EL GOBIERNO MEXICANO QUIERE ACABAR CON LOS MEDIOS INDÍGENAS Y COMUNITARIOS

medioslibres

/Redacción Paradoxa

Desde sus inicios, los medios masivos de comunicación en México han permanecido bajo la tutela del Estado y fundados en el autoritarismo, dicha naturaleza antidemocrática no dista mucho de la existente en regímenes fascistas alrededor del mundo, que utilizan los medios como una plataforma de legitimación a favor de las políticas implementadas desde arriba. La facultad del Estado mexicano de otorgar los permisos y concesiones para operar estaciones de radio y televisión, es por esencia autoritaria, ya que la apropiación por éste del espacio radioeléctrico a través de las décadas nos permite divisar un cúmulo de casos de censura y exclusión contra todos aquellos medios que critican o ponen en entredicho los procederes del gobierno en turno.

Sin embargo hasta ahora la preocupante violación a la libertad de expresión y el atentado contra una sociedad democrática por parte del Estado, no parece suficiente para los intereses del régimen actual, sobre todo en un contexto en el que los medios libres ganan presencia en el mundo digital. Se pretende que la reforma a la ley de telecomunicaciones sea la última puñalada que aniquile a su mínima manifestación a los medios de uso social, dejando el lugar abierto únicamente a los medios masivos cuyo principal beneficio al Estado (aparte del jugoso negocio) consiste en el efecto distractor causante de desafección política y desinformación, la mejor táctica para ciudadanos indiferentes y pasivos ante las problemáticas sociales.

El reciente dictamen de ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión presentado en la cámara de senadores, propone nuevas disposiciones a la secretaria de gobernación que perpetúan un sistema antidemocrático de los medios de comunicación, además de que se instituye que los medios indígenas y comunitarios no pueden exceder los 20 watts de potencia ni sus torres una altura de 30 metros, una medida que atenta directamente contra la sociedad organizada y el derecho a la información. La persecución de los medios alternativos a la hegemonía mediática consentida por el Estado anuncia su alza, ahora en base a legislaciones que favorecen el abuso y la criminalización de comunicadores independientes.

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