CORRUPCIÓN QUE MATA

/ Open Society Justice Iniciative

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EN 2016, OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos publicaron Atrocidades innegables, un informe que demuestra que hay una base razonable para creer que las fuerzas federales mexicanas y miembros del cartel de los Zetas han perpetrado crímenes de lesa humanidad. El informe examinó las razones por las cuales hay tanta impunidad para estos crímenes y concluyó que el impedimento principal para la rendición de cuentas es la obstrucción política que existe a múltiples niveles.

Casi tres años después, la situación en México se ha deteriorado aún más. En 2017, México experimentó su año más violento en dos décadas, con más de 25,000 homicidios (superando, incluso las cifras de 2011). Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en México han sido reportadas en los últimos seis años. La tortura sigue siendo una práctica rutinaria y “generalizada” a nivel estatal y federal – un hecho reafirmado a comienzos de 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

La rendición de cuenta para estos crímenes es casi nula. De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos.

La impunidad se vuelve un enorme problema a medida que es más evidente que los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos. En México, la corrupción ha sido reconocida desde hace tiempo como endémica y su paulatina proliferación ha inspirado en los últimos años una notable lucha ciudadana para combatirla. Sin embargo, se ha prestado menos atención a cómo los actos de corrupción, algunos de ellos descritos en este informe, han contribuido de manera particular a los crímenes atroces. De hecho, a lo largo de los últimos dos años, la creciente evidencia de colusión entre funcionarios estatales y municipales en crímenes de lesa humanidad cometidos por los cárteles hace surgir la interrogante acerca de si ha habido una colusión sistémica entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México. Estos patrones de corrupción no solo son corrosivos a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica y el desarrollo equitativo, sino que también son mortales. Es el tipo de corrupción que mata.

La violencia extraordinaria que México sufre y las preguntas que surgen sobre la colusión entre actores estatales y el crimen organizado, exigen una respuesta proporcional con la dimensión y la gravedad del problema. México necesita un mecanismo internacional, basado en el país, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir, los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos. Este mecanismo podrá complementar y apoyar ciertos procedimientos penales genuinos, a nivel estatal y federal, a través de asistencia técnica, abriendo el camino para incrementar los niveles de rendición de cuentas en todo el país. Si la impunidad continua, y México no se compromete a la creación de este tipo de mecanismo, otros organismos internacionales, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (que ya ha recibido numerosas comunicaciones por parte de ONGs) podrían intervenir. Sin embargo, de acuerdo con el principio de complementariedad del Estatuto de Roma, la principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano que debe investigar y perseguir estos crímenes. La asistencia y la participación internacional son componentes esenciales para garantizar la independencia de las investigaciones y reestablecer la confianza del público en el sistema de justicia penal mexicano.

ESTE INFORME TIENE TRES OBJETIVOS. En primer lugar, proporciona indicadores clave para mostrar cómo, al final del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, los crímenes violentos han aumentando en todo México. Aunque al inicio de su mandato Peña Nieto prometió cambiar la estrategia de militarización de su predecesor y contener la escalada de violencia en México, su administración ha mantenido el mismo enfoque militarizado de una mortal y mal concebida “guerra contra las drogas”, mientras continúa apuntando a los líderes de los cárteles. Como resultado de estas políticas, los últimos seis años han sido más letales para los civiles mexicanos. A lo largo de 2016 y 2017, los homicidios no solo superaron las cifras históricas de 2011, sino que se extendieron por más áreas del país. El número de desapariciones reportadas oficialmente también aumentó en este tiempo, nuevamente excediendo las cifras de 2011. Los grupos del crimen organizado continúan practicando la tortura como táctica de terror e intimidación, al igual que la policía y otras autoridades de investigación quienes la utilizan para forzar “confesiones”, extraer información o imponer castigos extrajudiciales. El número de casos procesados y de condenas se ha mantenido constantemente bajo para todos estos crímenes.

En segundo lugar, en el informe se analiza evidencia fiable que sugiere la colusión de ciertos funcionarios públicos en el estado de Coahuila en la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los Zetas. En particular, se analizan detalladamente dos de los episodios más brutales perpetrados por los Zetas en Coahuila durante el apogeo de su poder: el asesinato de aproximadamente 300 hombres, mujeres y niños en el municipio norteño de Allende y pueblos cercanos (incluyendo, Piedras Negras) durante un período de tres días en 2011; y la desaparición y el asesinato de aproximadamente 150 personas dentro de los muros de la prisión de Piedras Negras durante el período 2009-2012, cuando la prisión sirvió como centro de operaciones de los Zetas.

Situado en la región norte de México, directamente al sur de la frontera con Estados Unidos, Coahuila es un “narcoestado” por excelencia. Desde mucho tiempo dominado políticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Coahuila se convirtió en parte de la fortaleza septentrional de los Zetas en la década de 2000. En un principio, los Zetas se mudaron a Coahuila para reforzar la autoridad del Cartel del Golfo. Sin embargo, una vez en el área, tomaron el control, adquirieron propiedades y actividades comerciales, se casaron con familias locales, monopolizaron actividades ilegales y asesinaron a quienes intentaron resistirse.

En Allende, la abrumadora violencia contra la población civil en marzo de 2011 parece haber sido una forma de venganza de los Zetas quienes creían haber sido traicionados por unos antiguos miembros de su organización. En Piedras Negras, después de obtener el control efectivo del Centro de Reinserción Social (CERESO) el cártel lo utilizó como un campo de exterminio de facto y una base de operaciones para promover su reinado de terror. El presente informe se centra en estos dos incidentes, ya que son indicativos de la escala y la organización de los crímenes cometidos por los Zetas, y debido a la creciente evidencia que existe de que funcionarios públicos pudieron estar coludidos para la comisión de estos crímenes.

Ahora está claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas – por ejemplo, miembros de la policía local – pudieron, por el contrario, haber permitido los homicidios.

Aunque algunos policías locales y empleados penitenciarios han sido arrestados y procesados, la complicidad oficial parece extenderse más allá de estos funcionarios de bajo nivel. De hecho, hay evidencia que indica que al menos algunos altos funcionarios electos sabían de antemano acerca de los crímenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros funcionarios se enteraron de los crímenes mientras ocurrían y no intervinieron o no realizaron las investigaciones adecuadas después de los hechos. Independientemente de la forma, tal corrupción tuvo el mismo resultado mortal.

Ahora se necesita una investigación detallada para responder a las numerosas preguntas planteadas sobre la aparente complicidad de los funcionarios públicos de Coahuila en estos crímenes y, para exponer las redes de corrupción que existen entre ellos, sus colaboradores y el crimen organizado.

El informe vincula el análisis de los ataques en Coahuila con crecientes indicios de que la corrupción, y los crímenes violentos que abriga, se han extendido en varios estados de México, desde Veracruz hasta Tamaulipas, desde Guerrero hasta Chihuahua. De hecho, existen motivos convincentes para creer que la complicidad de funcionarios públicos corruptos en crímenes atroces cometidos por carteles puede ser un patrón generalizado y recurrente. Las razones por las cuales actores estatales o federales deciden coludir con los carteles pueden variar, al igual que los modos de perpetración; no obstante, la colusión misma, de ser probada, señalaría a una responsabilidad penal tanto para actores estatales como no estatales.

En tercer lugar, el informe explica cómo algunas reformas importantes del sistema de justicia penal, en particular la propuesta de una Fiscalía autónoma y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, no garantizan actualmente la independencia institucional necesaria o la competencia para investigar crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios públicos y el crimen organizado. La aparente colusión de funcionarios públicos en la comisión de crímenes atroces, y los fuertes lazos que tienen con otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para investigar de manera independiente estos crímenes por sí solo. Asimismo, como ha sido el caso en otros países, la existencia de un mecanismo de investigación internacional puede contribuir a la consolidación de la independencia de las nuevas instituciones.

EN CONJUNTO, LAS CONTINUAS DEBILIDADES en el sistema de justicia penal de México, así como la influencia corruptora del crimen organizado, reafirman la necesidad urgente de un organismo que pueda investigar de manera competente si los funcionarios públicos y los miembros del cártel participaron en los incidentes analizados en este informe, y cómo lo hicieron, así como las atrocidades y actos de corrupción relacionados cometidos en otras partes de México. En virtud del derecho nacional e internacional, México tiene la obligación de investigar y, cuando las pruebas lo justifiquen, sancionar estos crímenes. Un mecanismo internacional podría comenzar a romper los círculos de impunidad, al emprender sus propias investigaciones, preparar casos para la persecución del delito por iniciativa propia o por parte de la Fiscalía recién creada, y proporcionar asistencia y apoyo técnico que podrían orientar el camino hacia un mayor nivel de rendición de cuentas en todo el país. La participación y el apoyo internacional son esenciales para combatir los bloqueos políticos y los intereses partidistas que actualmente obstaculizan el funcionamiento del sistema penal mexicano. En pocas palabras, México necesita asistencia internacional si realmente se desea que algún día se haga justicia por la corrupción que hace posible la comisión de crímenes atroces.

Informe completo: https://osf.to/2rlXZms

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UN SEXENIO CONTRA LA DEMOCRACIA, LA VERDAD, LOS POBRES Y LA NATURALEZA

/ Redacción Paradoxa CML

#LeyDeSeguridad

@monerorape

El sexenio presidencial del 2006-2012 representado por Felipe Calderón es recordado como aquel que desató la alarmante letalidad en calles, caminos, pueblos y ciudades de México a causa de su fallida estrategia de seguridad, o como el gobierno que atentó contra la dignidad de los trabajadores impulsando la reforma laboral. A meses de concluir el sexenio 2012-2018 envestido por Enrique Peña, un recuento de hechos políticos y sociales permite identificar la continuidad no sólo de la guerra sino también del neoliberalismo que propició un país aún más violento en lo social, lo económico y lo ambiental.

En auxilio de la doctrina del shock mediante la guerra y las violaciones a los derechos humanos, la política del Estado mexicano en estos seis años recrudeció sus mecanismos de control privilegiando al saqueo de la riqueza y al mantenimiento de un poder autoritario, para el cual incluso se logró crear un marco jurídico de protección a su actuar, tal es el fin de la reforma energética facilitadora del extractivismo voraz sin dar importancia a los irreversibles daños ambientales derivados del negocio energético, favoreciendo el cambio de uso de suelos, el aprovechamiento del agua y solapando técnicas como el fracking prohibida en otras latitudes por sus negativos impactos a la naturaleza.

Por si fuese poco la afrenta que el gobierno federal lanzó en todo México contra el medio ambiente, impulsando diversos megaproyectos opuestos a la voluntad de las comunidades afectadas, la violencia como respuesta a la organización ciudadana no fue para nada ajena, pues tan sólo en que toca a activistas ambientales se documentan cientos de agresiones diversas en el sexenio. Por si fuese poco, para legitimar aún más la rapiña de la naturaleza se aprobó de espaldas a la sociedad civil una Ley de Biodiversidad que contempla la explotación de Áreas Naturales Protegidas para proyectos lucrativos como la minería y otros megaproyectos.

Esta rapiña ha sido también respaldada por la alarmante Ley de Seguridad Interior bajo la cual corre riesgo la integridad física de activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, sobre todo en un contexto de grave violencia a la información libre, en el que la verdad es silenciada impunemente con la muerte. Dicha ley al potenciar las facultades y proteger acciones de cuerpos coercitivos en contra de civiles, como si fuesen poco los tantos excesos cometidos por fuerzas policiacas y militares, abona gravedad al problema bélico existente en el país.

Aunado a la persecusión del periodismo libre, la desaparición y asesinato de comunicadores, la llamada Ley de telecomunicaciones alentadora de la censura a la información libre, creada colectiva y tradicionalmente en comunidades indígenas, esto para privilegiar la inversión de capitales al espectro radioeléctrico cual mero negocio, de tal manera que los medios de comunicación de uso social ahora se rigen bajo formas procedimentales que restrigen las oportunidades de acceso a las radios comunitarias para operar en la legalidad.

Este panorama restrospectivo se divisa justo en las renegociaciones del Tratado Libre Comercio (TLCAN-NAFTA), ante lo cual resulta evidente el rezago económico, tecnológico, democrático y de respeto a los derechos humanos en el que se encuentra inmerso el territorio mexicano pese a los beneficios obtenidos por Estados Unidos y Canadá. La pobreza económica, la devaluación del peso y la marginación de la agricultura acaparada por el negocio de monocultivos que incentiva el modelo extractivo exportador, heredan un México caótico al que la política del último sexenio no sólo fracasó en solucionar problemas estructurales, sino que agravó la crisis económica, social y ambiental.

En auxilio de leyes, reglamentos y tratados, sea mediante su creación o el reformismo, la corrupción, el autoritarismo y el intervencionismo han salido triunfantes en la dirección de la agenda política del estado mexicano, del cual el sexenio que termina no es mas que un mero continuador de un régimen al que no interesa erradicar la pobreza, la injusticia, el autoritarismo, el que más bien abiertamente se reafirma como enemigo de la democracia, la verdad, los pobres y la naturaleza.

 

COMUNICADO EN DEFENSA DE LOS RÍOS, EL AGUA Y LA VIDA

/ MAPDER

rios

Este 14 de marzo, los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y desplazamiento por los proyectos de presas La Parota Guerrero, El Zapotillo Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina Oaxaca, Las Cruces Nayarit, cuenca de La Antigua Veracruz y al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en cuencas hídricas de Chiapas, hacemos un llamado al pueblo de México de “Volver a la raíz” para celebrar los ríos, luchar contra las represas y fortalecer la organización en defensa de nuestras fuentes de agua, sustento de vida, y de los procesos de resguardo del territorio, pilar que nos une a las generaciones que vienen.

Quienes hacemos este llamamiento venimos caminando y luchando desde hace quince años como Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER y hoy, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida, denunciamos como ayer la gravedad de las afectaciones ambientales y de carácter social que significan dichos proyectos y las agresiones sufridas por la decisión de imponerlos a toda costa pasando sobre la voluntad y el rechazo de pueblos y comunidades. Denunciamos un modelo energético que prioriza la generación de energía y la gestión del agua para las empresas y no para el consumo humano ni para la permanencia de nuestros ecosistemas. Este modelo energético impuesto en México y maquillado con un discurso de “Transición energética” es el causante de la proliferación de proyectos que causan muerte y violencia en nuestros pueblos.

Hemos enfrentado en estos días del año 2018 una escalada de agresión, agravios, hostigamiento y criminalización que incluyen ataques armados, como en el Acapulco Rural donde defendemos y celebramos el río Papagayo en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o la criminalización de defensoras y defensores de Temacapulín, Jalisco, donde protegemos el Río Verde y a comunidades que decimos no a la presa El Zapotillo y al trasvase del agua para especulación y la industria de León, Guanajuato.

Como lo hemos hecho desde el año 2003 y como nuestros predecesores lo hicieron también, exponemos las razones de nuestra inconformidad y demandamos la cancelación definitiva de dichos proyectos.

-Exigimos la libertad de 25 presos integrantes del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota en el penal de Las Cruces, estado de Guerrero.

-Rechazamos las declaraciones oficiales del Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat que buscan imponer el Proyecto Hidroeléctrico Presa Paso de la Reina sobre territorio indígena, mestizo y negro de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca.

-En Chiapas exigimos la cancelación de la ampliación del proyecto Chicoasén y de los proyectos de mini-hidroeléctricas en el río Cuilco en la Sierra de Chiapas. Denunciamos también la implementación de las Zonas Económicas Especiales que se pretenden desarrollar en la frontera de nuestro estado.

-Exigimos también cese la criminalización hacia defensores en la Sierra Norte de Puebla que defienden los ríos y se oponen a la construcción de hidroeléctricas para grandes empresas entre los que se encuentran integrantes del COTIC de Cuetzalan e integrantes del Movimiento en Defensa del Agua y el Territorio y la Vida de CNPA MN y del municipio de Ocotepec.

Nuestra acción tiene como fin esencial la exigibilidad de nuestros derechos que han sido constantemente violados. La visión que rige nuestros movimientos de resistencia tiene por delante no solo la lucha por justicia, democracia y libertad, sino por la vida misma. Nos pronunciamos hermanos y hermanas de las diferentes resistencias a los proyectos de fracking, minería, gasoductos, porque sabemos que estos proyectos son parte de este sistema capitalista devorador.

Reiteramos que mientras continúen tratando de imponer a fuerzas esos proyectos de presas que son rechazados por los pueblos y comunidades campesinas e indígenas, seguirán violándose sistemáticamente los derechos de cientos de miles de mexicanos amenazados con el despojo, el desplazamiento forzado y la devastación de nuestros territorios.

Por las razones expuestas, demandamos la cancelación definitiva de los proyectos de presas que afectan nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos.

Pero además, alertamos a la población acerca de la pretensión gubernamental y de grandes empresarios de imponer en el Congreso legislativo una Ley General de Aguas salvajemente privatizadora y permisiva de la técnica de fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales. También de las Zonas Económicas Especiales y de la Ley de Seguridad Interior, pues estas políticas suponen la legalización del despojo y más ataques a las defensoras y defensores de los derechos humanos, de los pueblos y de la tierra.

Expresamos nuestro total respaldo a las comunidades que exigen la cancelación del proyecto de construcción de la fábrica de cianuro de la transnacional The Chemours Company en la región de La Laguna, norte de México, y exigimos cese la represión y criminalización de la protesta. ¡Basta de sobreexplotación, acaparamiento y contaminación del agua!

Anunciamos que celebraremos el XV aniversario de nuestra lucha durante el XIII Encuentro Nacional MAPDER que de antemano preparamos para los días del 26 al 28 de octubre de 2018 en los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Guerrero, lugar del nacimiento de nuestra resistencia y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y que llevará el nombre de nuestro compañero recientemente fallecido en el estado de Veracruz, Don Juan Zamora González, pionero chinanteco de la lucha antirepresas en México por su defensa comunitaria contra las afectaciones resultantes de la construcción de la presa Cerro de Oro.

Unimos nuestra acción a la defensa de los ríos internacionales, sin represas, nuestra exigencia de respeto a nuestros derechos y por la cancelación de proyectos de presas. Nos solidarizamos con las diferentes manifestaciones que se realizan a lo largo del mundo para hacer más fuerte la lucha contra los proyectos energéticos.

Hoy, transcurren para nosotros quince años de lucha y nuestra exigencia y convicción es la misma, a una voz:

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

¡Nuestras defensoras y nuestros defensores de los ríos, viven!

14 de marzo de 2018

Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos

MAPDER

EL FRACKING Y SUS CONSECUENCIAS EN EL AMBIENTE

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/ Lilia América Albert

Los riesgos para el ambiente y la salud asociados con el fracking han llamado la atención internacional, con algunos países en pro y otros en contra. Mientras algunos gobiernos, alentados por las compañías de gas y petróleo, tratan de poner en práctica esta técnica, investigadores, comunidades y otros gobiernos basan su oposición en los estudios que documentan los muchos riesgos y daños que causa. En realidad, el problema es principalmente económico y político, pues actualmente la protección del ambiente se enfrenta a grandes intereses y tiene un lugar secundario en las decisiones de los gobiernos.

El estudio de los impactos ambientales de la perforación para obtener hidrocarburos por medio de fracking ha sido un reto particularmente difícil debido al gran número de factores que se desconocen, en gran parte, por la mala calidad y escasa cantidad de los datos disponibles. Sin embargo, los estudios realizados hasta la fecha, y los impactos documentados en las comunidades cercanas al fracking, demuestran que las afectaciones y el deterioro son reales e inevitables.

Riesgos del fracking para el ambiente

en condado lafayette pensilvania

Los estudios financiados por la industria y los especialistas independientes indican que en la ingeniería del fracking hay problemas intrínsecos que no pueden evitarse con los materiales y tecnologías actuales; entre ellos: fracturación no controlada e impredecible, sismicidad inducida, fugas considerables de metano, así como deterioro del revestimiento de los pozos.

Aunque en general las técnicas van mejorando, la geología es a veces imprevisible, por lo que no se pueden evitar totalmente la aparición de fisuras y las pérdidas de materiales tóxicos.

Mientras se siguen descubriendo nuevas evidencias de los riesgos y se trabaja para conocer mejor el fracking y sus consecuencias negativas, no hay duda que esta técnica ha despertado muchas controversias y está desafiando el interés y la capacidad real de los gobiernos para controlar los daños a través de mecanismos regulatorios. Y es que, a pesar de que se sabe cada vez más sobre los riesgos del fracking a corto plazo, se continúan ignorando sus riesgos a largo plazo, los que pueden ser enormes.

Impactos ambientales de la fracturación hidráulica

El proceso de fracking conlleva un número elevado de efectos ambientales, algunos de los cuales aún no están plenamente caracterizados. Entre ellos destacan:

  • Elevado consumo de agua y su pérdida para el ciclo hidrológico.

  • Agotamiento de las fuentes de agua.

  • Elevada generación de desechos tóxicos y dificultades para su manejo.

  • Contaminación de los mantos freáticos y el agua superficial.

  • Contaminación atmosférica.

  • Migración de gases y sustancias del fluido hidráulico hacia la superficie.

  • Contaminación del suelo por derrames y flujos de retorno.

  • Emisión de gases de efecto invernadero (metano y otros).

  • Sismicidad inducida.

  • Contaminación acústica.

  • Impactos paisajísticos adversos.

  • Alteración de la biodiversidad.

Además de estos impactos, también se deben tener en cuenta los relacionados con el importante tránsito de vehículos pesados para transportar el gas extraído y la ocupación del territorio para la extracción.

Los fluidos del fracking. Se sabe muy poco de los riesgos ambientales asociados con las sustancias presentes en los fluidos usados para fracturar la roca, las cuales representan entre 0.5 y 2 por ciento del volumen de esos fluidos. Cualquier riesgo para el ambiente y la salud humana asociado con estos fluidos depende, en gran medida, de su composición; sin embargo, en Estados Unidos la legislación federal no obliga a las empresas de fracking a divulgar las sustancias que usan, debido a que la mayoría de los aditivos del fluido están exentos de las regulaciones de la Safe Drinking Water Act lo que ha generado un vacío de información sobre el contenido, características, concentración y volúmenes de fluidos que se inyectan al suelo durante las operaciones de fracking y su retorno a la superficie como agua de desecho.

Como resultado, en ese país los reguladores y el público realmente no pueden evaluar el posible impacto adverso de estos fluidos en el ambiente o la salud pública. La situación es peor en los países que importan la técnica sin obtener información sobre sus riesgos pues, en ellos, la normatividad usualmente está lejos de lo necesario.

Aunque, por presiones diversas y a iniciativa del gobierno, la industria creó la base de datos FracFocus para reunir datos sobre los componentes de los fluidos hidráulicos; aparte de que la participación en dicha base es voluntaria, la información no incluirá la identidad química de los productos patentados; tampoco se podrá determinar si las empresas están informando exactamente las características de lo que aplican en cada pozo.

El agua

estanque artificial para evaporacion de aguas residuales

Estanque artificial para evaporación de aguas residuales.

El proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua. Tradicionalmente, el fracking masivo (MHF) usa entre 4.5 y 13.2 millones de litros de agua por pozo y, en los proyectos grandes, hasta 19 millones de litros por pozo. Se necesita agua adicional cuando los pozos se re-fracturan.

Se ha calculado que, durante su vida útil, las operaciones de un solo pozo promedio requieren entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos (entre 9 y 29 millones de litros) de agua. Incluso, en países de clima templado, esto podría causar problemas en la disponibilidad del agua y, en las zonas más áridas, aumentar las restricciones en el suministro y el estrés hídrico.

Para solventar las necesidades de agua para la fracturación hidráulica usualmente se obtiene agua a partir de cauces naturales, aprovisionamientos municipales e industrias como las hidroeléctricas, todo lo cual reduce drásticamente la disponibilidad de agua para usos domésticos y recreativos.

Es importante resaltar que el agua que se usa en el fracking se pierde definitivamente para el ciclo hidrológico ya que: a) permanece en el pozo, b) se recicla para el fracking de nuevos pozos, o c) se desecha en pozos profundos para descartar los remanentes de la operación. Por cualquiera de estas causas, además de estar contaminada, no queda disponible para recargar los acuíferos.

Durante el proceso hay pérdidas de fluido de fracking desde el canal de fractura hacia la roca permeable circundante que, si no se controlan, pueden exceder el 70 por ciento del volumen inyectado, lo que daña la matriz, causa interacciones indeseables del fluido, altera la geometría de la fractura y reduce la eficiencia de la producción.

Dependiendo de las fuentes de información, se calcula que la cantidad de fluido que regresa a la superficie junto con el gas fluctúa entre 15 y 70 por ciento. Cantidades adicionales pueden regresar a la superficie a partir de pozos abandonados o por otras vías. Una vez que se ha recuperado el flujo de retorno, el agua que estaba presente en el subsuelo puede continuar fluyendo a la superficie y debe ser tratada o desechada.

A pesar de las medidas que se han tomado para evitar que las sustancias usadas en el fracking lleguen a los acuíferos y otros depósitos de agua, hay pruebas de que esto no siempre es posible y se han contaminado muchos acuíferos.

Aguas residuales y de retorno. Uno de los problemas más difíciles de resolver en esta técnica es cómo almacenar o disponer de las aguas residuales, cuya toxicidad potencial es difícil de evaluar debido a que muchos aditivos del fluido de fracking son secreto industrial y sus características se desconocen.

A la fecha no existe tratamiento efectivo para el agua de retorno, lo que la deja inutilizable para otros usos y fuera del ciclo hidrológico. Para su manejo se ha buscado aislarla e inyectarla en “pozos letrina”, pero esto no es una solución, ya que se ha comprobado que estos pozos se filtran y han contaminado acuíferos enteros.

Un estudio de 2011 del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), encontró pruebas de que, en algunas zonas de Estados Unidos, el gas natural (metano) está migrando a las fuentes de agua potable. Estudios, también de 2011, de la Escuela de Salud Pública de Colorado y la Universidad Duke mencionaron la contaminación del agua subterránea por metano a causa del proceso de perforación, lo que afecta negativamente la calidad del agua y, en casos extremos, puede causar explosiones.

Entre las sustancias disueltas durante el proceso de fractura, hay metales pesados, hidrocarburos y elementos radiactivos que pueden presentar riesgos adicionales. Los métodos para tratar las aguas residuales, (también conocidas como flujo de retorno, agua de retorno o agua de desecho), incluyen: inyección en el subsuelo, plantas municipales de tratamiento de agua, tratamiento industrial de agua de desecho, sistemas autónomos en las zonas de explotación y reciclado para fracturar nuevos pozos.

El reciclaje del agua de retorno es un proceso lento, complejo y no siempre eficaz; requiere que se usen sustancias adicionales y el agua solo puede reciclarse hasta una cierta concentración de sólidos totales disueltos. Algunas plantas que tratan esta agua no pueden eliminar grandes cantidades de sólidos disueltos y dichos sólidos (sales, compuestos orgánicos, metales pesados) en los fluidos de fracking pueden impedir el tratamiento.

Una preocupación adicional es que el petróleo obtenido por este sistema puede contener algunas de las sustancias que se usan en la fractura hidráulica, las cuales pueden acelerar la corrosión de los tanques de ferrocarril y los oleoductos en los que se transporta, con el riesgo potencial de generar fugas.

Radiactividad. En algunos casos de fracturación hidráulica se pueden liberar de la roca elementos radiactivos como uranio, radio, radón y torio, los cuales pueden salir a la superficie con el fluido de retorno. Esto genera preocupaciones adicionales por la presencia de radiactividad en el agua de desecho del fracking y su posible impacto adverso en la salud pública, ya que, como se dice antes, su reciclaje tiene límites.

El aire

Las emisiones del proceso de fracking al aire incluyen las fugas de metano de los pozos y las emisiones de los combustibles –diesel o gas natural– del equipo usado en el proceso; por ejemplo, compresoras, torres de perforación, bombas, etcétera.

Las fugas en los pozos de gas y en las tuberías también pueden contribuir a la contaminación del aire y a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se calcula que las fugas de metano están entre 1 y 7 por ciento; la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) calcula la tasa de fuga de metano en aproximadamente 2.4 por ciento. En el vapor que sale de los “pozos de evaporación”, en donde con frecuencia se almacenan las aguas residuales del fracking, se ha identificado benceno, un potente agente cancerígeno.

Es motivo de controversia si el gas natural producido por fracking causa más emisiones pozo-quemador que el gas de pozos convencionales pero, según algunos estudios, el fracking genera más emisiones debido al gas que se libera durante la perforación y preparación de los pozos, además de algunos retornos a la superficie del gas asociado con los líquidos del fracking.

El gran número de vehículos que se necesitan durante el proceso (cada plataforma de pozos requiere entre 4 mil 300 y 6 mil 600 viajes de camión para el transporte de maquinaria, limpieza, etc.) y las operaciones de la propia planta también causan contaminación atmosférica significativa, en especial, por gases ácidos, hidrocarburos y partículas finas.

Si el agua necesaria para el proceso se transporta en camiones, éstos también puede aportar importantes emisiones al aire, en especial, partículas.

Emisión de gases y su contribución al calentamiento global. El 90 por ciento de las emisiones en el proceso de obtención del gas son de metano, aunque también se emiten dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Aunque la combustión del gas natural emite menos dióxido de carbono que otros hidrocarburos, el proceso completo de su explotación contribuye en mayor medida a la aceleración del cambio climático debido a las fugas de metano durante su extracción, las cuales pueden alcanzar 8 por ciento de la producción total de un pozo, lo que es más que lo que se genera en los proyectos convencionales de extracción de gas.

El metano es un gas de efecto invernadero y su potencial de calentamiento es superior al del dióxido de carbono, por lo que el impacto de la extracción de gas de lutitas sobre el cambio climático puede superar al uso del carbón como combustible. Por otra parte, dependiendo de su tratamiento, las emisiones pozo-quemador para el gas de fracking son de 3.5 a 12 por ciento más elevadas que para el gas convencional.

Para conocer el efecto del fracking sobre el cambio climático es crucial cuantificar las fugas de metano a la atmósfera y cuestionar a la industria del fracking que asegura que son inferiores al 2 por ciento. Por ejemplo, un estudio reciente de la Administración Nacional Océanica y Atmosférica de Estados Unidos y de la Universidad de Colorado, en Boulder, determinó que, en la cuenca Denver-Julesburg, las fugas fueron del 4 por ciento, sin incluir las pérdidas adicionales en el sistema de tuberías y distribución, lo que es más del doble de lo que reconoce la industria.

En Estados Unidos, los promotores del fracking argumentan que la extracción y uso de este gas permitiría la independencia energética del país y disminuiría la quema de carbón. Sin embargo, según el estudio de 2011 del Centro para la Investigación Atmosférica de Estados Unidos, a menos que en el futuro las tasas de fuga de metano extraído por esta técnica se puedan mantener por debajo del 2 por ciento, la sustitución de carbón por este gas no permitirá reducir la magnitud del cambio climático.

Degradación del paisaje y contaminación acústica

el mismo paraje antes y despues del fracking

El mismo paraje antes y después del fracking.

Las operaciones de perforación pueden causar una degradación severa del paisaje a causa de la elevada ocupación del territorio y, además, contaminación acústica como resultado de las operaciones diarias que incluyen tránsito de vehículos, además del ruido de la perforación misma, lo que puede afectar negativamente a las poblaciones cercanas y a la fauna local a causa de la degradación del hábitat. La desertificación es otro factor ambiental preocupante.

Sismos antropogénicos

Rutinariamente, el fracking genera microsismos que solo pueden detectarse con instrumentos de alta sensibilidad pero también puede causar eventos mayores que pueden sentirse en las poblaciones aledañas. Si estos pequeños sismos activan una falla, pueden surgir graves problemas. Las fallas, desestabilizadas por la presión a la que son sometidas y el efecto de los sismos, pueden provocar eventos de considerable magnitud. A menudo, estos microsismos se usan para mapear la extensión vertical y horizontal de la fractura.

Debido a que la industria no puede tratar los grandes volúmenes de aguas residuales generados por el fracking, es común que utilice pozos de inyección (también conocidos como “pozos letrina”) para deshacerse del agua contaminada. La inyección de estas aguas puede desestabilizar fallas geológicas y provocar sismos.

Otro de los peligros del fracking es la posibilidad de que una falla peligrosa genere, a su vez, otros peligros, como la ruptura de la camisa del pozo o la contaminación de los mantos freáticos.

En Arkansas, Ohio, Oklahoma, Colorado y Texas, regiones sin actividad sísmica histórica, en años recientes se han multiplicado los sismos superiores a los 3 grados Richter, cuyos epicentros coinciden con la ubicación de los pozos de inyección. En Youngstown, Ohio, los sismos de origen antropogénico han llegado a ser hasta de 5.7 grados.

La inyección de agua de desecho de las operaciones de obtención de petróleo y gas, incluyendo fracking, en pozos de desecho de salmueras puede causar sismos más intensos, de los cuales se han registrado hasta de magnitud 3.3. Conforme a sismólogos de la Universidad Columbia, varios sismos que ocurrieron en el 2011, incluyendo uno de magnitud 4.0 que se sintió en Youngstown, Ohio, se pudieron relacionar con el desecho de aguas remanentes del fracking. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha afirmado que no hay garantía de que no ocurrirán sismos de mayor magnitud a causa de esta técnica.

Por otra parte, la frecuencia de estos sismos ha ido en aumento en Estados Unidos. En 2009 hubo 50 sismos superiores al grado 3.0 en la zona que abarca desde Alabama hasta Montana; en la misma zona, en 2010, se registraron 87 temblores y, en 2011, hubo 134; en total, hubo un aumento de seis veces sobre la frecuencia de los sismos registrados durante el siglo XX.

Conclusiones

Ante la pregunta ¿es válido oponerse a todo el gas natural? La respuesta y, realmente, la cuestión de fondo es ¿para qué queremos más gas?, en especial, uno cuya extracción causa daños tan graves al ambiente y la salud.

Por mucho gas que se pudiese obtener en el mundo con el fracking─lo que está aún por evaluar─, las energías renovables son los recursos energéticos que tenemos en abundancia y las que deberíamos desarrollar y utilizar, ya que son tecnologías que ya existen, cuyos impactos negativos son mucho menores y hay sectores empresariales y tecnológicos dispuestos a aprovecharlas.

Puesto que varios estudios demuestran que es posible lograr un sistema energético basado totalmente en energías renovables, es absurdo emprender una nueva búsqueda de más combustibles fósiles con graves impactos potenciales adversos para el planeta, además de que se corre el riesgo de desviar los recursos y los esfuerzos que deberían concentrarse en el desarrollo y aplicación de las energías renovables y la eficiencia energética.

Los promotores del fracking prometen importantes ventajas incluso para el medio ambiente, pero detrás de esas optimistas declaraciones se esconde un interés puramente económico.

Finalmente, aunque el fracking tuviera éxito y sus riesgos no superaran a sus ventajas, lo único que se lograría es prolongar la dependencia de la humanidad de los combustibles fósiles, que son limitados y cuyo uso es incompatible con la estabilidad del clima.

El reconocimiento del enorme potencial de este importante recurso solo podrá lograrse resolviendo las controversias actuales mediante investigaciones adecuadas, políticas sustentables y regulaciones eficaces. Las regulaciones fundadas en hechos y las políticas con base en datos científicos sólidos son cruciales si se desea disponer del gas de lutitas, al mismo tiempo que se asegura la protección de la salud humana y el ambiente.

Lilia América Albert
Ambiente y Salud, AC
Correo-e: la.albertp@gmail.com

RECHAZO TOTAL AL FRACKING EN TAMAULIPAS

/ No Fracking Tamaulipas

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Los días 6, 7 y 8 del mes en curso se llevará a cabo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el Foro Oportunidades y Desafíos en el Desarrollo de Petróleo y Gas de Yacimientos No Convencionales organizado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Energía y por el Gobierno de Tamaulipas.

Debido a la complejidad para la explotación de los yacimientos no convencionales se requiere el uso de la técnica de fractura hidráulica, mejor conocida como fracking; se trata de una práctica experimental, insegura y altamente nociva para el ser humano y el ambiente, dado que requiere una gran cantidad de agua; implica la inyección de 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por cada pozo, para extraer hidrocarburos de rocas de muy baja permeabilidad.

Además, el agua usada para fracking se contamina de manera irreversible dado que se mezcla con sustancias químicas -entre 650 y 990-, mismas que pueden provocar múltiples daños a la salud de las personas (como cáncer y mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema nervioso).

Las fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo han contaminado fuentes de agua, el suelo y el aire. Adicionalmente, el fracking presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en buena medida al proceso de calentamiento global. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes desechados, pueden incluso causar sismos. Sus impactos son irreversibles y los daños irreparables.

Dados los riesgos que trae consigo, fractura hidráulica ha sido prohibida y vetada en países como Francia, Bulgaria, Alemania, Irlanda, Suiza, así como en algunas comunidades autónomas de España y en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, las cuales han establecido moratorias y prohibiciones con base en el Principio Precautorio como herramientas jurídicas ante los impactos del fracking.

En el país, los estados que se encuentran bajo la amenaza de llevar a cabo esta tóxica actividad son Tamaulipas, Coahuila, Puebla, Nuevo León, San Luís Potosí, Hidalgo y Veracruz. De concretarse estos planes, el Estado mexicano estará incumpliendo sus obligaciones de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos, al poner en riesgo el medio ambiente, la salud, el agua, la alimentación y la vida de las comunidades de estas zonas y de la población general del país.

Ante este panorama, la Organización Ciudadana No Fracking Tamaulipas y la Alianza Mexicana contra el Fracking, hacemos público nuestro rotundo rechazo a esta nociva práctica y a los intentos del Gobierno Federal de engañar a la ciudadanía exaltando los supuestos beneficios económicos y ventajas de la mencionada técnica mediante la realización de eventos como este próximo Foro. Asimismo, exigimos a los gobiernos federal y estatal un alto inmediato para la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fracking y que se detenga la simulación de que mediante la regulación del proceso la salud del ambiente y de la población estarán garantizados.

#RadioParadoxa #MediosLibres anuncia próximas emisiones diarias #EnVivo

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Que este año 2018 sea fructífero para los medios libres. En un contexto donde la verdad es manipulada, informar es un acto revolucionario.

#RadioParadoxa #MediosLibres

 

 

ANTE LA INCURSIÓN DEL FRACKING EN LOS TERRITORIOS: RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN

/ Redacción Paradoxa CML

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El petróleo y los hidrocarburos siguen destacando hoy en día como fuentes energéticas que sostienen la civilización, por ello son también fuente de poder geopolítico y económico. Sin embargo la exigencia cada vez mayor de energía fósil requerida para alimentar el modelo productivo capitalista y un estilo de vida contemporánea derivado de este, ha conducido hacia un colapso ambiental y social global que ha transformado violentamente el mundo atentando contra ecosistemas de los que depende la supervivencia de la especie humana y otros seres vivos.

Si de por sí la extracción petrolera como fuente de energía suprema desde hace más de una centuria, tras la invención de la geología del petróleo y del motor de combustión interna, los impactos ambientales resultantes tales como la contaminación atmosférica, el calentamiento global, derrames en mares, ríos, etc., han sido alarmas suficientes que indican la urgencia de transitar hacia otro modelo energético no basado en el petróleo y por tanto no promotor de la destrucción planetaria, pese a esto actualmente el extractivismo del petróleo y de hidrocarburos como el gas están en repunte, aunque ahora mediante un método extractivo más peligroso, con consecuencias fatales e irreversibles para el medio ambiente y la vida humana y no humana: el fracking.

El fracking o fractura hidráulica consiste en la perforación vertical de pozos para extraer petróleo o gas natural atrapado en formaciones rocosas poco permeables, para lograrlo se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y cientos de sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de de hidrocarburos a los poros. Entre las sustancias potencialmente tóxicas utilizadas para el fracking se cuentan: destilados de petróleo como kerosene y gasoil (el cual contiene benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, naftaleno y otros productos químicos), hidrocarburos aromáticos policíclicos PAH, metanol, formaldehído, etilene glicol, ethers de glicol, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio; el contacto del organismo humano con estos químicos se extiende a enfermedades cancerígenas, así como impactos en los sistemas neurológicos, inmunológicos y reproductivos.

Además la contaminación de ríos, mares, lagos y aguas profundas es otra de las consecuencias fatales del fracking, pues al depender la vida del agua el envenenamiento por su consumo es uno de los efectos letales que sufren los habitantes y animales de zonas cercanas a las áreas de explotación. La improductividad de tierras de cultivo y ganadería es otro daño, además la adquisición de espacios para su ejecución va ligada a la desposesión y la privatización, aunado a esto la perforación mediante fractura hidráulica propicia sismos que vuelven aún más catastróficos sus impactos, incluso en lugares sin histórica actividad sísmica.

Como una maniobra más de la economía global para acumular riqueza, el fracking se ha lanzado mundialmente a través de una ofensiva extractivista que agudiza los ya existentes conflictos socioambientales y genera otros nuevos. En este proceso el territorio mexicano no ha quedado fuera del negocio, al contrario distintos gobiernos han incentivado prácticas extractivas que favorecen a empresas trasnacionales y nacionales en perjuicio de las comunidades, los derechos humanos y la protección ambiental; particularmente la Reforma Energética implementada durante el sexenio actual ha abierto la puerta al establecimiento e intensificación del neoextractivismo del que forma parte el sector energético y el fracking.

El fracking desde hace años se ha venido implantando de manera sigilosa, sin la consulta ciudadana, incluso algunos de sus efectos se han presentado en los territorios donde ya se implementa, en Nuevo León y Tamaulipas por ejemplo ya se han registrado sismos cuya causa apunta a ser el fracking, también en ejidos de San Fernando, Tamaulipas campesinos han denunciado la afectación de productividad en tierras agrícolas. Además de estos dos estados del noreste mexicano, otras entidades como Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Oaxaca también se encuentran bajo la amenaza de esta técnica extractiva.

Sin embargo, ante la imposición ha habido reacción, resistencias acompañadas de la organización colectiva que luchan por territorios libres de fracking, por un sí a la vida y no al extractivismo de despojo y muerte. De esta manera ante el ecocidio que promete la fractura hidráulica organizaciones campesinas y ambientalistas en distintas latitudes han hecho pública y legal la defensa del territorio, en Nuevo León donde hay bajo amenaza del fracking 21 municipios, ciudadanía preocupada por los problemas socioambientales y la insensibilidad de los gobiernos ante estas problemáticas, ha conformado el Movimiento Ambientalista en Defensa de la Madre Tierra y de la Vida para demandar un No al fracking en Nuevo León ni en ningún lado, en una lucha que amerita sumar voluntades día a día son más las personas que alertadas de los riesgos inminentes del fracking se oponen y se organizan.

Junto al fracking el uso de aguas para su realización es un componente que también llama la atención en Nuevo León, pues en este contexto se busca implementar distintos megaproyectos hidráulicos que más allá del abasto para consumo humano busca proveer a la industria pesada y por supuesto al fracking. De por sí el uso de agua y la explotación de pozos profundos en el estado para beneficios privados es una problemática que evidencia el lucrativo negocio que representan recursos naturales para las empresas, con todo y sus costos socioambientales.

En este contexto el horizonte de la defensa del medio ambiente y la vida se perfila optimista en tanto que la prohibición del fracking en municipios mexicanos como Xilitla, Tanlajás en San Luis Potosí, Tlapacoyan en Veracruz, así como en otras localidades del mundo se ha logrado gracias a la resistencia y la organización ciudadana, demostrando además que la voracidad capitalista y la devastación ambiental puede ser desafiada exitosamente, lograrlo es una tarea colectiva que se amerita realizar y potenciar.