EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN MÉXICO EN UN CONTEXTO DE GUERRA*

/ Frayba

army

Fotografía: Júbilo Haku

Hombres y mujeres,

traigo en mis manos esta flor y esta vela,

son de nosotros y de nuestros hijos e hijas,

las ofrecemos por nuestras hermanas

y hermanos del mundo que sufren.

María, víctima /sobreviviente de desplazamiento forzado.

Nos encontramos entre los países de América Latina con el mayor número de personas en desplazamiento forzado, con una cifra que para el año 2013, alcanza en el continente al menos 6.3 millones de personas desplazadas; de éstas sobresalen los casos de México, Honduras y Colombia.

Para el México reciente, este auge tiene su referencia inmediata en el acto de la toma de poder de Felipe Calderón en 2006, y el anuncio de la “guerra contra el narco”, generando una situación que se agudizó desde el 2008 y se resume en tres elementos centrales:

1) La “estrategia de seguridad” puesta en marcha por el gobierno federal en el sexenio 2006 – 2012 y continuada silenciosamente en el de Enrique Peña Nieto (2012 – 2016), basada hasta ahora en una política de guerra, de enfrentamiento abierto entre los grupos de la delincuencia organizada, y la implementación de operativos conjuntos de cooperación con las diferentes fuerzas de seguridad (EM, Marina y Policías);

2) Reacomodo del territorio por parte del crimen organizado y el recrudecimiento de la disputa por el control de rutas de distribución de drogas entre cárteles y fuerzas federales;

3) Fragmentación de los grupos delictivos, divisiones internas y agudización de la disputa entre sí por el control e influencia en los territorios.

Además, el crimen organizado, aparte de mantener el control del tráfico transnacional de drogas, se dedica también a otras actividades como la extorsión, el cobro de cuotas de piso, secuestros, trata de personas, distribución y venta de drogas en el mercado local, lo que determina mayor vulnerabilidad para los habitantes del país expuestos en medio de los objetivos de este “mercado”.

Como hemos señalado, los operativos mixtos, la presencia del EM y la Armada de México (Marina) en las calles de las principales ciudades, y la implementación de retenes ilegales generan persecuciones y acciones de violencia, que la sociedad percibe como una causa de más inseguridad. Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y miles de personas son asesinadas, víctimas directas de esta guerra que genera zozobra, incertidumbre y miedo.

La situación producida por esta violencia, determina también un contexto muy ambiguo en cuanto a información de la que se dispone para establecer el número exacto de los casos de desplazamiento forzado.

En 2010, Tamaulipas fue el estado donde la situación resultó más difícil, debido a la violencia desatada por los enfrentamientos, con el involucramiento también de las fuerzas de seguridad federal, entre los Zetas y el Cártel del Golfo que se disputaban el control de las rutas del narcotráfico. En noviembre de ese año, después de una amenaza de los Zetas en contra de habitantes de Ciudad Mier, 400 personas salieron huyendo. Dos casos más son los desplazamientos masivos de más de 3,000 personas, referidos por el Internal Displacement Monitoring Centre, (IDMC) en Tierra Caliente, Michoacán, y Coyuca de Catalán, Guerrero. Esto sucede en proporción directa, conforme el ambiente de inseguridad aumenta y se percibe como insostenible, por lo que la población escapa del riesgo derivado a consecuencia de la presencia de grupos armados en su lugar de residencia.

En el año 2011, la consultora privada Parametría Investigación Estratégica Análisis de Opinión y Mercado señaló que en el país había 1 millón 648 mil 387 personas víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia por la guerra contra el narcotráfico. Aunque los datos a nuestra disposición no son exactos, en términos de número de personas y temporalidad del desplazamiento forzado, no se puede ignorar el nexo entre violencia y desplazamiento forzado, pues las personas abandonan sus hogares por amenazas a su integridad personal, derivado de la difícil situación que enfrentan en sus comunidades de origen.

En 2012, estudios realizados desde el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez determinaron que desde 2006, sólo de Chihuahua fueron desplazadas por la fuerza 230,000 personas, de las cuales la mitad se convirtieron en refugiadas al huir a Estados Unidos. En otra entidad, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), estableció que a finales de 2012 había en ese estado entre 25,000 y 30,000 desplazados forzadamente por la violencia.

La crisis de violencia y de derechos humanos que vive nuestro país es sistemática y con el transcurso de este sexenio se ha incrementado junto con la inseguridad e impunidad, consecuencia, como lo hemos señalado arriba, de una estrategia de “seguridad” iniciada por parte del gobierno de Felipe Calderon Hinojosa, que preveía un aumento indiscriminado de tareas de seguridad por integrantes de las fuerzas armadas del país, lo que ha provocado la ocupación militar del territorio.

Esta estrategia de “seguridad”, es el marco ideal y el pretexto que tiene el Estado mexicano para justificar las violaciones a derechos humanos y acciones de violencia contra la población civil como: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidios, detenciones arbitrarias, torturas además de las miles de personas desplazadas forzadamente.

En lo local somos testigos de que Chiapas no está exento de este contexto de violencia y guerra y, con el argumento de que la presencia militar es indispensable para combatir el crimen organizado, también hay un aumento de violencia y violaciones a los derechos humanos, sobre todo en zonas marginadas y a personas que viven en situación de pobreza, quienes se encuentran, por esta situación, en mayor vulnerabilidad y riesgo.

El desplazamiento interno en Chiapas es un fenómeno histórico, que ha tenido diversas fases y situaciones: en la época de los 70 y 80’s se caracterizó por cuestiones religiosas; en los principios de los noventas y hasta bien entrado los primeros años de este siglo la característica de este fenómeno fue por una acción militar y paramilitar enmarcada en el Plan de Campaña Chiapas 94, implementado por el gobierno federal por el Conflicto Armado Interno. Actualmente, el desplazamiento forzado lo vemos representado en diversas formas de violencia, entre ellas la que genera la guerra contra el crimen organizado, así como el riesgo de desplazamiento forzado en que se encuentran comunidades amenazadas por la implementación de proyectos de la industria extractiva e infraestructura.

*Extracto del Informe Los Caminos de la Resistencia del FRAYBA
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