRUPCIÓN QUE MATA

/ Open Society Justice Iniciative

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EN 2016, OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos publicaron Atrocidades innegables, un informe que demuestra que hay una base razonable para creer que las fuerzas federales mexicanas y miembros del cartel de los Zetas han perpetrado crímenes de lesa humanidad. El informe examinó las razones por las cuales hay tanta impunidad para estos crímenes y concluyó que el impedimento principal para la rendición de cuentas es la obstrucción política que existe a múltiples niveles.

Casi tres años después, la situación en México se ha deteriorado aún más. En 2017, México experimentó su año más violento en dos décadas, con más de 25,000 homicidios (superando, incluso las cifras de 2011). Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en México han sido reportadas en los últimos seis años. La tortura sigue siendo una práctica rutinaria y “generalizada” a nivel estatal y federal – un hecho reafirmado a comienzos de 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

La rendición de cuenta para estos crímenes es casi nula. De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos.

La impunidad se vuelve un enorme problema a medida que es más evidente que los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos. En México, la corrupción ha sido reconocida desde hace tiempo como endémica y su paulatina proliferación ha inspirado en los últimos años una notable lucha ciudadana para combatirla. Sin embargo, se ha prestado menos atención a cómo los actos de corrupción, algunos de ellos descritos en este informe, han contribuido de manera particular a los crímenes atroces. De hecho, a lo largo de los últimos dos años, la creciente evidencia de colusión entre funcionarios estatales y municipales en crímenes de lesa humanidad cometidos por los cárteles hace surgir la interrogante acerca de si ha habido una colusión sistémica entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México. Estos patrones de corrupción no solo son corrosivos a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica y el desarrollo equitativo, sino que también son mortales. Es el tipo de corrupción que mata.

La violencia extraordinaria que México sufre y las preguntas que surgen sobre la colusión entre actores estatales y el crimen organizado, exigen una respuesta proporcional con la dimensión y la gravedad del problema. México necesita un mecanismo internacional, basado en el país, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir, los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos. Este mecanismo podrá complementar y apoyar ciertos procedimientos penales genuinos, a nivel estatal y federal, a través de asistencia técnica, abriendo el camino para incrementar los niveles de rendición de cuentas en todo el país. Si la impunidad continua, y México no se compromete a la creación de este tipo de mecanismo, otros organismos internacionales, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (que ya ha recibido numerosas comunicaciones por parte de ONGs) podrían intervenir. Sin embargo, de acuerdo con el principio de complementariedad del Estatuto de Roma, la principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano que debe investigar y perseguir estos crímenes. La asistencia y la participación internacional son componentes esenciales para garantizar la independencia de las investigaciones y reestablecer la confianza del público en el sistema de justicia penal mexicano.

ESTE INFORME TIENE TRES OBJETIVOS. En primer lugar, proporciona indicadores clave para mostrar cómo, al final del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, los crímenes violentos han aumentando en todo México. Aunque al inicio de su mandato Peña Nieto prometió cambiar la estrategia de militarización de su predecesor y contener la escalada de violencia en México, su administración ha mantenido el mismo enfoque militarizado de una mortal y mal concebida “guerra contra las drogas”, mientras continúa apuntando a los líderes de los cárteles. Como resultado de estas políticas, los últimos seis años han sido más letales para los civiles mexicanos. A lo largo de 2016 y 2017, los homicidios no solo superaron las cifras históricas de 2011, sino que se extendieron por más áreas del país. El número de desapariciones reportadas oficialmente también aumentó en este tiempo, nuevamente excediendo las cifras de 2011. Los grupos del crimen organizado continúan practicando la tortura como táctica de terror e intimidación, al igual que la policía y otras autoridades de investigación quienes la utilizan para forzar “confesiones”, extraer información o imponer castigos extrajudiciales. El número de casos procesados y de condenas se ha mantenido constantemente bajo para todos estos crímenes.

En segundo lugar, en el informe se analiza evidencia fiable que sugiere la colusión de ciertos funcionarios públicos en el estado de Coahuila en la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los Zetas. En particular, se analizan detalladamente dos de los episodios más brutales perpetrados por los Zetas en Coahuila durante el apogeo de su poder: el asesinato de aproximadamente 300 hombres, mujeres y niños en el municipio norteño de Allende y pueblos cercanos (incluyendo, Piedras Negras) durante un período de tres días en 2011; y la desaparición y el asesinato de aproximadamente 150 personas dentro de los muros de la prisión de Piedras Negras durante el período 2009-2012, cuando la prisión sirvió como centro de operaciones de los Zetas.

Situado en la región norte de México, directamente al sur de la frontera con Estados Unidos, Coahuila es un “narcoestado” por excelencia. Desde mucho tiempo dominado políticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Coahuila se convirtió en parte de la fortaleza septentrional de los Zetas en la década de 2000. En un principio, los Zetas se mudaron a Coahuila para reforzar la autoridad del Cartel del Golfo. Sin embargo, una vez en el área, tomaron el control, adquirieron propiedades y actividades comerciales, se casaron con familias locales, monopolizaron actividades ilegales y asesinaron a quienes intentaron resistirse.

En Allende, la abrumadora violencia contra la población civil en marzo de 2011 parece haber sido una forma de venganza de los Zetas quienes creían haber sido traicionados por unos antiguos miembros de su organización. En Piedras Negras, después de obtener el control efectivo del Centro de Reinserción Social (CERESO) el cártel lo utilizó como un campo de exterminio de facto y una base de operaciones para promover su reinado de terror. El presente informe se centra en estos dos incidentes, ya que son indicativos de la escala y la organización de los crímenes cometidos por los Zetas, y debido a la creciente evidencia que existe de que funcionarios públicos pudieron estar coludidos para la comisión de estos crímenes.

Ahora está claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas – por ejemplo, miembros de la policía local – pudieron, por el contrario, haber permitido los homicidios.

Aunque algunos policías locales y empleados penitenciarios han sido arrestados y procesados, la complicidad oficial parece extenderse más allá de estos funcionarios de bajo nivel. De hecho, hay evidencia que indica que al menos algunos altos funcionarios electos sabían de antemano acerca de los crímenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros funcionarios se enteraron de los crímenes mientras ocurrían y no intervinieron o no realizaron las investigaciones adecuadas después de los hechos. Independientemente de la forma, tal corrupción tuvo el mismo resultado mortal.

Ahora se necesita una investigación detallada para responder a las numerosas preguntas planteadas sobre la aparente complicidad de los funcionarios públicos de Coahuila en estos crímenes y, para exponer las redes de corrupción que existen entre ellos, sus colaboradores y el crimen organizado.

El informe vincula el análisis de los ataques en Coahuila con crecientes indicios de que la corrupción, y los crímenes violentos que abriga, se han extendido en varios estados de México, desde Veracruz hasta Tamaulipas, desde Guerrero hasta Chihuahua. De hecho, existen motivos convincentes para creer que la complicidad de funcionarios públicos corruptos en crímenes atroces cometidos por carteles puede ser un patrón generalizado y recurrente. Las razones por las cuales actores estatales o federales deciden coludir con los carteles pueden variar, al igual que los modos de perpetración; no obstante, la colusión misma, de ser probada, señalaría a una responsabilidad penal tanto para actores estatales como no estatales.

En tercer lugar, el informe explica cómo algunas reformas importantes del sistema de justicia penal, en particular la propuesta de una Fiscalía autónoma y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, no garantizan actualmente la independencia institucional necesaria o la competencia para investigar crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios públicos y el crimen organizado. La aparente colusión de funcionarios públicos en la comisión de crímenes atroces, y los fuertes lazos que tienen con otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para investigar de manera independiente estos crímenes por sí solo. Asimismo, como ha sido el caso en otros países, la existencia de un mecanismo de investigación internacional puede contribuir a la consolidación de la independencia de las nuevas instituciones.

EN CONJUNTO, LAS CONTINUAS DEBILIDADES en el sistema de justicia penal de México, así como la influencia corruptora del crimen organizado, reafirman la necesidad urgente de un organismo que pueda investigar de manera competente si los funcionarios públicos y los miembros del cártel participaron en los incidentes analizados en este informe, y cómo lo hicieron, así como las atrocidades y actos de corrupción relacionados cometidos en otras partes de México. En virtud del derecho nacional e internacional, México tiene la obligación de investigar y, cuando las pruebas lo justifiquen, sancionar estos crímenes. Un mecanismo internacional podría comenzar a romper los círculos de impunidad, al emprender sus propias investigaciones, preparar casos para la persecución del delito por iniciativa propia o por parte de la Fiscalía recién creada, y proporcionar asistencia y apoyo técnico que podrían orientar el camino hacia un mayor nivel de rendición de cuentas en todo el país. La participación y el apoyo internacional son esenciales para combatir los bloqueos políticos y los intereses partidistas que actualmente obstaculizan el funcionamiento del sistema penal mexicano. En pocas palabras, México necesita asistencia internacional si realmente se desea que algún día se haga justicia por la corrupción que hace posible la comisión de crímenes atroces.

Informe completo: https://osf.to/2rlXZms

UN SEXENIO CONTRA LA DEMOCRACIA, LA VERDAD, LOS POBRES Y LA NATURALEZA

/ Redacción Paradoxa CML

#LeyDeSeguridad

@monerorape

El sexenio presidencial del 2006-2012 representado por Felipe Calderón es recordado como aquel que desató la alarmante letalidad en calles, caminos, pueblos y ciudades de México a causa de su fallida estrategia de seguridad, o como el gobierno que atentó contra la dignidad de los trabajadores impulsando la reforma laboral. A meses de concluir el sexenio 2012-2018 envestido por Enrique Peña, un recuento de hechos políticos y sociales permite identificar la continuidad no sólo de la guerra sino también del neoliberalismo que propició un país aún más violento en lo social, lo económico y lo ambiental.

En auxilio de la doctrina del shock mediante la guerra y las violaciones a los derechos humanos, la política del Estado mexicano en estos seis años recrudeció sus mecanismos de control privilegiando al saqueo de la riqueza y al mantenimiento de un poder autoritario, para el cual incluso se logró crear un marco jurídico de protección a su actuar, tal es el fin de la reforma energética facilitadora del extractivismo voraz sin dar importancia a los irreversibles daños ambientales derivados del negocio energético, favoreciendo el cambio de uso de suelos, el aprovechamiento del agua y solapando técnicas como el fracking prohibida en otras latitudes por sus negativos impactos a la naturaleza.

Por si fuese poco la afrenta que el gobierno federal lanzó en todo México contra el medio ambiente, impulsando diversos megaproyectos opuestos a la voluntad de las comunidades afectadas, la violencia como respuesta a la organización ciudadana no fue para nada ajena, pues tan sólo en que toca a activistas ambientales se documentan cientos de agresiones diversas en el sexenio. Por si fuese poco, para legitimar aún más la rapiña de la naturaleza se aprobó de espaldas a la sociedad civil una Ley de Biodiversidad que contempla la explotación de Áreas Naturales Protegidas para proyectos lucrativos como la minería y otros megaproyectos.

Esta rapiña ha sido también respaldada por la alarmante Ley de Seguridad Interior bajo la cual corre riesgo la integridad física de activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, sobre todo en un contexto de grave violencia a la información libre, en el que la verdad es silenciada impunemente con la muerte. Dicha ley al potenciar las facultades y proteger acciones de cuerpos coercitivos en contra de civiles, como si fuesen poco los tantos excesos cometidos por fuerzas policiacas y militares, abona gravedad al problema bélico existente en el país.

Aunado a la persecusión del periodismo libre, la desaparición y asesinato de comunicadores, la llamada Ley de telecomunicaciones alentadora de la censura a la información libre, creada colectiva y tradicionalmente en comunidades indígenas, esto para privilegiar la inversión de capitales al espectro radioeléctrico cual mero negocio, de tal manera que los medios de comunicación de uso social ahora se rigen bajo formas procedimentales que restrigen las oportunidades de acceso a las radios comunitarias para operar en la legalidad.

Este panorama restrospectivo se divisa justo en las renegociaciones del Tratado Libre Comercio (TLCAN-NAFTA), ante lo cual resulta evidente el rezago económico, tecnológico, democrático y de respeto a los derechos humanos en el que se encuentra inmerso el territorio mexicano pese a los beneficios obtenidos por Estados Unidos y Canadá. La pobreza económica, la devaluación del peso y la marginación de la agricultura acaparada por el negocio de monocultivos que incentiva el modelo extractivo exportador, heredan un México caótico al que la política del último sexenio no sólo fracasó en solucionar problemas estructurales, sino que agravó la crisis económica, social y ambiental.

En auxilio de leyes, reglamentos y tratados, sea mediante su creación o el reformismo, la corrupción, el autoritarismo y el intervencionismo han salido triunfantes en la dirección de la agenda política del estado mexicano, del cual el sexenio que termina no es mas que un mero continuador de un régimen al que no interesa erradicar la pobreza, la injusticia, el autoritarismo, el que más bien abiertamente se reafirma como enemigo de la democracia, la verdad, los pobres y la naturaleza.

 

COMUNICADO EN DEFENSA DE LOS RÍOS, EL AGUA Y LA VIDA

/ MAPDER

rios

Este 14 de marzo, los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y desplazamiento por los proyectos de presas La Parota Guerrero, El Zapotillo Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina Oaxaca, Las Cruces Nayarit, cuenca de La Antigua Veracruz y al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en cuencas hídricas de Chiapas, hacemos un llamado al pueblo de México de “Volver a la raíz” para celebrar los ríos, luchar contra las represas y fortalecer la organización en defensa de nuestras fuentes de agua, sustento de vida, y de los procesos de resguardo del territorio, pilar que nos une a las generaciones que vienen.

Quienes hacemos este llamamiento venimos caminando y luchando desde hace quince años como Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER y hoy, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida, denunciamos como ayer la gravedad de las afectaciones ambientales y de carácter social que significan dichos proyectos y las agresiones sufridas por la decisión de imponerlos a toda costa pasando sobre la voluntad y el rechazo de pueblos y comunidades. Denunciamos un modelo energético que prioriza la generación de energía y la gestión del agua para las empresas y no para el consumo humano ni para la permanencia de nuestros ecosistemas. Este modelo energético impuesto en México y maquillado con un discurso de “Transición energética” es el causante de la proliferación de proyectos que causan muerte y violencia en nuestros pueblos.

Hemos enfrentado en estos días del año 2018 una escalada de agresión, agravios, hostigamiento y criminalización que incluyen ataques armados, como en el Acapulco Rural donde defendemos y celebramos el río Papagayo en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o la criminalización de defensoras y defensores de Temacapulín, Jalisco, donde protegemos el Río Verde y a comunidades que decimos no a la presa El Zapotillo y al trasvase del agua para especulación y la industria de León, Guanajuato.

Como lo hemos hecho desde el año 2003 y como nuestros predecesores lo hicieron también, exponemos las razones de nuestra inconformidad y demandamos la cancelación definitiva de dichos proyectos.

-Exigimos la libertad de 25 presos integrantes del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota en el penal de Las Cruces, estado de Guerrero.

-Rechazamos las declaraciones oficiales del Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat que buscan imponer el Proyecto Hidroeléctrico Presa Paso de la Reina sobre territorio indígena, mestizo y negro de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca.

-En Chiapas exigimos la cancelación de la ampliación del proyecto Chicoasén y de los proyectos de mini-hidroeléctricas en el río Cuilco en la Sierra de Chiapas. Denunciamos también la implementación de las Zonas Económicas Especiales que se pretenden desarrollar en la frontera de nuestro estado.

-Exigimos también cese la criminalización hacia defensores en la Sierra Norte de Puebla que defienden los ríos y se oponen a la construcción de hidroeléctricas para grandes empresas entre los que se encuentran integrantes del COTIC de Cuetzalan e integrantes del Movimiento en Defensa del Agua y el Territorio y la Vida de CNPA MN y del municipio de Ocotepec.

Nuestra acción tiene como fin esencial la exigibilidad de nuestros derechos que han sido constantemente violados. La visión que rige nuestros movimientos de resistencia tiene por delante no solo la lucha por justicia, democracia y libertad, sino por la vida misma. Nos pronunciamos hermanos y hermanas de las diferentes resistencias a los proyectos de fracking, minería, gasoductos, porque sabemos que estos proyectos son parte de este sistema capitalista devorador.

Reiteramos que mientras continúen tratando de imponer a fuerzas esos proyectos de presas que son rechazados por los pueblos y comunidades campesinas e indígenas, seguirán violándose sistemáticamente los derechos de cientos de miles de mexicanos amenazados con el despojo, el desplazamiento forzado y la devastación de nuestros territorios.

Por las razones expuestas, demandamos la cancelación definitiva de los proyectos de presas que afectan nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos.

Pero además, alertamos a la población acerca de la pretensión gubernamental y de grandes empresarios de imponer en el Congreso legislativo una Ley General de Aguas salvajemente privatizadora y permisiva de la técnica de fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales. También de las Zonas Económicas Especiales y de la Ley de Seguridad Interior, pues estas políticas suponen la legalización del despojo y más ataques a las defensoras y defensores de los derechos humanos, de los pueblos y de la tierra.

Expresamos nuestro total respaldo a las comunidades que exigen la cancelación del proyecto de construcción de la fábrica de cianuro de la transnacional The Chemours Company en la región de La Laguna, norte de México, y exigimos cese la represión y criminalización de la protesta. ¡Basta de sobreexplotación, acaparamiento y contaminación del agua!

Anunciamos que celebraremos el XV aniversario de nuestra lucha durante el XIII Encuentro Nacional MAPDER que de antemano preparamos para los días del 26 al 28 de octubre de 2018 en los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Guerrero, lugar del nacimiento de nuestra resistencia y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y que llevará el nombre de nuestro compañero recientemente fallecido en el estado de Veracruz, Don Juan Zamora González, pionero chinanteco de la lucha antirepresas en México por su defensa comunitaria contra las afectaciones resultantes de la construcción de la presa Cerro de Oro.

Unimos nuestra acción a la defensa de los ríos internacionales, sin represas, nuestra exigencia de respeto a nuestros derechos y por la cancelación de proyectos de presas. Nos solidarizamos con las diferentes manifestaciones que se realizan a lo largo del mundo para hacer más fuerte la lucha contra los proyectos energéticos.

Hoy, transcurren para nosotros quince años de lucha y nuestra exigencia y convicción es la misma, a una voz:

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

¡Nuestras defensoras y nuestros defensores de los ríos, viven!

14 de marzo de 2018

Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos

MAPDER

RECHAZO TOTAL AL FRACKING EN TAMAULIPAS

/ No Fracking Tamaulipas

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Los días 6, 7 y 8 del mes en curso se llevará a cabo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el Foro Oportunidades y Desafíos en el Desarrollo de Petróleo y Gas de Yacimientos No Convencionales organizado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Energía y por el Gobierno de Tamaulipas.

Debido a la complejidad para la explotación de los yacimientos no convencionales se requiere el uso de la técnica de fractura hidráulica, mejor conocida como fracking; se trata de una práctica experimental, insegura y altamente nociva para el ser humano y el ambiente, dado que requiere una gran cantidad de agua; implica la inyección de 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por cada pozo, para extraer hidrocarburos de rocas de muy baja permeabilidad.

Además, el agua usada para fracking se contamina de manera irreversible dado que se mezcla con sustancias químicas -entre 650 y 990-, mismas que pueden provocar múltiples daños a la salud de las personas (como cáncer y mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema nervioso).

Las fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo han contaminado fuentes de agua, el suelo y el aire. Adicionalmente, el fracking presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en buena medida al proceso de calentamiento global. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes desechados, pueden incluso causar sismos. Sus impactos son irreversibles y los daños irreparables.

Dados los riesgos que trae consigo, fractura hidráulica ha sido prohibida y vetada en países como Francia, Bulgaria, Alemania, Irlanda, Suiza, así como en algunas comunidades autónomas de España y en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, las cuales han establecido moratorias y prohibiciones con base en el Principio Precautorio como herramientas jurídicas ante los impactos del fracking.

En el país, los estados que se encuentran bajo la amenaza de llevar a cabo esta tóxica actividad son Tamaulipas, Coahuila, Puebla, Nuevo León, San Luís Potosí, Hidalgo y Veracruz. De concretarse estos planes, el Estado mexicano estará incumpliendo sus obligaciones de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos, al poner en riesgo el medio ambiente, la salud, el agua, la alimentación y la vida de las comunidades de estas zonas y de la población general del país.

Ante este panorama, la Organización Ciudadana No Fracking Tamaulipas y la Alianza Mexicana contra el Fracking, hacemos público nuestro rotundo rechazo a esta nociva práctica y a los intentos del Gobierno Federal de engañar a la ciudadanía exaltando los supuestos beneficios económicos y ventajas de la mencionada técnica mediante la realización de eventos como este próximo Foro. Asimismo, exigimos a los gobiernos federal y estatal un alto inmediato para la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fracking y que se detenga la simulación de que mediante la regulación del proceso la salud del ambiente y de la población estarán garantizados.

PARTIDOCRACIA Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: LA MISMA FALSA DEMOCRACIA

/ Jacobo Mella

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Ante las tiranías y fascismos de los últimos siglos, la historia mundial revira la necesidad de transitar a sociedades democráticas, lejos del autoritarismo con el que unos pocos gobiernan a la humanidad. Pero ese tránsito sucede a paso muy lento y de la democracia se hace teatro, farsa.

En los festines electoreros vemos como el ultraderechismo incursiona y triunfa proclamando ideas y acciones bélicas y ecocidas, perpetuadoras del intervencionismo, enemigas de la libertad. Y en las urnas donde la disidencia ejerce el aclamado derecho del voto, no vale si no legitima el orden económico y político existente, para ejemplo reciente el intento separatista de Catalunya mediante referéndum el cual ha sido desconocido y criminalizado por el estado español.

Sobre México hay mucho que decir en este tema. El caudillismo postrevolucionario, la élite política de las primeras décadas hizo posible la conformación de un partido único que a lo largo de un siglo fungió como partido de estado, pese a su intermitencia en el gobierno federal, el debilitamiento del PRI como fuerza electoral está demostrado no ha sucedido; ahora hay muchos partidos pero eso no soluciona nada, al mal ya habido se suma el de la partidocracia, del que no merece ser excluido ninguno de los tantos vividores del dinero público.

Y ahora como para despistar tanta mala fama partidocrática y procesos electorales fraudulentos se defiende a las candidaturas independientes como el remedio de todos los males. De este nuevo medio de participación hemos visto el éxodo de muchos que dicen estar deslindados del cáncer partidista y su corrupción característica, también ha ocurrido que ahora los caciques y magnates millonarios pueden promover con este recurso sus intereses más accesiblemente.

Para las elecciones del 2018 seguro tendremos tantas candidaturas independientes como partidistas, para la presidencial tal vez aparezca en la boleta la candidata del Congreso Nacional Indígena, mientras se recaban firmas para lograrlo dirige un discurso en el que visibiliza la opresión contra los pueblos indígenas, aclarando que no se busca la toma del poder.

Siempre ha sido loable la lucha de los pueblos indígenas contra el despojo y la injusticia en sus territorios, el Congreso Nacional Indígena es prueba que en las últimas décadas esa lucha ya no ha sido aislada, el hecho que ahora perfilen una candidata representante de su causa es sin duda histórico, en un contexto de inmenso y coherente escepticismo hacia el sistema electoral e institucional del estado mexicano.

 

 

ANTE LA INCURSIÓN DEL FRACKING EN LOS TERRITORIOS: RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN

/ Redacción Paradoxa CML

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El petróleo y los hidrocarburos siguen destacando hoy en día como fuentes energéticas que sostienen la civilización, por ello son también fuente de poder geopolítico y económico. Sin embargo la exigencia cada vez mayor de energía fósil requerida para alimentar el modelo productivo capitalista y un estilo de vida contemporánea derivado de este, ha conducido hacia un colapso ambiental y social global que ha transformado violentamente el mundo atentando contra ecosistemas de los que depende la supervivencia de la especie humana y otros seres vivos.

Si de por sí la extracción petrolera como fuente de energía suprema desde hace más de una centuria, tras la invención de la geología del petróleo y del motor de combustión interna, los impactos ambientales resultantes tales como la contaminación atmosférica, el calentamiento global, derrames en mares, ríos, etc., han sido alarmas suficientes que indican la urgencia de transitar hacia otro modelo energético no basado en el petróleo y por tanto no promotor de la destrucción planetaria, pese a esto actualmente el extractivismo del petróleo y de hidrocarburos como el gas están en repunte, aunque ahora mediante un método extractivo más peligroso, con consecuencias fatales e irreversibles para el medio ambiente y la vida humana y no humana: el fracking.

El fracking o fractura hidráulica consiste en la perforación vertical de pozos para extraer petróleo o gas natural atrapado en formaciones rocosas poco permeables, para lograrlo se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y cientos de sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de de hidrocarburos a los poros. Entre las sustancias potencialmente tóxicas utilizadas para el fracking se cuentan: destilados de petróleo como kerosene y gasoil (el cual contiene benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, naftaleno y otros productos químicos), hidrocarburos aromáticos policíclicos PAH, metanol, formaldehído, etilene glicol, ethers de glicol, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio; el contacto del organismo humano con estos químicos se extiende a enfermedades cancerígenas, así como impactos en los sistemas neurológicos, inmunológicos y reproductivos.

Además la contaminación de ríos, mares, lagos y aguas profundas es otra de las consecuencias fatales del fracking, pues al depender la vida del agua el envenenamiento por su consumo es uno de los efectos letales que sufren los habitantes y animales de zonas cercanas a las áreas de explotación. La improductividad de tierras de cultivo y ganadería es otro daño, además la adquisición de espacios para su ejecución va ligada a la desposesión y la privatización, aunado a esto la perforación mediante fractura hidráulica propicia sismos que vuelven aún más catastróficos sus impactos, incluso en lugares sin histórica actividad sísmica.

Como una maniobra más de la economía global para acumular riqueza, el fracking se ha lanzado mundialmente a través de una ofensiva extractivista que agudiza los ya existentes conflictos socioambientales y genera otros nuevos. En este proceso el territorio mexicano no ha quedado fuera del negocio, al contrario distintos gobiernos han incentivado prácticas extractivas que favorecen a empresas trasnacionales y nacionales en perjuicio de las comunidades, los derechos humanos y la protección ambiental; particularmente la Reforma Energética implementada durante el sexenio actual ha abierto la puerta al establecimiento e intensificación del neoextractivismo del que forma parte el sector energético y el fracking.

El fracking desde hace años se ha venido implantando de manera sigilosa, sin la consulta ciudadana, incluso algunos de sus efectos se han presentado en los territorios donde ya se implementa, en Nuevo León y Tamaulipas por ejemplo ya se han registrado sismos cuya causa apunta a ser el fracking, también en ejidos de San Fernando, Tamaulipas campesinos han denunciado la afectación de productividad en tierras agrícolas. Además de estos dos estados del noreste mexicano, otras entidades como Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Oaxaca también se encuentran bajo la amenaza de esta técnica extractiva.

Sin embargo, ante la imposición ha habido reacción, resistencias acompañadas de la organización colectiva que luchan por territorios libres de fracking, por un sí a la vida y no al extractivismo de despojo y muerte. De esta manera ante el ecocidio que promete la fractura hidráulica organizaciones campesinas y ambientalistas en distintas latitudes han hecho pública y legal la defensa del territorio, en Nuevo León donde hay bajo amenaza del fracking 21 municipios, ciudadanía preocupada por los problemas socioambientales y la insensibilidad de los gobiernos ante estas problemáticas, ha conformado el Movimiento Ambientalista en Defensa de la Madre Tierra y de la Vida para demandar un No al fracking en Nuevo León ni en ningún lado, en una lucha que amerita sumar voluntades día a día son más las personas que alertadas de los riesgos inminentes del fracking se oponen y se organizan.

Junto al fracking el uso de aguas para su realización es un componente que también llama la atención en Nuevo León, pues en este contexto se busca implementar distintos megaproyectos hidráulicos que más allá del abasto para consumo humano busca proveer a la industria pesada y por supuesto al fracking. De por sí el uso de agua y la explotación de pozos profundos en el estado para beneficios privados es una problemática que evidencia el lucrativo negocio que representan recursos naturales para las empresas, con todo y sus costos socioambientales.

En este contexto el horizonte de la defensa del medio ambiente y la vida se perfila optimista en tanto que la prohibición del fracking en municipios mexicanos como Xilitla, Tanlajás en San Luis Potosí, Tlapacoyan en Veracruz, así como en otras localidades del mundo se ha logrado gracias a la resistencia y la organización ciudadana, demostrando además que la voracidad capitalista y la devastación ambiental puede ser desafiada exitosamente, lograrlo es una tarea colectiva que se amerita realizar y potenciar.