DESAPARICIONES FORZADAS, FENÓMENO HABITUAL Y CRECIENTE EN MÉXICO

/ Redacción Paradoxa CML

 

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Foto: Angula Berria

La desaparición forzada es un hecho aberrante que por la complicidad institucional ya forma parte de la vida cotidiana en México, no es un problema reciente, pues desde hace décadas dicha práctica se ha fortalecido y extendido más allá de las represalias gubernamentales, desde la guerra sucia de 1960 a 1980, a la impunidad con la que operan hoy en día los grupos criminales vinculados al narcotráfico, solapados por el sistema de justicia penal y utilizados en algunos casos por funcionarios públicos como mercenarios.

Además de las personas desaparecidas por motivos políticos, están los miles de migrantes y las víctimas de trata que sufren las atrocidades de las violaciones a sus derechos humanos en suelo mexicano; desde el año 2007 a la fecha desaparece en promedio diariamente una decena de personas.

El fracaso del gobierno del país ante la prevención y sanción de las desapariciones forzadas, no corresponde a una falla accidental de su política implementada, sino mas bien a su manera concreta de hacer política, ya que existe una evidente falta de voluntad para resolver tales crímenes, por supuesto porque el Estado demuestra ser partidario de la desaparición forzada como un freno a la inconformidad social, como un método de terror para inhibir la acción política que escape a los oficialismos, como una manera más de vulnerar a los pobres, es por ello que este crimen de lesa humanidad se ha vuelto habitual, porque desde los medios masivos y los discursos oficiales se ha pretendido que la desaparición forzada sea asumida como se asume lo ordinario, sin asombro y sin indignación, como una parte inevitable de la vida, tal y como en otros tiempos se pretendió que se asumiera a la miseria económica.

En México se enfrenta un día a día de hombres y mujeres desaparecidos, sin embargo sus rostros no figuran en los titulares de los diarios, mucho menos de la televisión, desaparecer contra la propia voluntad es un riesgo que toman los ciudadanos cada día al salir de sus viviendas, inclusive no hace falta dejar el hogar para que suceda; por supuesto que la población pobre es la más afectada, niñas, niños, víctimas en la mayoría de los casos de explotación sexual, algo que no causa tanto escándalo en un país donde la justicia no es para quien carece de poder, dinero o influencias.

Es indiscutible que lo que se vive en México es el paraíso del crimen, porque reina la impunidad, no solamente se infringen los derechos fundamentales de toda persona, sino que además alzar la voz, organizarse para exigir su cumplimiento desencadena también una ola de represalias, porque la ley máxima de los gobiernos hacia los ciudadanos parece ser aguantarse y callar, o en caso contrario atenerse a las consecuencias, es decir ser encarcelado, asesinado o desaparecido.

El reciente informe Diez años de desaparición forzada por motivos políticos en México 2006-2016, presentado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, da muestra de la gradual represión gubernamental que utiliza la desaparición forzada como instrumento de control, ya que los datos muestran que en lo que va del 2012 a la fecha, son 83 los defensores de derechos humanos y luchadores sociales que se encuentran en calidad de desaparecidos, una cifra perturbadora y creciente con respecto al sexenio anterior, en el que se registraron 56 casos. Se ha querido deslindar la responsabilidad gubernamental de dicha realidad, se ha pretendido que la opinión pública, yendo por la tangente, crea que las desapariciones son hechos aislados y casuales, que culpar al llamado crimen organizado soluciona el problema.

Los gobiernos en sus tres niveles se han afanado en defender que la hostilidad en la que se desarrolla la vida social de los mexicanos es ajena a la gobernabilidad, que si hay desapariciones es porque hay bandas criminales, que si alguien desaparece es porque algo hizo para merecerlo, las excusas para deslindarse son muchas, cuando en realidad es de su total incumbencia lo que sucede; y así se prevé en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, cuando se declara que no hay una justificación para aligerar el fenómeno de la desaparición, ni los conflictos armados ni las situaciones políticas internas son motivo que lo sustente.

Toda persona tiene derecho a no ser desaparecido contra su voluntad, en el caso que se violente tal derecho, procede la búsqueda efectiva, la justicia y la reparación, así está estipulado internacionalmente, aunque en el contexto nacional no solamente nos encontramos con que policías y militares tienen parte en desapariciones forzadas, sino que la búsqueda y la impartición de justicia es una realidad distante que se pierde en la extenuante burocracia; en México persiste una criminalización por la exigencia de la justicia, familiares y defensores de las personas desaparecidas sufren de amenazas y hostigamientos por parte de las autoridades encargadas de resolver esta problemática de lesa humanidad.

Tan cautelosas llegan a ser las instancias que tienen la obligación de impartir justicia en desapariciones, para no evidenciarse a sí mismas en su fracaso, que incluso la información estadística es escueta, no va con la realidad, por ende no permite conocer la magnitud verdadera del flagelo de las desapariciones forzadas, así lo reconoce el Comité Contra la Desaparición Forzada, cuando señala que la información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, no contempla la totalidad de las personas ausentes contra su voluntad, e incluso algunas han sido borradas de la base de datos sin una resolución.

De manifiesto, la falta de seriedad al tema por parte de las autoridades mexicanas va de la mano a su manera de imponer el poder, a través del terrorismo, la amenaza de la desaparición o el cumplimiento de facto, por ello no es extraño que la impunidad esté ligada a elementos policiacos y militares que realizan los crímenes, son pocos los casos en que éstos son evidenciados y muchos en los que son protegidos, sobre todo en el caso de algunos soldados criminales, para quienes los tribunales de justicia militar sirven sin más para simulación. Para las instituciones gubernamentales comúnmente se trata de los malos elementos de la corporación, y no de la corrupción organizacional ni de una política fundada en el miedo, siempre hay oportunidad para los deslindes y las promesas de acción, una cruel realidad a la mexicana.

La desaparición forzada una práctica histórica por parte de los gobiernos mexicanos, debe tener tolerancia cero por parte de la sociedad civil, urge denunciar todo vínculo de omisión y colusión a la acción de desaparecer por la fuerza, resulta urgente romper los prejuicios que socialmente vuelven cómplices de atrocidades como este crimen, es necesario dejar en claro que la lucha por los derechos y las libertades es un deber, no algo que tenga que merecer un escarmiento vía la violencia, como lo quiere hacer creer la política de Estado.

Publicado en #RevistaParadoxa edición 10 / junio 2016

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