AUDIENCIA ANTE LA CIDH SOBRE LA MASACRE DE ACTEAL

/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.

juan vazquez de la comunidad de acteak

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), sostuvieron audiencia pública sobre el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 156 período de sesiones de este organismo ubicado en Washington D.C.

El 20 de octubre del 2015 se participó en la audiencia sobre Fondo con el objetivo de presentar un Estudio sobre la Masacre de Acteal, titulado: Estudio Psicosocial de los antecedentes, factores asociados al hecho y manejo de la emergencia, consecuencias psicosociales e impacto colectivo en la comunidad de Acteal elaborado por el Dr. Carlos Martín Beristain, Médico y Doctor en Psicología, Profesor de Ayuda Humanitaria, Universidad de Deusto (País Vasco, España). Dicho Estudio psicosocial incluye un Informe Pericial Médico Forense, realizado por el Dr. Francisco Etxeberria Gabilondo, Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco, Médico Especialista en Medicina Legal y Forense.

El Estudio Psicosocial da cuenta del impacto que la Masacre de Acteal, perpetrada el día 22 de diciembre de 1997, ha tenido en las víctimas, en las personas sobrevivientes y en la comunidad afectada. Dentro de él se contempla el contexto y los antecedentes en que se dieron los hechos, los impactos sufridos por las víctimas (especialmente mujeres, niñas y niños), así como la falta de respuesta adecuada del gobierno mexicano en la investigación, sanción y reparación de los hechos.

También se abordan las consecuencias del estrés crónico y de la ausencia de justicia, el desgaste comunitario y los efectos colectivos que han tenido tanto la Masacre como la situación de impunidad a lo largo de 17 años; la división comunitaria posterior, así como las evaluaciones que los sobrevivientes y familiares hacen sobre las respuestas o responsabilidades del Estado.

#Video: 

Documento

Buenos días, respetables señoras y señores Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acudimos a la audiencia sobre la petición 12.790, mi nombre es Pedro Faro Navarro, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (en adelante Frayba), me acompañan Juan Vázquez Luna, representante de los sobrevivientes de la Masacre Acteal, actualmente es Secretario de Mesa Directiva, único órgano de autoridad reconocido por la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (en adelante Abejas de Acteal), también nos acompaña Rubén Moreno, abogado e integrante del Frayba.

Nuestra intervención versará específicamente en la presentación del peritaje que hoy entregamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado mexicano; consistente en un documento denominado Masacre de Acteal. Estudio psicosocial de los antecedentes, factores asociados al hecho, manejo de la emergencia, consecuencias psicosociales e impacto colectivo, peritaje realizado por el Dr. Carlos Martín Beristaín. Médico y Doctor en Psicología. Además incluimos como anexo un informe pericial médico forense sobre el análisis de las autopsias de las víctimas realizado por el Dr. Francisco Etxeberria, médico forense y profesor de la Universidad del País Vasco.

El peritaje desglosa de manera clara y precisa el antecedente y el contexto a profundidad en donde se enmarca la Masacre de Acteal, así como los elementos claves que permiten entender los efectos psicosociales e impacto a casi 18 años de impunidad que dieron pasó a la petición 12.790.

Por lo que podemos afirmar que la Masacre de Acteal se inscribió en un contexto de guerra, donde las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el Gobierno mexicano. En 1995, el presidente Ernesto Zedillo recién arribado al poder1, inicia una nueva etapa en el conflicto armado interno (CA-I) en Chiapas.2.

Esta etapa de contrainsurgencia consistía en socavar el apoyo de la población civil a la guerrilla,3 en las zonas Altos y Norte con acciones policiacas y paramilitares, bajo el mando del Ejército mexicano y su Fuerza de Tarea Arcoíris comandada por el General Mario Renán Castillo. Este estrategia fue develado por el documento “Plan de Campaña Chiapas 94”4 y se corrobora con una minuciosa comparación de lo ocurrido en la denominada Zona de Conflicto, la cual se ha ido cumpliendo paso a paso,5 así también con la información proporcionada por la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) sobre archivos desclasificados obtenidos por Caty Doyle, la cual señala lo siguiente:

Existe el “apoyo directo” del Ejército mexicano a grupos armados en Chiapas. Además, el documento describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas. Sostiene también que a fin de promover a los grupos armados antizapatistas. Los “equipos humanos de inteligencia” daban “entrenamiento y protección de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región”.6

En dicho plan de campaña Chiapas 94’, la zona Altos (Tsotsil) y la Región Selva Norte (Ch’ol), fue definida el teatro de operaciones del Ejército mexicano como la Zona de Expansión, la campaña militar privilegió la acción paramilitar, cometiendo ataques sistemáticos en contra de la población, considerada por el Ejército mexicano como la “secretaría de masas” de la guerrilla7.

Los grupos paramilitares eran constituidos en su mayoría por campesinos indígenas que pertenecían al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes cometían ejecuciones, desapariciones, amenazas, robos, quemas de casas8, desplazamientos forzados9; se reunían previamente para planear los actos a ejecutar, seleccionando a sus víctimas; contaban con el apoyo de diversas autoridades desde los ámbitos municipales, estatales y federales, utilizaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y uniformes del tipo de la Policía de Seguridad Pública10; mantenía un vínculo directo11 con ellos, fueron entrenados por militares.12

En Chenalhó lugar de la Masacre, se suscitaron diversos avisos para alertar de la situación de riesgo a la vida e integridad personal que estaba sufriendo la población civil. A partir de agosto de 1996, la violencia se incrementó como respuesta a la creación del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de San Pedro Polhó, las amenazas, robos, homicidios, desapariciones, despojos, secuestros, entre otros, se habían convertido en eventos cotidianos en la región, que provocaban el desplazamiento forzado de miles de familias que huían de dichas agresiones.

Es preciso señalar que los hechos previos a la Masacre, fueron denunciadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, de manera directamente por los Obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López e integrantes del Pueblo Creyente, entre otros, que de manera reiterada dieron a conocer mediante comunicaciones privadas y públicas, la acción paramilitar del grupo del PRI que operaba en la región.

La existencia de dichos grupos paramilitares había sido ya denunciada por este Centro de Derechos Humanos en los meses anteriores, ya que fueron entregadas por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas a las autoridades mexicanas en dos ocasiones. Un primer dossier fue presentado a la Secretaría de Gobernación, siendo el obispo Raúl Vera López quien se entrevistó con el entonces Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet para hablarle de la situación. Dicho dossier fue elaborado por el Frayba advirtiendo la situación de riesgo y de guerra en que vivían los pueblos y comunidades indígenas. En una segunda ocasión, un nuevo dossier fue entregado al Ministerio Público a inicios de 1998 tras la masacre de Acteal, después de las denuncias de dicho obispo sobre la existencia de grupos paramilitares en la zona.13

Ante estos hechos, sostenemos que no todo está perdido, está el andar de los pueblos y comunidades que van construyendo Memoria, Verdad y Justicia, ante la cerrazón e instrumentalización legal de los gobiernos como el de México, que tiene como vocación la violencia expresada en Masacres y represión hacia los Pueblos, siendo el Estado que mantiene sepultado los horrores de la llamada guerra sucia bajo un terrorismo de Estado y hoy día bajo un Estado Criminal.

Ahora toca escuchar con atención la voz de los pueblos que con su palabra agrietan la muralla de corrupción e impunidad. Le paso la palabra al señor Juan Vázquez Luna, quien nos narrará de manera sintética los hechos e impactos de la Masacre de Acteal y el impacto que en el transcurso del tiempo ha ocasionado a la población.

~*~

Buenos días señoras y señores comisionados.

Mi nombre es Juan Vázquez Luna, soy originario de la comunidad de Acteal municipio de Chenalhó ubicado en el estado de Chiapas.

Actualmente soy Secretario de la Mesa Directiva de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y en nombre de todos sus integrantes tanto de la Mesa Directiva como de la Organización reciban un saludo, agradeciendo el espacio para llevar a cabo la presente audiencia.

Como ustedes saben el 22 de diciembre de 1997, a las 11:00 horas aproximadamente, en el campamento de desplazados “Los Naranjos” ubicado en mi comunidad de Acteal, fueron ejecutadas 45 personas más 4 que aún no nacían, este hecho fue llevado a cabo por el grupo paramilitar priísta creado, entrenado y financiado por el gobierno mexicano y que actuaba impunemente en mi municipio. Los hechos de la masacre se prolongaron hasta las 17:00 horas de la tarde, sin que la policía que se encontraba a escasos 200 metros actuara para impedir la masacre.

El resultado de este ataque fue la ejecución de:

18 mujeres adultas, cuatro de ellas con embarazos de entre 5 y 8 meses de gestación,

7 hombres adultos,

16 mujeres adolescentes o niñas de entre los 17 años y 8 meses de edad,

4 niños entre los 15 y 2 años.

Y 26 personas resultaron heridas, en su mayoría menores, 16 de los cuales fueron hospitalizados con heridas graves, que ponían en peligro su vida, que les ha dejado lesiones permanentes como dolores, cicatrices y afectando la función de algunos órganos. Entre los 7 hombres ejecutados se encontraba mi padre Alonso Vázquez Gómez, de 46 años de edad, quien era el catequista de la comunidad de Acteal, era una persona escuchada y respetada por varias comunidades aledañas, púes era el guía espiritual. Ese día 9 de mis familiares fueron masacrados.

Sabemos por el testimonio de los propios policías y funcionarios que estuvieron en el lugar de los hechos, que los cuerpos lo debían levantar pronto, antes de que la prensa llegara y se diera cuenta de la magnitud de la masacre. Por eso desde las 3 de la mañana comenzaron a juntar los cuerpos, sin tomar las debidas diligencias para preservar el lugar, principalmente de cómo se encontraban masacrados nuestros familiares.

Señoras y señores comisionadas, esta masacre estuvo planeada por el propio Estado mexicano.

Los 45 cuerpos fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez, a una distancia de más de 4 horas de camino. Nunca se tomó el consentimiento de sus familiares para ese traslado; todos ellos fueron amontonados en un convoy de redilas, de la misma policía, sin tomar ninguna medida, sin compasión. Allá en Tuxtla les quitaron sus órganos, nos los entregaron todos vacíos y algunos con un alto grado de descomposición. Eso fue muy duro para nosotros porque esa no es nuestra costumbre tsotsil, esa no es la forma de vivir el duelo. Con esto nos dieron un golpe, pero hoy estamos aquí con fuerza para seguir denunciando y encontrar un espacio para la verdad y la justicia.

Hoy estamos aquí para presentar el Estudio psicosocial elaborado por el Dr. Carlos Martín Beristain, el cual se encuentra acompañado por un Informe Pericial Médico Forense, realizado por el Dr. Francisco Etxeberria Gabilondo éste último da cuenta de las lesiones encontradas en los 45 cuerpos y la interpretación sobre la causa de la muerte.

Señoras y señores comisionados, en este Estudio se encuentra nuestra palabra, palabra que insistentemente hemos dado a conocer al Estado mexicano, sin que hasta el momento hayamos encontrado verdad y justicia, lo único que existe es la impunidad. A pesar de que en su momento se le hizo saber a las autoridades oficiales de los desplazamientos, de las amenazas y finalmente de los hechos que se estaban llevando acabo el día de la masacre, ningún nivel de gobierno intervino para evitarlo.

Las mujeres, sobre todo, frecuentemente se enferman de dolor de cabeza, de embolia, parálisis facial, colitis nerviosa, gastritis. Algunos hombres y jóvenes comenzaron a tomar alcohol porque les duele mucho que les mataron a sus mamás, papás o a sus hermanos.

En el tiempo de los desplazamientos, la presencia del Ejército mexicano en las comunidades era de hostigamiento y miedo, especialmente para las mujeres y niños.

Señoras y señores comisionados, el Ejército mexicano nunca nos protegió, a los que protegían eran a los paramilitares. Por el contrario, el Ejército se fue apoderando de nuestras parcelas. Por ejemplo: después de la masacre, el 3 de enero de 1998, en la comunidad de Xoyep el Ejército mexicano llegó e intentó instalarse a orillas del campamento de desplazados, nuestros compañeros no lo permitieron y fueron expulsados por la propia gente organizada. Los militares querían invadir el único pozo de agua en donde los desplazados se abastecían.

Señoras comisionadas y comisionados, esta impunidad que seguimos viviendo, nos ha traído grave dolor, pues actualmente a lo largo de estos 6,512 días el desgaste ha sido fuerte, muchos de nuestros compañeros se han dividido. El gobierno mexicano compra a nuestros “líderes” o representantes de Las Abejas, como sucedió en el 2008 y como sucede actualmente. Los programas asistencialistas están a la orden del día, las viviendas, los proyectos productivos, cargos políticos, etc. Todo esto es para acabar nuestra lucha y memoria.

Señoras y señores comisionados, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cómplice de toda esta impunidad. Pues ha amparado y excarcelado a los asesinos, argumentando “fallo en el debido proceso”. El fallo es del Estado, pues desde el principio ha ocultado la verdad. El gobierno mexicano ha permitido que estos paramilitares regresen a sus casas, a nuestras comunidades, cerca de nuestra comunidad de Acteal. Además los ha premiado con tierras, dinero y casas, mientras tanto nosotras las víctimas no encontramos verdad ni justicia, ni mucho menos una reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado. Señoras y señores comisionados, el regreso de los paramilitares a Acteal es una bomba de tiempo, ya que en cualquier momento puede explotar, porque ahí están sus armas enterradas y lo pueden utilizar cuando reciban la orden del gobierno, como lo han hecho en este contexto de contrainsurgencia.

Hasta ahora no vemos voluntad, para las garantías de no repetición y por eso hemos llegado hasta aquí para encontrar oídos y ser escuchados.

Muchas gracias.

~*~

Buenos días señoras y señores comisionados, soy Ruben Moreno, integrante del Frayba.

Durante estos 17 años 9 meses y 29 días, los peticionarios hemos presentado información a esta Honorable Comisión que ha evidenciado la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de investigación, sanción y reparación a las víctimas de la masacre de Acteal.

Los peticionarios consideramos relevante la información contenida en el Estudio Psicosocial y el Informe Pericial Médico Forense, que hoy se presenta, para que esta honorable Comisión cuente con mayores elementos para considerar su informe de fondo respectivo.

Este Estudio da cuenta del impacto colectivo y la búsqueda de justicia por parte de las víctimas sobrevivientes y su organización por justicia y verdad durante todos estos años.

Para llevar a cabo dicho Estudio, se realizaron diferentes tipos de actividades como la reconstrucciones de hechos con base a la memoria de los testigos, el análisis de documentación publicada de diferentes organizaciones e instituciones, así como fuentes del mismo Estado y expedientes judiciales.

Todos los elementos contenidos en este Estudio demuestran quea la fecha, el caso se encuentra en una completa impunidad.

Consideraciones sobre los hechos

Según testimonios de los sobrevivientes, un grupo de hombres armados con machetes, cuchillos y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, arribó al campamento de desplazados entrando por varias direcciones.

La masacre se dio de forma coordinada, desde diferentes sectores rodeando a las víctimas, muchas de las cuales murieron en la persecución posterior de que fueron objeto. El nivel de control y de estar en manos de los perpetradores supuso para los sobrevivientes un nivel de terror extremo, y una vivencia de inminencia de la muerte.

Ese día, 45 personas fueron masacradas, sufriendo graves heridas por machete, que muestran el grado de sevicia con que se llevó a cabo la acción y después heridas por arma de fuego para asegurarse de la muerte. Las víctimas no murieron todas al mismo tiempo ya que algunas fueron perseguidas hasta ser alcanzadas.

El componente de sevicia a las víctimas, no solo es descrito por los sobrevivientes en sus relatos del horror, sino que queda demostrado por el análisis forense de las autopsias realizado por el Dr. Francisco Etxeberria Gabilondo.

Otras 26 personas más resultaron heridas por arma de fuego y por arma blanca que requirieron hospitalización y tratamiento médico especializado, de éstas cerca de una decena han tenido problemas importantes de salud como consecuencia de los hechos, y en algunos casos una discapacidad que se prolonga hasta la actualidad.

Los problemas en su atención a la salud han sido:

la escasa valoración de las lesiones;

las dificultades de acceso al sistema de salud como población indígena vulnerable;

la ausencia de un programa de atención en salud específico para víctimas, heridos y sobrevivientes;

la falta de continuidad en los tratamientos y rehabilitación, que se ha hecho muchas veces que dependan de las redes de solidaridad propias.

Consideraciones respecto a la investigación de los hechos

Las diligencias judiciales practicadas en el lugar de los hechos fueron realizadas en la madrugada del día 23 de diciembre de 1997, el propio Estado mexicano a través de la PGR dio a conocer que:

no se preservó el lugar de los hechos,

no se dio intervención a peritos en criminalística de campo,

no se fijó fotográficamente, con la pericia requerida a cada uno de los cuerpos

no se practicó legalmente las diligencias de levantamiento de cadáveres Estas circunstancias inicialmente dificultan el esclarecimiento de un conjunto de elementos criminalísticos como son:

Las posiciones víctima-victimario (s);

el lugar exacto en el que se encontraban las víctimas al sobrevenir la muerte;

si los cuerpos fueron movidos del lugar,

si había preparativos para alguna acción posterior en el terreno;

el posible número de agresores y, desde luego, sus identidades.

Como es del conocimiento de esta respetable Comisión, fueron iniciadas 13 Averiguaciones Previas, para ubicar la responsabilidad tanto de autores materiales, como de funcionarios públicos de bajo nivel que no evitaron la consumación de los hechos y que toleraron el equipamiento y formación de grupos paramilitares en la región. Esas 13 Averiguaciones dieron lugar a 11 Causas Penales.

En 5 Causas Penales fueron procesados 15 ex servidores públicos de bajo nivel. Algunos de estos obtuvieron su libertad dos años después, otros fueron condenados a 8 años de prisión. 11 fueron acusados de haber permitido que civiles portaran armas en días previos a la masacre, siendo integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de nivel bajo, y sus condenas oscilaron entre los 3 y 7 años, teniendo derecho al beneficio de la condena condicional y sustitución de la pena.

Jacinto Arias Cruz, exPresidente Municipal de Chenalhó, (liberado el 10 de abril de 2013) fue condenado a 36 años y 3 meses de prisión, sin condena a la reparación de los daños. Mariano Pérez Ruiz (ex militar) acusado de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con una sentencia de 4 años y 6 meses de prisión.

Con relación a las 7 Causas Penales restantes, fueron procesados 87 civiles indígenas tsotsiles, acusados como autores materiales de la masacre. De estos, 6 fueron absueltos porque el Juez consideró que no existían elementos que acreditaran su responsabilidad, a pesar de que dichas personas fueron reconocidas por los sobrevivientes. 2 más fueron liberados por razones de humanidad y 1 falleció en prisión durante el proceso penal.

En el 2008, varios sentenciados presentaron Amparos Directos ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, contra las sentencias definitivas. Este a su ves al considerar que el asunto reviste de interés y trascendencia que abarca aspectos jurídicos, sociales y políticos, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su faculta de atracción para resolver los juicios de amparo.

La liberación de los primeros 20 paramilitares se dio el 12 de agosto de 2009, (amparo liso y llano) la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentó que debían ser liberados debido a que sus garantías constitucionales de debido proceso y defensa adecuada habían sido violadas.

De esta manera han obtenido su libertad aproximadamente 70 personas, bajo el mismo argumento. A la fecha el Estado mexicano no ha informado verdaderamente el número de liberados y el número que continúan en prisión.

Consideraciones respecto a la creación de Fiscalías Especializadas

En septiembre de 1999, se creó la Unidad Especializada para la Investigación de Presuntos Grupos Civiles Armados para atender denuncias contra los grupos paramilitares, en donde se evitó en todo momento reconocer la existencia de tales grupos y la responsabilidad del Ejército mexicano. Así el 13 de noviembre de 2002, se anunció la desaparición de esta Unidad que durante más de tres años abrió aproximadamente 117 averiguaciones previas contra los grupos civiles armados, cuya existencia se denunció en Chiapas; esta Unidad se cerró sin haber obtenido resultados sustantivos.

Es importante hacer mención a esta Honorable Comisión que en su informe sobre México de 1998, dio a conocer la existencia grupos paramilitares armados y recomendó al Estado mexicano su investigación y desarme.

Según la PGR sus líneas de investigación abordaban autores materiales e intelectuales de los hechos, el origen de las armas utilizadas y la conducta omisa de los servidores públicos. Así da a conocer que:

En total se realizaron 117 Averiguaciones Previas de las cuales no se desprende ninguna intervención con fines paramilitares, si no conflictos entre miembros de las comunidades indígenas.

Rechazamos el argumento del Estado mexicano en su más reciente informe con fecha 12 de febrero de 2014 por la PGR a esta respetable Comisión, en el sentido que los hechos se derivaron en disputas de tierras, control de recursos naturales, intolerancia religiosa y filiación partidista.

El 22 de diciembre de 2006, a 9 años de la masacre, se anunció la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos en el poblado de Acteal. Dos años después, el 30 de abril de 2008, se cambia el nombre por Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración Administración de Justicia en el Estado y aquellos cometidos en el Poblado de Acteal, con el objetivo de continuar con las investigaciones en las Averiguaciones Previas FECACH/01/2007 y FECACH/02/2007.

Desde febrero de 2013, es la Fiscalía Especial para el Control de Confianza y Combate a la Corrupción en los Cuerpos de Seguridad y Procuración de Justicia que se encarga de las investigaciones. Los cambios sólo ha demostrado una farsa para el esclarecimiento de los hechos.

Los derechos de las víctimas no han figurado en las prioridades de la investigación, ni el derecho a la verdad y a la justicia ha sido respondido por las autoridades. A 17 años 9 meses y 29 días de cometida la masacre de Acteal, no se han concluido con las investigaciones y persiste la impunidad.

Los peticionarios reafirmamos nuestras observaciones sobre el fondo del caso presentado a esta Honorable Comisión desde el día 30 de enero de 2013.

IMPACTO COMUNITARIO

Señoras y señores comisionados, las consecuencias psicosociales de la masacre muestran un enorme impacto en los sobrevivientes tanto en el ámbito individual, como familiar y colectivo, debido a que se trata de muertes masivas, en una población ya vulnerable como desplazada, siendo hechos sorpresivos que conllevaron la muerte de 45 indígenas tsotsiles, el 75% mujeres y el 25% hombres, y cerca del 50 % menores de edad, niñas y niños.

El nivel de sevicia con que fueron asesinados, el uso de armas de guerra junto con otras armas de fuego y machetes, la gran cantidad de diferentes tipos de heridas que muestran los cuerpos, da cuenta del nivel de ensañamiento y genera un terror ejemplificante alrededor. Cuatro mujeres estaban embarazadas y cinco aparecieron desnudas en la escena del crimen, con lesiones en dos de ellas que jamás se investigaron.

Los sobrevivientes han vivido un grave dolor ante la muerte de sus familiares, la perdida de la pareja y las perdidas de sus hijos.

Respecto a la memoria y búsqueda de justicia

Estos elementos se encuentran expuestos claramente en el desarrollo del Estudio Psicosocial que ahora presentamos y que hacemos entrega a esta Honorable Comisión.

Fundamento hecho

Señoras y señores comisionados, la masacre de Acteal fue ejecutada durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 – 2000), en el marco del contexto del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

Los hechos fueron perpetrados cuando el grupo de paramilitares de Chenalhó, entró por varios puntos en el campamento de desplazados “Los Naranjos” quienes masacraron a 45 indígenas, más cuatro aún no nacidos y 26 más resultaron heridos.

Al momento de la masacre, la policía y el Ejército mexicano se encontraban destacamentados en diferentes comunidades de la zona. Ese día permanecieron elementos policiales a 200 metros del lugar los hechos.

La masacre respondió a la política sistemática del Estado mexicano diseñada con el objetivo de eliminar y aniquilar al EZLN y sus bases de apoyo, así como a las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan por la paz en Chiapas; tal es el caso de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas.

A 6,512 días de cometida la masacre, los familiares sobrevivientes continúan sufriendo los efectos.

Derechos violados

Por todo lo expuesto solicitamos a esta honorable Comisión Interamericana emitir el informe de fondo correspondiente, declarando la violación por parte del Estado mexicano de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo.14

Y recomiende al Estado mexicano

Tomar todas las medidas que sean necesarias para esclarecer los hechos cometidos en la masacre de Acteal.

Investigar, identificar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales

Reparar integralmente el daño causado a todas las víctimas del presente caso

Garantizar que estas graves violaciones a derechos humanos nunca vuelvan a repetirse en Chiapas ni en cualquier otro lugar de nuestro país.

Referencias:

1 Del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000. Durante su período se dio la crisis económica más grande del país, el rescate bancario y múltiples violaciones a los derechos humanos. Fue el último presidente del Partido Revolucionario Institucional, que había gobernado por 70 años. Actualmente es miembro de Procter and Gamble, Alcoa, Union Pacific, de la Universidad de Yale y participa en algunos programas de Naciones Unidas relacionados con el financiamiento a los países en vías de desarrollo

2 Véase: ARANDA, Jesús; “Zedillo propuso el dialogo en 1995, pero lanzó al Ejército contra el EZLN” en La Jornada, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2005/02/09/005n1pol.php

3 El 9 de febrero de 1995 el presidente Zedillo en cadena nacional anuncia la incursión militar para capturar a la comandancia del EZLN, si bien la acción no tuvo los resultados anunciados, provocó el desplazamiento de decenas de comunidades indígenas de las Cañadas de Ocosingo y la ocupación y control territorial del ejército que se mantiene hasta la fecha.

4 Véase: Marín Carlos; “Plan del Ejército en Chiapas, desde 1994: crear bandas paramilitares, desplazar a la población, destruir las bases de apoyo del EZLN…” en Revista Proceso N° 1105, 4 de enero de 1998. El “Plan de Campaña Chiapas 94” se encuentra disponible en http://www.frayba.org.mx

5 Para mayor detalle del desarrollo de este plan, ver “La política genocida en el conflicto armado en Chiapas” elaborado por este Centro y disponible en http://www.frayba.org.mx

6 Doyle, katy. Archivos Improcedentes. Disponible en: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB283/index2.htm

7 Ver “Plan de Campaña Chiapas 94” y “La política genocida en el conflicto armado en Chiapas” en http://www.frayba.org.mx

8 Véase CDHFBC, El Otro Cerco, 1995

9 Para conocer más sobre el desplazamiento en Chiapas véase: CDHFBC; Caminando Hacia el Amanecer, 2002; así como documentos de Naciones Unidas como el Informe del Representante Especial del Secretario General de Las Naciones Unidas para Personas Internamente Desplazadas, en su visita a México: E/CN.4/2003/86/Add.3. Disponible en: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/101/46/PDF/G0310146.pdf?OpenElement

10 Posteriormente esta corporación policíaca se llamó Policía Sectorial y a actualmente se llama Policía Estatal Preventiva.

11 Causa Penal Número 96/98 ante el Juzgado Primero de Distrito, relacionada con los hechos de Acteal e instruida en contra de Mariano Pérez Ruiz, militar condenado por Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (cabe señalar que la PGR aseguró que dicho militar no se encontraba en funciones al cometer el delito, sino que estaba de “vacaciones”)

12 Véase: CDHFBC; Ni Paz, Ni Justicia; 1996

13 Frayba, archivo documental.

14 Los artículos 17 y 19 debido a que muchas víctimas tuvieron que asumir cargas a partir de la muerte de sus familiares, muchas familias fueron objeto de ruptura. En cuanto a los niños el Estado no adopto medidas para proteger su condición de niño.

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