EL EXTRACTIVISMO ES DEVASTACIÓN. RIQUEZA PARA POCOS, MISERIA PARA MUCHOS. “LO QUE LA MINA NOS DEJÓ” #DOCUMENTAL

/Paradoxa CML

Los ejemplos son múltiples globalmente, en Latinoamérica incluido el territorio mexicano el extractivismo ha causado una devastación ambiental y social irreversible. La extracción de minerales e hidrocarburos genera riquezas económicas para unos pocos a cambio de destrucción ecológica, daños a la salud de las comunidades y violencia social.

Esta evidencia audiovisual de los negativos impactos derivados de la minería en el pueblo de San Miguel Ixtahuacán en Guatemala, amerita ser un llamado a la conciencia humana para revalorar la vida y el curso histórico de la civilización, para el cual la relación entre la sociedad y la naturaleza es ineludible.

«…Explotaron el oro debajo de nuestras tierras y ahora nos quedamos afectados, nuestros nacimientos de agua, nuestras casas rajadas, con enfermedad en la piel y ahora la empresa se va a tener que retirar de aquí, ellos con una buena ganancia que se llevaron de San Miguel para Canadá y nosotros ahora, nos quedamos con los daños que ellos ya dejaron provocado…»

Gregoria Crisanta Pérez San Miguel Ixtahucán, San Marcos.

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CORRUPCIÓN QUE MATA

/ Open Society Justice Iniciative

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EN 2016, OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos publicaron Atrocidades innegables, un informe que demuestra que hay una base razonable para creer que las fuerzas federales mexicanas y miembros del cartel de los Zetas han perpetrado crímenes de lesa humanidad. El informe examinó las razones por las cuales hay tanta impunidad para estos crímenes y concluyó que el impedimento principal para la rendición de cuentas es la obstrucción política que existe a múltiples niveles.

Casi tres años después, la situación en México se ha deteriorado aún más. En 2017, México experimentó su año más violento en dos décadas, con más de 25,000 homicidios (superando, incluso las cifras de 2011). Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en México han sido reportadas en los últimos seis años. La tortura sigue siendo una práctica rutinaria y “generalizada” a nivel estatal y federal – un hecho reafirmado a comienzos de 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

La rendición de cuenta para estos crímenes es casi nula. De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos.

La impunidad se vuelve un enorme problema a medida que es más evidente que los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos. En México, la corrupción ha sido reconocida desde hace tiempo como endémica y su paulatina proliferación ha inspirado en los últimos años una notable lucha ciudadana para combatirla. Sin embargo, se ha prestado menos atención a cómo los actos de corrupción, algunos de ellos descritos en este informe, han contribuido de manera particular a los crímenes atroces. De hecho, a lo largo de los últimos dos años, la creciente evidencia de colusión entre funcionarios estatales y municipales en crímenes de lesa humanidad cometidos por los cárteles hace surgir la interrogante acerca de si ha habido una colusión sistémica entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México. Estos patrones de corrupción no solo son corrosivos a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica y el desarrollo equitativo, sino que también son mortales. Es el tipo de corrupción que mata.

La violencia extraordinaria que México sufre y las preguntas que surgen sobre la colusión entre actores estatales y el crimen organizado, exigen una respuesta proporcional con la dimensión y la gravedad del problema. México necesita un mecanismo internacional, basado en el país, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir, los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos. Este mecanismo podrá complementar y apoyar ciertos procedimientos penales genuinos, a nivel estatal y federal, a través de asistencia técnica, abriendo el camino para incrementar los niveles de rendición de cuentas en todo el país. Si la impunidad continua, y México no se compromete a la creación de este tipo de mecanismo, otros organismos internacionales, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (que ya ha recibido numerosas comunicaciones por parte de ONGs) podrían intervenir. Sin embargo, de acuerdo con el principio de complementariedad del Estatuto de Roma, la principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano que debe investigar y perseguir estos crímenes. La asistencia y la participación internacional son componentes esenciales para garantizar la independencia de las investigaciones y reestablecer la confianza del público en el sistema de justicia penal mexicano.

ESTE INFORME TIENE TRES OBJETIVOS. En primer lugar, proporciona indicadores clave para mostrar cómo, al final del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, los crímenes violentos han aumentando en todo México. Aunque al inicio de su mandato Peña Nieto prometió cambiar la estrategia de militarización de su predecesor y contener la escalada de violencia en México, su administración ha mantenido el mismo enfoque militarizado de una mortal y mal concebida “guerra contra las drogas”, mientras continúa apuntando a los líderes de los cárteles. Como resultado de estas políticas, los últimos seis años han sido más letales para los civiles mexicanos. A lo largo de 2016 y 2017, los homicidios no solo superaron las cifras históricas de 2011, sino que se extendieron por más áreas del país. El número de desapariciones reportadas oficialmente también aumentó en este tiempo, nuevamente excediendo las cifras de 2011. Los grupos del crimen organizado continúan practicando la tortura como táctica de terror e intimidación, al igual que la policía y otras autoridades de investigación quienes la utilizan para forzar “confesiones”, extraer información o imponer castigos extrajudiciales. El número de casos procesados y de condenas se ha mantenido constantemente bajo para todos estos crímenes.

En segundo lugar, en el informe se analiza evidencia fiable que sugiere la colusión de ciertos funcionarios públicos en el estado de Coahuila en la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los Zetas. En particular, se analizan detalladamente dos de los episodios más brutales perpetrados por los Zetas en Coahuila durante el apogeo de su poder: el asesinato de aproximadamente 300 hombres, mujeres y niños en el municipio norteño de Allende y pueblos cercanos (incluyendo, Piedras Negras) durante un período de tres días en 2011; y la desaparición y el asesinato de aproximadamente 150 personas dentro de los muros de la prisión de Piedras Negras durante el período 2009-2012, cuando la prisión sirvió como centro de operaciones de los Zetas.

Situado en la región norte de México, directamente al sur de la frontera con Estados Unidos, Coahuila es un “narcoestado” por excelencia. Desde mucho tiempo dominado políticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Coahuila se convirtió en parte de la fortaleza septentrional de los Zetas en la década de 2000. En un principio, los Zetas se mudaron a Coahuila para reforzar la autoridad del Cartel del Golfo. Sin embargo, una vez en el área, tomaron el control, adquirieron propiedades y actividades comerciales, se casaron con familias locales, monopolizaron actividades ilegales y asesinaron a quienes intentaron resistirse.

En Allende, la abrumadora violencia contra la población civil en marzo de 2011 parece haber sido una forma de venganza de los Zetas quienes creían haber sido traicionados por unos antiguos miembros de su organización. En Piedras Negras, después de obtener el control efectivo del Centro de Reinserción Social (CERESO) el cártel lo utilizó como un campo de exterminio de facto y una base de operaciones para promover su reinado de terror. El presente informe se centra en estos dos incidentes, ya que son indicativos de la escala y la organización de los crímenes cometidos por los Zetas, y debido a la creciente evidencia que existe de que funcionarios públicos pudieron estar coludidos para la comisión de estos crímenes.

Ahora está claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas – por ejemplo, miembros de la policía local – pudieron, por el contrario, haber permitido los homicidios.

Aunque algunos policías locales y empleados penitenciarios han sido arrestados y procesados, la complicidad oficial parece extenderse más allá de estos funcionarios de bajo nivel. De hecho, hay evidencia que indica que al menos algunos altos funcionarios electos sabían de antemano acerca de los crímenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros funcionarios se enteraron de los crímenes mientras ocurrían y no intervinieron o no realizaron las investigaciones adecuadas después de los hechos. Independientemente de la forma, tal corrupción tuvo el mismo resultado mortal.

Ahora se necesita una investigación detallada para responder a las numerosas preguntas planteadas sobre la aparente complicidad de los funcionarios públicos de Coahuila en estos crímenes y, para exponer las redes de corrupción que existen entre ellos, sus colaboradores y el crimen organizado.

El informe vincula el análisis de los ataques en Coahuila con crecientes indicios de que la corrupción, y los crímenes violentos que abriga, se han extendido en varios estados de México, desde Veracruz hasta Tamaulipas, desde Guerrero hasta Chihuahua. De hecho, existen motivos convincentes para creer que la complicidad de funcionarios públicos corruptos en crímenes atroces cometidos por carteles puede ser un patrón generalizado y recurrente. Las razones por las cuales actores estatales o federales deciden coludir con los carteles pueden variar, al igual que los modos de perpetración; no obstante, la colusión misma, de ser probada, señalaría a una responsabilidad penal tanto para actores estatales como no estatales.

En tercer lugar, el informe explica cómo algunas reformas importantes del sistema de justicia penal, en particular la propuesta de una Fiscalía autónoma y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, no garantizan actualmente la independencia institucional necesaria o la competencia para investigar crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios públicos y el crimen organizado. La aparente colusión de funcionarios públicos en la comisión de crímenes atroces, y los fuertes lazos que tienen con otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para investigar de manera independiente estos crímenes por sí solo. Asimismo, como ha sido el caso en otros países, la existencia de un mecanismo de investigación internacional puede contribuir a la consolidación de la independencia de las nuevas instituciones.

EN CONJUNTO, LAS CONTINUAS DEBILIDADES en el sistema de justicia penal de México, así como la influencia corruptora del crimen organizado, reafirman la necesidad urgente de un organismo que pueda investigar de manera competente si los funcionarios públicos y los miembros del cártel participaron en los incidentes analizados en este informe, y cómo lo hicieron, así como las atrocidades y actos de corrupción relacionados cometidos en otras partes de México. En virtud del derecho nacional e internacional, México tiene la obligación de investigar y, cuando las pruebas lo justifiquen, sancionar estos crímenes. Un mecanismo internacional podría comenzar a romper los círculos de impunidad, al emprender sus propias investigaciones, preparar casos para la persecución del delito por iniciativa propia o por parte de la Fiscalía recién creada, y proporcionar asistencia y apoyo técnico que podrían orientar el camino hacia un mayor nivel de rendición de cuentas en todo el país. La participación y el apoyo internacional son esenciales para combatir los bloqueos políticos y los intereses partidistas que actualmente obstaculizan el funcionamiento del sistema penal mexicano. En pocas palabras, México necesita asistencia internacional si realmente se desea que algún día se haga justicia por la corrupción que hace posible la comisión de crímenes atroces.

Informe completo: https://osf.to/2rlXZms

UN SEXENIO CONTRA LA DEMOCRACIA, LA VERDAD, LOS POBRES Y LA NATURALEZA

/ Redacción Paradoxa CML

#LeyDeSeguridad

@monerorape

El sexenio presidencial del 2006-2012 representado por Felipe Calderón es recordado como aquel que desató la alarmante letalidad en calles, caminos, pueblos y ciudades de México a causa de su fallida estrategia de seguridad, o como el gobierno que atentó contra la dignidad de los trabajadores impulsando la reforma laboral. A meses de concluir el sexenio 2012-2018 envestido por Enrique Peña, un recuento de hechos políticos y sociales permite identificar la continuidad no sólo de la guerra sino también del neoliberalismo que propició un país aún más violento en lo social, lo económico y lo ambiental.

En auxilio de la doctrina del shock mediante la guerra y las violaciones a los derechos humanos, la política del Estado mexicano en estos seis años recrudeció sus mecanismos de control privilegiando al saqueo de la riqueza y al mantenimiento de un poder autoritario, para el cual incluso se logró crear un marco jurídico de protección a su actuar, tal es el fin de la reforma energética facilitadora del extractivismo voraz sin dar importancia a los irreversibles daños ambientales derivados del negocio energético, favoreciendo el cambio de uso de suelos, el aprovechamiento del agua y solapando técnicas como el fracking prohibida en otras latitudes por sus negativos impactos a la naturaleza.

Por si fuese poco la afrenta que el gobierno federal lanzó en todo México contra el medio ambiente, impulsando diversos megaproyectos opuestos a la voluntad de las comunidades afectadas, la violencia como respuesta a la organización ciudadana no fue para nada ajena, pues tan sólo en que toca a activistas ambientales se documentan cientos de agresiones diversas en el sexenio. Por si fuese poco, para legitimar aún más la rapiña de la naturaleza se aprobó de espaldas a la sociedad civil una Ley de Biodiversidad que contempla la explotación de Áreas Naturales Protegidas para proyectos lucrativos como la minería y otros megaproyectos.

Esta rapiña ha sido también respaldada por la alarmante Ley de Seguridad Interior bajo la cual corre riesgo la integridad física de activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, sobre todo en un contexto de grave violencia a la información libre, en el que la verdad es silenciada impunemente con la muerte. Dicha ley al potenciar las facultades y proteger acciones de cuerpos coercitivos en contra de civiles, como si fuesen poco los tantos excesos cometidos por fuerzas policiacas y militares, abona gravedad al problema bélico existente en el país.

Aunado a la persecusión del periodismo libre, la desaparición y asesinato de comunicadores, la llamada Ley de telecomunicaciones alentadora de la censura a la información libre, creada colectiva y tradicionalmente en comunidades indígenas, esto para privilegiar la inversión de capitales al espectro radioeléctrico cual mero negocio, de tal manera que los medios de comunicación de uso social ahora se rigen bajo formas procedimentales que restrigen las oportunidades de acceso a las radios comunitarias para operar en la legalidad.

Este panorama restrospectivo se divisa justo en las renegociaciones del Tratado Libre Comercio (TLCAN-NAFTA), ante lo cual resulta evidente el rezago económico, tecnológico, democrático y de respeto a los derechos humanos en el que se encuentra inmerso el territorio mexicano pese a los beneficios obtenidos por Estados Unidos y Canadá. La pobreza económica, la devaluación del peso y la marginación de la agricultura acaparada por el negocio de monocultivos que incentiva el modelo extractivo exportador, heredan un México caótico al que la política del último sexenio no sólo fracasó en solucionar problemas estructurales, sino que agravó la crisis económica, social y ambiental.

En auxilio de leyes, reglamentos y tratados, sea mediante su creación o el reformismo, la corrupción, el autoritarismo y el intervencionismo han salido triunfantes en la dirección de la agenda política del estado mexicano, del cual el sexenio que termina no es mas que un mero continuador de un régimen al que no interesa erradicar la pobreza, la injusticia, el autoritarismo, el que más bien abiertamente se reafirma como enemigo de la democracia, la verdad, los pobres y la naturaleza.

 

COMUNICADO EN DEFENSA DE LOS RÍOS, EL AGUA Y LA VIDA

/ MAPDER

rios

Este 14 de marzo, los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y desplazamiento por los proyectos de presas La Parota Guerrero, El Zapotillo Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina Oaxaca, Las Cruces Nayarit, cuenca de La Antigua Veracruz y al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en cuencas hídricas de Chiapas, hacemos un llamado al pueblo de México de “Volver a la raíz” para celebrar los ríos, luchar contra las represas y fortalecer la organización en defensa de nuestras fuentes de agua, sustento de vida, y de los procesos de resguardo del territorio, pilar que nos une a las generaciones que vienen.

Quienes hacemos este llamamiento venimos caminando y luchando desde hace quince años como Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER y hoy, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida, denunciamos como ayer la gravedad de las afectaciones ambientales y de carácter social que significan dichos proyectos y las agresiones sufridas por la decisión de imponerlos a toda costa pasando sobre la voluntad y el rechazo de pueblos y comunidades. Denunciamos un modelo energético que prioriza la generación de energía y la gestión del agua para las empresas y no para el consumo humano ni para la permanencia de nuestros ecosistemas. Este modelo energético impuesto en México y maquillado con un discurso de “Transición energética” es el causante de la proliferación de proyectos que causan muerte y violencia en nuestros pueblos.

Hemos enfrentado en estos días del año 2018 una escalada de agresión, agravios, hostigamiento y criminalización que incluyen ataques armados, como en el Acapulco Rural donde defendemos y celebramos el río Papagayo en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o la criminalización de defensoras y defensores de Temacapulín, Jalisco, donde protegemos el Río Verde y a comunidades que decimos no a la presa El Zapotillo y al trasvase del agua para especulación y la industria de León, Guanajuato.

Como lo hemos hecho desde el año 2003 y como nuestros predecesores lo hicieron también, exponemos las razones de nuestra inconformidad y demandamos la cancelación definitiva de dichos proyectos.

-Exigimos la libertad de 25 presos integrantes del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota en el penal de Las Cruces, estado de Guerrero.

-Rechazamos las declaraciones oficiales del Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat que buscan imponer el Proyecto Hidroeléctrico Presa Paso de la Reina sobre territorio indígena, mestizo y negro de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca.

-En Chiapas exigimos la cancelación de la ampliación del proyecto Chicoasén y de los proyectos de mini-hidroeléctricas en el río Cuilco en la Sierra de Chiapas. Denunciamos también la implementación de las Zonas Económicas Especiales que se pretenden desarrollar en la frontera de nuestro estado.

-Exigimos también cese la criminalización hacia defensores en la Sierra Norte de Puebla que defienden los ríos y se oponen a la construcción de hidroeléctricas para grandes empresas entre los que se encuentran integrantes del COTIC de Cuetzalan e integrantes del Movimiento en Defensa del Agua y el Territorio y la Vida de CNPA MN y del municipio de Ocotepec.

Nuestra acción tiene como fin esencial la exigibilidad de nuestros derechos que han sido constantemente violados. La visión que rige nuestros movimientos de resistencia tiene por delante no solo la lucha por justicia, democracia y libertad, sino por la vida misma. Nos pronunciamos hermanos y hermanas de las diferentes resistencias a los proyectos de fracking, minería, gasoductos, porque sabemos que estos proyectos son parte de este sistema capitalista devorador.

Reiteramos que mientras continúen tratando de imponer a fuerzas esos proyectos de presas que son rechazados por los pueblos y comunidades campesinas e indígenas, seguirán violándose sistemáticamente los derechos de cientos de miles de mexicanos amenazados con el despojo, el desplazamiento forzado y la devastación de nuestros territorios.

Por las razones expuestas, demandamos la cancelación definitiva de los proyectos de presas que afectan nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos.

Pero además, alertamos a la población acerca de la pretensión gubernamental y de grandes empresarios de imponer en el Congreso legislativo una Ley General de Aguas salvajemente privatizadora y permisiva de la técnica de fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales. También de las Zonas Económicas Especiales y de la Ley de Seguridad Interior, pues estas políticas suponen la legalización del despojo y más ataques a las defensoras y defensores de los derechos humanos, de los pueblos y de la tierra.

Expresamos nuestro total respaldo a las comunidades que exigen la cancelación del proyecto de construcción de la fábrica de cianuro de la transnacional The Chemours Company en la región de La Laguna, norte de México, y exigimos cese la represión y criminalización de la protesta. ¡Basta de sobreexplotación, acaparamiento y contaminación del agua!

Anunciamos que celebraremos el XV aniversario de nuestra lucha durante el XIII Encuentro Nacional MAPDER que de antemano preparamos para los días del 26 al 28 de octubre de 2018 en los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Guerrero, lugar del nacimiento de nuestra resistencia y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y que llevará el nombre de nuestro compañero recientemente fallecido en el estado de Veracruz, Don Juan Zamora González, pionero chinanteco de la lucha antirepresas en México por su defensa comunitaria contra las afectaciones resultantes de la construcción de la presa Cerro de Oro.

Unimos nuestra acción a la defensa de los ríos internacionales, sin represas, nuestra exigencia de respeto a nuestros derechos y por la cancelación de proyectos de presas. Nos solidarizamos con las diferentes manifestaciones que se realizan a lo largo del mundo para hacer más fuerte la lucha contra los proyectos energéticos.

Hoy, transcurren para nosotros quince años de lucha y nuestra exigencia y convicción es la misma, a una voz:

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

¡Nuestras defensoras y nuestros defensores de los ríos, viven!

14 de marzo de 2018

Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos

MAPDER

#RadioParadoxa #MediosLibres anuncia próximas emisiones diarias #EnVivo

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Que este año 2018 sea fructífero para los medios libres. En un contexto donde la verdad es manipulada, informar es un acto revolucionario.

#RadioParadoxa #MediosLibres

 

 

ANTE LA INCURSIÓN DEL FRACKING EN LOS TERRITORIOS: RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN

/ Redacción Paradoxa CML

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El petróleo y los hidrocarburos siguen destacando hoy en día como fuentes energéticas que sostienen la civilización, por ello son también fuente de poder geopolítico y económico. Sin embargo la exigencia cada vez mayor de energía fósil requerida para alimentar el modelo productivo capitalista y un estilo de vida contemporánea derivado de este, ha conducido hacia un colapso ambiental y social global que ha transformado violentamente el mundo atentando contra ecosistemas de los que depende la supervivencia de la especie humana y otros seres vivos.

Si de por sí la extracción petrolera como fuente de energía suprema desde hace más de una centuria, tras la invención de la geología del petróleo y del motor de combustión interna, los impactos ambientales resultantes tales como la contaminación atmosférica, el calentamiento global, derrames en mares, ríos, etc., han sido alarmas suficientes que indican la urgencia de transitar hacia otro modelo energético no basado en el petróleo y por tanto no promotor de la destrucción planetaria, pese a esto actualmente el extractivismo del petróleo y de hidrocarburos como el gas están en repunte, aunque ahora mediante un método extractivo más peligroso, con consecuencias fatales e irreversibles para el medio ambiente y la vida humana y no humana: el fracking.

El fracking o fractura hidráulica consiste en la perforación vertical de pozos para extraer petróleo o gas natural atrapado en formaciones rocosas poco permeables, para lograrlo se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y cientos de sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de de hidrocarburos a los poros. Entre las sustancias potencialmente tóxicas utilizadas para el fracking se cuentan: destilados de petróleo como kerosene y gasoil (el cual contiene benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, naftaleno y otros productos químicos), hidrocarburos aromáticos policíclicos PAH, metanol, formaldehído, etilene glicol, ethers de glicol, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio; el contacto del organismo humano con estos químicos se extiende a enfermedades cancerígenas, así como impactos en los sistemas neurológicos, inmunológicos y reproductivos.

Además la contaminación de ríos, mares, lagos y aguas profundas es otra de las consecuencias fatales del fracking, pues al depender la vida del agua el envenenamiento por su consumo es uno de los efectos letales que sufren los habitantes y animales de zonas cercanas a las áreas de explotación. La improductividad de tierras de cultivo y ganadería es otro daño, además la adquisición de espacios para su ejecución va ligada a la desposesión y la privatización, aunado a esto la perforación mediante fractura hidráulica propicia sismos que vuelven aún más catastróficos sus impactos, incluso en lugares sin histórica actividad sísmica.

Como una maniobra más de la economía global para acumular riqueza, el fracking se ha lanzado mundialmente a través de una ofensiva extractivista que agudiza los ya existentes conflictos socioambientales y genera otros nuevos. En este proceso el territorio mexicano no ha quedado fuera del negocio, al contrario distintos gobiernos han incentivado prácticas extractivas que favorecen a empresas trasnacionales y nacionales en perjuicio de las comunidades, los derechos humanos y la protección ambiental; particularmente la Reforma Energética implementada durante el sexenio actual ha abierto la puerta al establecimiento e intensificación del neoextractivismo del que forma parte el sector energético y el fracking.

El fracking desde hace años se ha venido implantando de manera sigilosa, sin la consulta ciudadana, incluso algunos de sus efectos se han presentado en los territorios donde ya se implementa, en Nuevo León y Tamaulipas por ejemplo ya se han registrado sismos cuya causa apunta a ser el fracking, también en ejidos de San Fernando, Tamaulipas campesinos han denunciado la afectación de productividad en tierras agrícolas. Además de estos dos estados del noreste mexicano, otras entidades como Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Oaxaca también se encuentran bajo la amenaza de esta técnica extractiva.

Sin embargo, ante la imposición ha habido reacción, resistencias acompañadas de la organización colectiva que luchan por territorios libres de fracking, por un sí a la vida y no al extractivismo de despojo y muerte. De esta manera ante el ecocidio que promete la fractura hidráulica organizaciones campesinas y ambientalistas en distintas latitudes han hecho pública y legal la defensa del territorio, en Nuevo León donde hay bajo amenaza del fracking 21 municipios, ciudadanía preocupada por los problemas socioambientales y la insensibilidad de los gobiernos ante estas problemáticas, ha conformado el Movimiento Ambientalista en Defensa de la Madre Tierra y de la Vida para demandar un No al fracking en Nuevo León ni en ningún lado, en una lucha que amerita sumar voluntades día a día son más las personas que alertadas de los riesgos inminentes del fracking se oponen y se organizan.

Junto al fracking el uso de aguas para su realización es un componente que también llama la atención en Nuevo León, pues en este contexto se busca implementar distintos megaproyectos hidráulicos que más allá del abasto para consumo humano busca proveer a la industria pesada y por supuesto al fracking. De por sí el uso de agua y la explotación de pozos profundos en el estado para beneficios privados es una problemática que evidencia el lucrativo negocio que representan recursos naturales para las empresas, con todo y sus costos socioambientales.

En este contexto el horizonte de la defensa del medio ambiente y la vida se perfila optimista en tanto que la prohibición del fracking en municipios mexicanos como Xilitla, Tanlajás en San Luis Potosí, Tlapacoyan en Veracruz, así como en otras localidades del mundo se ha logrado gracias a la resistencia y la organización ciudadana, demostrando además que la voracidad capitalista y la devastación ambiental puede ser desafiada exitosamente, lograrlo es una tarea colectiva que se amerita realizar y potenciar.

 

 

INFORME: LA VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA EN MÉXICO. 276 AGRESIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2017

/ Article 19

infografia2017

En México se agrede a un periodista cada 15.7 horas. Durante el primer semestre de 2017 (enero – junio) se registraron 1.5 agresiones diarias y se documentaron un total de 276, incluyendo 6 periodistas asesinados y 1 más desaparecido. Estas cifras representan un incremento del 23% respecto a las registradas durante el primer semestre del 2016.

Se presume que el 50.7% de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos (140 de 276). Lo anterior es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa.

En este periodo, ARTICLE 19 identificó tendencias que permiten reconocer que en México la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones, y que se acentúa de manera importante en los periodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año. Tal es el caso de estados del norte del país como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, en donde han aumentado las agresiones de manera considerable con respecto a años anteriores.

Particularmente llama la atención el caso de Coahuila, –estado sujeto a un proceso electoral complejo en el período que se analiza– pues reflejó un incremento de agresiones del 325%. Esta entidad ahora ocupa el tercer lugar con más agresiones contra la prensa, tan sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz (ambos con 28 agresiones registradas).

En el primer semestre de 2016 se documentaron 8 agresiones en Coahuila, es decir, menos de una tercera parte de los casos registrados este semestre (26). Cabe resaltar que las y los periodistas coahuilenses se enfrentaron a dos contextos de riesgo en la primera mitad de 2017: la cobertura de las protestas por el aumento del precio de la gasolina (enero) y las elecciones estatales (junio).

Es importante destacar que durante este periodo se documentaron un total de 35 agresiones en el contexto de protesta; particularmente en Monclova, Coahuila, y Playas de Rosarito, Baja California, en donde se realizaron diversas movilizaciones en contra del aumento del precio de la gasolina. La violencia ejercida principalmente por autoridades hacia integrantes de la prensa dejó un saldo de 8 agresiones en Monclova y 13 en Playas de Rosarito, los días 5 y 7 de enero, respectivamente.

Además, después de la activación de la Red #RompeElMiedo durante el proceso electoral en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, ARTICLE 19 documentó 37 agresiones, 19 el día de las elecciones. Coahuila y Estado de México concentraron la mayoría de estas agresiones, con 15 y 13, respectivamente. En su mayoría las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos (14) e integrantes de partidos políticos (14), de acuerdo con el testimonio de las víctimas. También se identificó que 11 fueron cometidas por integrantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 2 del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y 1 del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los procesos electorales están íntimamente vinculados a la libertad de expresión e información, ya que para que los ciudadanos puedan llevar adelante sus decisiones en el momento de votar es indispensable que cuenten con la mayor cantidad de información posible. Para esto, es crucial que los hechos, las ideas y las opiniones circulen libremente. Sin lugar a dudas, el modo más común que tienen los ciudadanos de informarse en la actualidad es a través de los medios de comunicación de masas”. Sin embargo, en México la tendencia muestra que en contexto electoral las agresiones provenientes de integrantes o simpatizantes de partidos políticos aumentan, con una intención clara de reducir esos flujos de información que puedan derivar en el veto ciudadano o la exigencia de rendición de cuentas.

Como se ha señalado en numerosas ocasiones, la falta de garantías democráticas en México provoca que la cobertura en contextos de protesta y electorales se convierta en un riesgo para las y los periodistas. Las elecciones y la protesta son ejercicios básicos y fundamentales dentro de una democracia y su cobertura se considera un discurso especialmente protegido. De esta manera, el aumento de agresiones en este contexto refleja las fallas institucionales de fondo en un país que se encuentra lejos de consolidarse como una democracia. Asimismo, corrobora la intencionalidad de los perpetradores de restringir el flujo efectivo de información de interés público.

También se han identificado focos rojos en municipios pequeños donde la violencia, resultante de la falta de instituciones sólidas y la presencia del crimen organizado, lleva a que la prensa sea un blanco fácil. Es la situación de San Martín Texmelucan, Puebla; Lázaro Cárdenas, Michoacán y; Tecomán, Colima.

De las 20 agresiones documentadas en el estado de Puebla, 9 se concentraron en el municipio de San Martín Texmelucan, ubicado en la zona del “triángulo rojo” del estado, en donde la cobertura del robo de combustible por parte de los llamados “huachicoleros” ha llevado a que la prensa sea constantemente agredida.

De las 6 agresiones registradas en Michoacán, 3 se registraron en el municipio de Lázaro Cárdenas: 1 amenaza, 1 caso de acoso y hostigamiento, y el desplazamiento forzado de un periodista debido al alto riesgo al que se enfrentaba. Adicionalmente, se documentaron casos graves en el estado, como 1 ataque físico en el municipio de La Piedad y la desaparación del periodista Salvador Adame, en el municipio de Múgica.

En Tecomán, Colima, uno de los municipios más violentos del país , se concentraron las 3 agresiones documentadas en todo el estado, incluyendo 2 amenazas de muerte y 1 ataque físico.

Tipología de las agresiones

En un país plagado por la violencia, las amenazas o actos de intimidación son suficientes para generar miedo y, por lo tanto, forzar el silencio en la prensa.

Las agresiones más constantes de enero a junio de 2017 son actos de intimidación (67), amenazas (60) y ataques físicos o materiales (56). Destaca que de las amenazas documentadas, 19 fueron de muerte, 9 de daño físico y 3 de ellas realizadas con armas de fuego o explosivos. También se registraron 4 actos de intimidación con armas de fuego.

Respecto a las agresiones físicas, se registraron 43 lesiones con las manos u otras partes del cuerpo; 37 de las cuales fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos. Además se registraron 2 atropellamientos a periodistas.

A su vez, se registraron 9 allanamientos: 2 a oficinas de medios de comunicación y 6 a domicilios de periodistas. Nuevamente, la Ciudad de México encabeza la lista de allanamientos, con el 44% de los casos.

Las privaciones de la libertad son una constante, se registraron 11 retenciones ilegales y 17 detenciones arbitrarias. Destaca el caso de Rubén Pat, director del semanario Playa News, quien fue detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo.

La censura extrema: asesinatos, desaparición y desplazamiento forzado

En los primeros seis meses del año, la y los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez, fueron asesinados con armas de fuego y a plena luz del día. La impunidad es evidente, se puede matar a un periodista sin ser identificado ni enfrentar un proceso de justicia.

También se documentaron 3 tentativas de asesinato a Sonia Córdova, Julio Omar Gómez y a un periodista del cual se reserva su identidad.

Además, hasta la publicación de este informe, ARTICLE 19 ha documentado 2 asesinatos en el segundo semestre de 2017: el de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California. En total se han documentado 8 asesinatos en lo que va del año.

ARTICLE 19 también documentó la desaparición de Salvador Adame, director de Canal 6tv, quien fue forzado a subir a una camioneta negra por un grupo de hombres armados y “encapuchados”, el 18 de mayo de 2017 en el municipio de Múgica, Michoacán. La familia Adame se ha enfrentado a situaciones de revictimización durante la investigación, particularmente frente a la renuencia de las autoridades a priorizar el trabajo periodístico de Salvador Adame como principal línea de investigación.

Incluso, las autoridades informaron a la familia del hallazgo de los supuestos restos del periodista, tan sólo una hora antes de que el procurador del estado de Michoacán realizara una rueda de prensa sobre los hechos. Como resultado de lo anterior, la familia ha insistido en la necesidad de realizar un peritaje independiente frente a la desconfianza en los procedimientos y el trato recibido por parte de la Procuraduría local. A pesar de la versión de las autoridades –la cual ha sido retomada por muchos medios de comunicación, pero no ha sido verificada–, Salvador Adame continúa en calidad de persona desaparecida, al no contar con elementos que doten de certeza a sus familiares. De esta manera, de 2003 a la fecha, 24 periodistas permenacen desaparecidos en México.

Por otra parte, el aumento de la violencia y la percepción de riesgo compartida por periodistas en todas las regiones del país, ha llevado a un aumento en el desplazamiento forzado. Tan sólo en los primeros seis meses de 2017, ARTICLE 19 tuvo conocimiento de 7 casos de desplazamiento forzado en el país. Esto es un indicador claro de que el riesgo constante y la falta de capacidad del Estado de protección son factores decisivos para que un periodista abandone su lugar de origen o residencia.

De esta manera, las y los periodistas deciden desplazarse temporal o permanentemente cuando hay una percepción de que su vida podría estar en peligro o que no existen garantías efectivas para su seguridad. En muchas ocasiones, el desplazamiento es la última medida de autoprotección.

No obstante, el desplazamiento se ha convertido en una medida cada vez más impulsada por el propio Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), dada la falta de capacidad real de garantizar la integridad de las y los periodistas en su lugar de origen o residencia.

En este sentido, ARTICLE 19 considera preocupante que, en determinados contextos, la autoridad considere como única opción de protección el desplazamiento, pues esto deriva en situaciones que pueden ser catastróficas para los periodistas. Tal es el caso del periodista asesinado en marzo de 2017, Cecilio Pineda, que al rechazar la medida de refugio otorgada por el Mecanismo de Protección, se le fueron retiradas las medidas dejándolo en un estado de total indefensión.

La otra situación que pasa desapercibida en relación al desplazamiento forzado de periodistas es que no hay políticas públicas, ni medidas enfocadas a la integración y no revictimización de las y los periodistas en los lugares de refugio o reubicación. ARTICLE 19 ha documentado distintos impactos del desplazamiento en periodistas, incluidos problemas de salud mental o de índole psicosocial. El disfrute de sus derechos sociales y económicos es prácticamente nulo, a consecuencia de la falta de recursos económicos derivada de la carencia de un trabajo estable y remunerado; en algunas ocasiones, los lugares de refugio no tienen condiciones dignas; la imposibilidad de que su familia se reubique con ellas o ellos; y la inexistencia de medidas para integrar a las y los periodistas a la sociedad receptora.

Es importante recordar que la falta de una investigación efectiva sobre los hechos que tuvieron como consecuencia el desplazamiento interno forzado puede perpetuar la situación de vulnerabilidad de las víctimas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe Informe Especial sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México“, por omisión también se violentan derechos humanos. Ante el arribo de un grupo criminal a una comunidad, la autoridad debe realizar acciones a efecto de aprehender a estas personas conforme lo marca la ley y resguardar de esa manera la tranquilidad social. Los DFI ocurren por la ausencia de autoridad y ante la negativa de acudir a ciertas zonas por el riesgo que ello representa. Al dejar desprotegida a la población en riesgo de DFI, las autoridades de seguridad pública generan impunidad y un aliciente a esos grupos para continuar afectando a la población”.

Violencia de género

ARTICLE 19 no puede dejar de mencionar la violencia diferenciada a la que se exponen las y los periodistas por razones de género o de identidad y orientación sexual (de las y los periodistas o por la cobertura del tema). La documentación de los primeros seis meses del año arroja 10 casos de agresiones con componente de género. En estos destacan 4 casos de acoso y hostigamiento con lenguaje violento y con connotaciones sexuales, 2 amenazas de muerte (1 de daño físico y 1 de daño sexual) y 1 agresión física.

También se registraron 3 agresiones con componente discriminatorio por cobertura o identificación con una preferencia sexual no heterosexual: 1 campaña de desprestigio y difamación con contenido sexual, y 2 amenazas por redes sociales.

El entorno digital

La documentación de violencia contra la prensa en el entorno digital tomó un papel importante en la opinión pública al cierre del semestre, a la luz de la publicación del informe #GobiernoEspía, que da evidencia sobre espionaje a activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas por medio de malware sofisticado y comercializado únicamente a gobiernos.

Cada vez es más difícil ignorar los riesgos a los que se enfrentan medios y periodistas en el entorno digital. De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, los medios digitales continúan siendo los más agredidos: 119 agresiones fueron dirigidas a periodistas y medios de plataformas digitales y 49 ocurrieron en el entorno digital.

Estas agresiones incluyeron actos de intimidación, acoso y hostigamiento, amenazas, ataques a sitios y alteración o falsificación de información en línea. Además, se documentaron 9 casos de intervención de comunicaciones (en el primer semestre de 2016 sólo se registró 1 caso): 1 vía telefónica y 8 a redes sociales.

Además, por primera vez, ARTICLE 19 documentó 1 caso de intento de remoción de contenido en alusión a protección de datos personales y a la vida privada. Los intentos por borrar información de interés público de las plataformas digitales se han convertido en un mecanismo de censura contra medios digitales y periodistas que publican casos de corrupción, conflicto de interés y violaciones de derechos humanos.

La mayoría de las veces, los intentos por remover contenidos se acompañan por amenazas e intimidaciones de carácter legal que de manera ilegítima y desproporcionada refieren a afectaciones a la vida privada, la honra y la protección de datos personales, de quienes están involucrados en los actos denunciados y publicados. Este tipo de prácticas carecen de sustento legal para llevarse a cabo y atentan contra la libertad de expresión e información en línea.

Agresiones por tipo de cobertura

ARTICLE 19 también documentó las coberturas periodísticas realizadas por medios y periodistas en el contexto de las agresiones. En este sentido, destaca que en el 47.8% de los casos (132) la cobertura de “corrupción y política” está relacionada con agresiones. Esto no puede desvincularse del hecho de que el 50.7% de las agresiones fueron presuntamente cometidas por funcionarios públicos.

Por su parte, en el 29% de los casos (80), las víctimas documentaron y publicaron información relacionada con temas de “seguridad y justicia”; en el 13.4% (37) sobre “protesta y movimientos sociales”; en el 8.3% (23) sobre “derechos humanos”; en 1.1% (3) sobre “tierra y territorio” y en 0.4% (1) sobre “sector privado”. Cabe destacar, que de los 6 periodistas asesinados en este periodo, 5 cubrían principalmente el tema de “seguridad y justicia” y 1 de “corrupción y política”.

De la misma manera es importante señalar que las y los reporteros continúan siendo los perfiles del periodismo más agredidos, con 157 del total de agresiones.

Por otro lado, las radios comunitarias se encuentran en un grado de mayor vulnerabilidad con respecto a otro tipo de medios: se documentaron 7 agresiones.

La respuesta del Estado: más paliativos

Este primer semestre del 2017 se caracterizó también por múltiples iniciativas de diversos gobiernos con relación a protección a periodistas. Partiendo de un diagnóstico equivocado que elude a los propios agentes del Estado como principales perpetradores de la violencia contra la prensa, y soslayando que ya existe un andamiaje institucional para atender esta problemática, los actores políticos pretenden mostrar supuesta voluntad de atender la situación mediante la creación de nuevas leyes y más burocracia.

Tras el asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo –mismo día en que fue asesinado también Jonathan Rodríguez en el municipio de Autlán, Jalisco–, se llevó a cabo una reunión titulada “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores” en donde estuvieron presentes Enrique Peña Nieto, presidente de la República; la y los gobernadores de cada estado, como miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Posteriormente, el 2 de junio se reunieron la Segob, Conago y CNDH para firmar un convenio sobre protección a periodistas, en donde acordaron: 1) contar con legislaciones específicas en la materia; 2) establecer fiscalías o unidades especializadas en delitos contra periodistas; 3) promover la eliminación de los delitos de difamación y calumnias; y 4) homologar los protocolos de prevención y protección a periodistas.

Derivado de lo anterior, ARTICLE 19 tiene conocimiento de diversas iniciativas que se han presentado o reactivado en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas. Asimismo, hay una iniciativa en la Cámara de Diputados federal para discutir y aprobar la Ley General de Protección a Periodistas.

ARTICLE 19 considera que esta respuesta por parte del Estado mexicano es tardía, tomando en cuenta que desde 2007 la violencia contra periodistas ha ido en aumento. Asimismo, se estima que estas medidas son paliativos frente a la grave crisis que se vive en México, pues sin las capacidades y voluntad política, sólo se generarán más leyes carentes de eficacia y más burocracia. Como hemos visto en los últimos años, a pesar del andamiaje legal e institucional que se ha creado, la violencia contra periodistas no ha cesado, e incluso, se ha agravado.

Como se expresó ampliamente en en el informe anual Libertades en Resistencia la creación de más mecanismos de protección no resolverá esta situación si no se parte de un análisis y acciones desde un enfoque integral de garantía para la libertad de expresión. En este sentido se debe considerar, por ejemplo, la despenalización de delitos que inhiben y coartan la libertad de expresión; regular la publicidad oficial; instituciones autónomas de procuración de justicia (lo cual se encuentra ligado con la grave impunidad que existe de 99.6% en delitos contra periodistas); la existencia de servicios forenses independientes; entre otras.

Es por ello que estas medidas, lejos de brindar soluciones efectivas, entorpecen y dificultan el trabajo de protección a periodistas, colocándoles incluso en mayor riesgo ante la atomización y fragmentación de acciones por parte del Estado mexicano. Máxime cuando los datos arrojan que son las propias autoridades de los tres niveles de gobierno las que presuntamente ejercen violencia contra las y los periodistas.

De esta manera, ARTICLE 19 exige a las autoridades federales y locales que pongan en marcha una estrategia que apunte a la construcción de una política pública integral para garantizar la libertad de expresión, mediante la cual se coordine las medidas de protección a periodistas con la investigación de los casos de violencia. Las acciones llevadas a cabo deben mostrar resultados, tomando como base que el pleno goce de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral. En este sentido, los casos de violencia contra la prensa deben abordarse tomando como línea prioritaria la de su labor informativa.