LA REBELIÓN DEL DOLOR EN MÉXICO (SENTENCIA TPP)

tppExtracto de Sentencia del Tribunal  Permanente de los Pueblos Capítulo México:

El Tribunal Permanente de los Pueblos ha escuchado en sus tres años de trabajo en México, cerca de 500 casos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, agravios e impactos masivos que afectan a una gran parte de la población, que cuestionan el papel del estado como elemento regulador de los conflictos y protección de los derechos humanos, y ponen frente al espejo una situación dramática, muchas veces aún silente, otras veces como un grito desgarrado que debe ser escuchado.

a. Introducción

El nivel de horror e impacto escuchado en este proceso del TPP produce una conmoción, una situación en la que ha dejado también a la sociedad mexicana y al mundo el caso de las ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de 46 normalistas de Ayotzinapa. El TPP quiere ofrecer el reconocimiento hacia las víctimas, familiares y sobrevivientes en este y en otros miles de casos vividos en el país, así como a quienes han traído a las audiencias otros muchos casos de violaciones al derecho a una vida digna, a la tierra, al trabajo, a la protección de los recursos naturales y la naturaleza de la que formamos parte.  El análisis de todas estas situaciones vividas muestra que México se encuentra en una encrucijada, que no puede ser postergada ni se puede ocultar tras la evitación de los problemas, su reducción a casos aislados o la invisibilización del papel del Estado y de las responsabilidades de sus élites políticas. Esta situación no solo supone una tragedia hoy en día, sino que compromete de forma grave el futuro de la sociedad.  El TPP hace un llamado al Estado, a la sociedad, a los países cercanos o aliados de sus políticas algunos de los cuales son corresponsables directos de su situación, para que se den respuestas que estén a la altura de la tragedia. Y reconoce a la vez el papel protagónico de las víctimas, de la sociedad y los pueblos que forman parte del sentido y de la riqueza de este país, y sus formas de resistencia de las que este tribunal da cuenta y reivindica como la base para cualquier proceso de reconstrucción del tejido social.

b. Violencia estructural, ambiental y directa en el TPP México

Las violaciones de derechos humanos, amenazas y agravios recogidos en este Tribunal, se refieren tanto a derechos de los pueblos a una vida digna, a la relación con la naturaleza y la destrucción ambiental, como a las condiciones de desigualdad, precarización y pobreza que suponen un conjunto de condiciones de deterioro de las condiciones de vida, así como las formas de violencia directa contra las personas, las comunidades, defensores de derechos humanos, las mujeres o periodistas. Además, desde la concepción y práctica de lo que significa un tribunal de los pueblos, la sociedad mexicana no puede verse sólo desde el ahora. Mientras los Estados y agencias internacionales compran y venden los recursos del futuro en la bolsa poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o el arroz, también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando los derechos a la salud o la educación, se privatizan los servicios, se hacen más precarias las condiciones de vida y de trabajo. Se ha dado una destrucción acelerada de la naturaleza que tiene consecuencias en las condiciones de vida de las comunidades afectadas y el futuro de México. Según el Instituto Nacional de Geografia, en 20 años post TLC, México ha perdido 34.68% de sus bosques y selvas. Las denuncias ante este tribunal por problemas ambientales que benefician a empresas nacionales y trasnacionales suman 211 que afectan a 433 municipios de 21 estados. Algunas de estas denuncias como en Michoacán o Guerrero afectan a rutas de tráfico o lugares de explotación de recursos naturales y la criminalidad organizada. Las agresiones ambientales más frecuentemente señaladas incluyen la destrucción de fuentes de agua, bosques y vida campesina, la sobreexplotación de acuíferos y contaminación ambiental con agrotóxicos o la contaminación transgénica, que generó una demanda de medidas cautelares ante el sistema judicial mexicano que constituye una de las pocas excepciones en la tutela judicial de la protección de la vida en relación al medio ambiente. Todas esas luchas han conllevado frecuentes formas de persecución a las y los defensores ambientales con detenciones arbitrarias e incluso asesinatos.

c. Exclusión social, migración y violencia

Estas condiciones de exclusión han llevado a un fenómeno de migración colectiva que afecta especialmente a los y las jóvenes, que son los que tienen más posibilidades de inserción en los mercados laborales del norte y a la vez expropia a México de una humanidad convertida en capital de inversión para la economía de Estados Unidos, donde hay cerca de 12 millones de personas de población mexicana es decir un 10% de la población total. Mientras tanto México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado. En un territorio peligroso donde se desprecian sus derechos, y donde sus vidas pasan a manos de redes de un tráfico de personas, a tal escala que no puede darse sin la colaboración de agentes del Estado y autoridades de diferentes territorios. El Tribunal ha constatado dicha situación a través de cientos de testimonios de los albergues de migrantes, sacerdotes y personas voluntarias que trabajan con ellos y sufren también las situaciones de amenaza para su trabajo y sus vidas. Mientras el Estado dice no saber, o atribuir la responsabilidad de todo ello a las circunstancias, las organizaciones que trabajan con migrantes han documentado de forma muy clara y a veces dramática su situación. Si hay un territorio en el que los derechos hayan sido abolidos en México, ese es el territorio de las rutas de migración que atraviesan el país de Sur a Norte. El Estado no ha escuchado siquiera a estas víctimas y testigos, ni mucho menos ha puesto en marcha políticas de prevención de la tortura, de atención a los migrantes o de protección de los territorios, ni parece haber escuchado las propuestas y demandas de quienes conocen de cerca dicha problemática.

d. Entender la dinámica de la violencia

Entender la práctica y la dimensión de la violencia contra la población civil en México es, a la vez que una necesidad, un enorme desafío. Mientras la lógica de la violencia política de los años 70, especialmente a partir de la matanza de estudiantes de Tlatelolco, intentó acabar con la oposición política, más adelante la lógica contrainsurgente llevó en algunas zonas del país, especialmente en Chiapas con el alzamiento zapatista y también en Guerrero, a una política de control del tejido social como una nueva forma de hacer la guerra, con la creación de grupos paramilitares y el estímulo de la división y el enfrentamiento comunitario, una práctica estatal conocida en diferentes países que han vivido conflictos armados o guerras: la lógica de control de la población y del territorio. En la última década, las historias y casos escuchados por este Tribunal muestran que las versiones siempre generalizadas sobre oscuras redes de criminalidad ligadas al narcotráfico ocultan también la responsabilidad o la ausencia de respuestas del Estado como condiciones necesarias para ese horror a gran escala. México se ha convertido en un gran terreno de frontera no solo geográfica, sino económica y política con Estados Unidos y la relación de subordinación tradicional, que es a la vez la frontera Norte/Sur. En esa gran frontera, que empieza en Chiapas y termina en Baja California, una buena parte del territorio nacional se ha convertido en corredores controlados o Estados fallidos en los que la implicación del Estado federal es evidente. Sin embargo, la descripción de la violencia y su impacto se convierte en algo coloquial donde incluso el lenguaje se ha convertido en una forma de minimización. El secuestro se llama levantón. La desaparición se convierte en extravío. El asesinato es parte de la crónica roja y de una criminalidad que siempre aparece en manos de redes desconocidas y capos, con toda una parafernalia del horror. El Estado tiene que llamar a las cosas por su nombre, no minimizar la gravedad de los hechos y poner en marcha mecanismos eficaces de investigación y reconocimiento de la problemática que vive el país. Sin un lenguaje que les reconozca, la experiencia de las víctimas queda en la cuneta de la historia, y deja de ser parte de una conciencia colectiva que movilice hacia la acción. Los casos que hemos escuchado en este tribunal son una llamada a la conciencia de la humanidad, pero solo en algunos casos han generado una movilización social en sectores sociales que muchas veces han visto esos problemas como cosas ajenas.

e. Feminicidio y condiciones de vida de las mujeres

La relación entre la situación de desigualdad, precariedad de derechos y la violencia directa se manifiesta de forma clara en el caso de Ciudad Juárez y Chihuahua. Mientras a los lados de la frontera, el desarrollo de la industria de quita y pon supuso una estrategia para maximizar el beneficio precarizando a mansalva las condiciones de vida de las trabajadoras, las mercancías y la gente se fueron convirtiendo en parte de lo mismo. El tráfico de mercancías o la industria de ensamblaje, también se ha dado de forma concomitante con una distribución de la desigualdad en la violencia: a una línea de distancia, durante años Ciudad Juárez ha sido la ciudad más violenta del planeta, mientras El Paso era la ciudad más segura de Estados Unidos. Y esos niveles de violencia afectaban especialmente a la población joven y a las mujeres que han vivido la tragedia de dar a conocer la práctica del feminicidio y la emblemática historia de lucha por la vida, al visibilizar esos hechos por parte de las víctimas de Chihuahua y Juárez, las organizaciones de mujeres y los grupos de derechos humanos.

f. La especificidad de la violencia de género en México

Sin embargo, la violencia sistemática que viven las niñas y mujeres en México en estos tiempos se da en un contexto histórico y estructural de discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la vida. Este contexto incluye desde el feminicidio y la tortura sexual hasta formas más sutiles de sexismo y misoginia como la desaparición de las mujeres de la historia oficial. Misoginia que también se expresa cuando el aporte de las mujeres a los movimientos sociales no es reconocido debido al poco valor que se le da a la vida y actuar de las mujeres. Pero también al lenguaje excluyente que invisibiliza no solo esos aportes sino que tampoco da cuenta del hecho de que las mujeres son víctimas específicas de los impactos nefastos del neoliberalismo y los TLCs, como lo es el hecho de que la privatización de los servicios públicos recae principalmente sobre los hombros de las mujeres quienes tienen que asumir el cuidado de las personas enfermas, ancianas o con alguna discapacidad. Como se advirtió en varias audiencias, el Estado incumple de manera directa su obligación inmediata de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Aunado a ello, se advierte un patrón de impunidad y permisividad social, tolerancia e incluso aquiescencia hacia la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas sostenidas por una cultura de desvalorización de la vida y roles de las mujeres. Cultura que se traduce en una misoginia institucional y social que en el caso de mujeres lesbianas y trans, es legitimada y asumida como expresiones positivas de la identidad mexicana.

A lo largo de las pre-audiencias se han ejemplificado distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres como lo demostraron los casos sobre la situación de pobreza y marginación que viven las mujeres campesinas e indígenas (como lo ocurrido con la masacre de Acteal, con las hermanas González Pérez, con Inés, Valentina, entre otras); la sobrerrepresentación de las trabajadoras en la economía informal, los desalojos, la falta de vivienda, los despidos ilegales y el mayor desempleo de las mujeres, o los casos de feminicidio en diversos Estados de la República; la falta de acceso a la justicia y la incapacidad de las autoridades de actuar con la debida diligencia. A ello se suma la violencia feroz, física y sexual por fuerzas del orden, paramilitares o por miembros de organizaciones criminales; la criminalización y agresiones de todo tipo a defensoras de derechos humanos; el encarcelamiento y tortura por la terminación del embarazo; las muertes maternas por falta de acceso a la atención médica, la violencia contra mujeres de la diversidad sexual; las violaciones y tortura sexual de mujeres detenidas o en prisión; l9as violaciones y muerte de mujeres migrantes; y muchos casos más, en los cuales se entrelazan distintos tipos de violencia.

Las pre-audiencias han demostrado que las mujeres son también víctimas por sus relaciones familiares y afectivas, por su liderazgo en sus comunidades u organizaciones o por su participación en las luchas sociales, como ocurrió en los terribles hechos de San Salvador Atenco. Y a pesar de que en muchos casos esta violencia es parte de una estrategia para impedir que otras mujeres se incorporen a las luchas sociales, estas víctimas no reciben la solidaridad debida de parte de sus compañeros de lucha. Al contrario, muchas veces son revictimizadas por sus propias organizaciones, sus parejas y familias y por los medios de comunicación. Por otra parte, hay una extensión del impacto de las amenazas, las torturas o las violaciones sobre las mujeres dado que se les niega frecuentemente el derecho a la verdad, al duelo, a la justicia o a la reparación como consecuencia de la violencia.

Esta violencia ha tenido un especial impacto en las madres de desaparecidas/os como lo demuestra el caso emblemático de Marisela Escobedo, asesinada por buscar justicia para su hija, un ejemplo de qué ocurre cuando no se toman las garantías de no repetición y medidas estructurales adecuadas: más mujeres siguen siendo asesinadas y sus familiares, especialmente sus madres,  siguen sufriendo la ausencia y la impunidad. De haberse tomado las medidas a partir del caso de “Campo Algodonero” y de haberse cumplido adecuadamente la sentencia emitida hace casi cinco años por la Corte IDH, seguramente se habrían prevenido muchas de las desapariciones, muertes y violaciones sexuales de las que se hablaron en las audiencias.

g. Las víctimas y sobrevivientes

El TPP ha escuchado numerosos testimonios del horror, a través de las voces de muchas mujeres víctimas y sobrevivientes, periodistas amenazados, indígenas cuyos territorios son codiciados y cuyas formas de vida están en peligro, comunidades afectadas por devastación ambiental entre otros muchos. Los datos del horror también están sujetos al baile de las estadísticas que convierte las biografías de millones de mexicanos y mexicanas afectadas por la violencia en números que muestran lo que esconden. El Tribunal ha tenido acceso a las estadísticas oficiales proporcionadas por distintos gobiernos que hablan de 50.000 personas muertas, o que señalan un día 20.000 personas desaparecidas, otro 16.000 y otro 8.000, usando los números como una forma de legitimar políticas y no para tener conocimiento de las dimensiones y los impactos de un problema. Esta lucha por la representación de la realidad supone una ausencia de un reconocimiento efectivo, lo que hace que, ocho años después de la política bautizada “guerra contra el narcotráfico”, no existan registros fiables, no haya información sobre los datos que refieren más de un millón de desplazados internos, ni un trato adecuado a las víctimas, sus relatos o la realidad que muestran sus denuncias. Y estas estadísticas no refieren nunca el impacto en las nuevas generaciones, mientras decenas de miles de niños y niñas han visto cómo sus padres, madres o hermanos eran asesinados o desaparecidos. México necesita un estudio del nivel real de impacto de la violencia y de las políticas que deben llevarse a cabo para la prevención y atención a las víctimas desde una perspectiva integral.

h. Aceleración del impacto y consecuencias a largo plazo

En la última década México ha vivido una aceleración del impacto de la violencia, concentrada especialmente en la población joven, y que hipoteca el futuro de la sociedad. Mientras los gobiernos se terminan cada seis años,  los impactos de la violencia son acumulativos en el tiempo. Las decenas de miles de desaparecidos no son hechos del pasado, son violaciones que siguen cometiéndose en el presente, y cuyos impactos se prolongan en la responsabilidad de los perpetradores o la necesaria investigación y justicia por parte del Estado que no se cancela con el tiempo, y también constituyen un impacto permanente del maltrato psicológico y tortura que la desaparición supone para los familiares. En México esos impactos son aún muy frescos y se han convertido ya en parte del paisaje crónico de las víctimas que han venido a hablar del plato que espera aún al desaparecido, del dolor que no puede dejar de serlo, y a la vez de la rabia de los familiares que no pueden con la sinrazón y la crueldad de los perpetradores y con la ausencia de respuesta del Estado. De forma sistemática hemos escuchado de las víctimas historias de desprecio que tienen un hilo común en la respuesta de numerosos funcionarios y agentes del estado, que muchas veces minimizan el problema, aconsejan a los familiares no seguir adelante o dejar las cosas como están, cuando no se escudan en las gestiones giratorias que dan vueltas a las cosas sin ningún avance. O en algunos casos lanzan mensajes que son parte de la amenaza. Mientras, crece la indignación y la desconfianza. Un Estado en el que la desconfianza es un abismo entre la población y el mismo Estado, pierde su legitimidad y socava su compromiso fundacional de responder a las necesidades de la gente y ser garante de sus derechos.

i. Comunicación, violencia y miedo

El Tribunal es testigo de cómo el miedo se ha convertido en parte de una estrategia de control de la población, ya sea para controlar la protesta social o por la acción de la criminalidad organizada o el tráfico de personas o por la explotación de recursos naturales. Lo vivido en otros países de América Latina, el “algo habrán hecho”, el “no te metás” o el silencio, se han ido extendiendo en muy diferentes lugares del país como parte de los mecanismos que condicionan el comportamiento. Este Tribunal ha escuchado muchos testimonios pero también ha estado presente la dimensión del silencio, relatos de cómo el miedo amordaza a comunidades enteras en diferentes regiones del país, desde la sierra Tarahumara a las montañas de México, desde Estados como Tamaulipas hasta Michoacán. En muchos de estos lugares ni siquiera el trabajo de los medios de comunicación se puede llevar a cabo y los periodistas viven bajo la misma mordaza de la amenaza de muerte. Este nivel de terror y silenciamiento supone no solo una violación masiva a la libertad de expresión e información, sino un nivel de control de la información que obedece a razones políticas. El oligopolio de los medios y la fuerte concentración de los televisivos en dos corporaciones supone una enorme capacidad de controlar la información pública que está reñida con la democracia.

j. Rol del Estado y desmantelamiento de derechos

En las políticas neoliberales, el tiempo de las comunidades e individuos es considerado como parte de la mercancía. En México, donde las condiciones de riqueza de recursos naturales, de corrupción sistémica, de grave desigualdad social y pobreza, y redes de criminalidad basadas en el narcotráfico, el Estado ha ido perdiendo su rol regulador y de protección de los derechos de las grandes mayorías y suprimiendo progresivamente sus garantías. Basándose en la fuerte evidencia que de forma reiterada ha sido presentada en las distintas audiencias, el TPP constata la responsabilidad de las autoridades de diferentes gobiernos en el desmantelamiento de las garantías legales, especialmente con sucesivas y continuas reformas constitucionales, que han ido implicando una pérdida de los derechos de la población mientras aumentaban las garantías para las empresas transnacionales o las élites económicas. Las decisiones políticas que comprometen el futuro son tomadas por autoridades elegidas, pero muchas veces corruptas, o que obedecen a criterios e intereses de su propio beneficio o son parte de las políticas de empresas transnacionales que buscan maximizar sus beneficios a costa de las nuevas generaciones. Especialmente relevante es la reforma del artículo 27 constitucional de la propiedad de la tierra ejidal y comunal, que supuso una expropiación de derechos y garantías sobre el uso y pertenencia de la tierra y sus recursos. Estas políticas y prácticas muestran cómo se han presentado como pretendidas políticas de desarrollo verdaderas acciones de despojo a las que, posteriormente, se ha proporcionado cobertura legal. De esta forma el derecho pierde su papel protector y se convierte en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de transnacionales o los intereses de las élites económicas. La reciente prohibición de la Corte Suprema de Justicia de realizar consultas o referéndum sobre aspectos que tengan que ver con ingresos y gastos, que correspondería originalmente a la política fiscal, a cualquier área de demandas populares supone en la práctica un candado legal para el desarrollo de la participación, y por tanto del poder fundacional de la democracia en la sociedad mexicana. Lo que este Tribunal ha escuchado en esta audiencia muestra que se necesita un análisis de los impactos sociales, ambientales y en las nuevas generaciones cuando se discuten las políticas del Estado.

4.11. Hacer frente al impacto de la violencia

El Tribunal hace un llamado a la sociedad para hacer frente a esta situación que es de emergencia y a la vez tiene impactos crónicos graves. Las secuelas de la violencia se extienden directamente a amplias capas de la sociedad, especialmente de diferentes sectores de la población joven que son las víctimas directas. Pero son además sus familiares los que sufren los impactos del trauma y duelo, de la incertidumbre sobre su destino o de la ausencia de una política de atención y reparación. Nada de eso se ha puesto en marcha aún en el país, más allá de algunas iniciativas legales o ciertas medidas parciales. Por otra parte, las políticas institucionales de destrucción del futuro no podrían traducirse en prácticas sistemáticas y en una impunidad social, política o jurídica, sin la connivencia implícita o explícita de gremios profesionales que tienen la responsabilidad de analizar y trabajar con los datos y experiencias como los que se han presentado en esta audiencia, de forma que se puedan visibilizar los mecanismos y las causas que están tras los procesos de largo plazo que los sustentan, así como las violaciones que se han presentado. Las áreas de medio ambiente, salud y epidemiología, las transversalidades que determinan las variables entre el derecho, la economía y los derechos humanos individuales y colectivos, no incluyen las vidas e historias de las personas como variables de referencia, sino como factores de corrección o confusión en los cálculos de profesionales, vistos en muchos casos como ausentes o partes contrarias a los grupos o pueblos más en riesgo. Este Tribunal hace un llamado a dichos sectores sociales a involucrarse con esta problemática y hacerla suya, a escuchar a las víctimas y comprometerse con un derecho, una medicina, una psicología, una investigación que se tome en serio la formación de profesionales con una perspectiva ética y habilidades para el trabajo en contextos de violencia y la atención a víctimas y sobrevivientes.

k. Justicia y lucha contra la impunidad

La búsqueda de la justicia es un anhelo universal y la demanda central de las víctimas y sobrevivientes en México. La inmensa mayoría de los casos escuchados en esta audiencia no han tenido resultados de una investigación efectiva y se encuentran en la impunidad. Las autoridades mexicanas tienen un triste récord de ausencia o mala investigación que empieza muchas veces desde la escena de los hechos. Para este tribunal la impunidad no es solo una ausencia de castigo sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades. En el caso de México que trata de diluirlas entre las instancias municipal, estatal o federal, y donde los mecanismos de rendición de cuentas como comisiones de derechos humanos oficiales resultan desgraciadamente inefectivos. La impunidad está tejida también de caminos que van hacia ninguna parte como hemos escuchado en los casos presentados, a la vez que un mecanismo educativo y disciplinador que impone un sentido de impotencia a la sociedad. Las víctimas y sobrevivientes de los diferentes casos presentados en esta audiencia, y más allá en todo el proceso de este TPP, así como sus organizaciones de referencia, son la energía fundamental de esta lucha contra la impunidad y necesitan apoyo y reconocimiento. Esta sentencia quiere ser una forma de respaldar sus demandas, desde esta conciencia que representa el sentir de los pueblos.

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