EDITORIAL (OCTUBRE 2013)

autoritarismo-6

El autoritarismo de Estado en contra de la ciudadanía inconforme a sus políticas, ha intensificado notablemente sus mecanismos de represión desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, los acontecimientos del #1DMX con casi 70 detenidos, en protesta por la toma del poder del candidato de las televisoras y las castas empresariales, son evidencias claras del inicio oficial de la violencia del regreso del viejo PRI, partido hegemónico que gobernó en sexenios imperiales durante 7 décadas.

Pero la respuesta violenta del 1 de diciembre, inmediatamente se vio proyectado a otros sucesos como el #1SMX y el #13SMX en el que se desalojó del zócalo capitalino con bombas de humo a los maestros miembros de la CNTE que acampaban en defensa de sus derechos laborales y la no privatización de la educación pública; el 2 de octubre fue la más reciente, misma en la que medios independientes ubicaron la presencia de militares infiltrados con la finalidad de alterar el orden y criminalizar a manifestantes que se ejercían su derecho a participar en la marcha dedicada a los estudiantes asesinados por órdenes del gobierno de Díaz Ordaz el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Aministía Internacional México se pronunció recientemente contra los abusos policiacos, señalando que incluso el pasado 2 de octubre fue violentado un observador del Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez que realizaba trabajo de monitoreo durante las acciones represivas. La arbitrariedad de las detenciones ha sido focalizada también hacia los periodistas independientes de los medios libres, varios de los cuales en distintas ocasiones han sido conducidos hacia el reclusorio con cuantiosas multas, tras la siembra de delitos como ataques a la paz pública y pandillerismo.

El acoso de la fuerza pública hacia la ciudadanía manifestante y la prensa libre acompañado del doble discurso es un recurso antaño del PRI para legitimarse, y que hoy en día a la sombra de la guerra contra el narcotráfico, emprendida por Felipe Calderón y continuada por el presidente en turno, la ejecución de activistas sociales por motivos políticos es opacada bajo el velo de la criminalización, como los recientes casos de Noé Vázquez Ortiz miembro del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Arturo Pimentel Salas líder del Frente Nacional Indígena y Campesino, así como del maestro Juan José Carrillo líder de la CNTE en el estado de Veracruz.

El autoritarismo de Estado mexicano se desenvuelve con el descaro del presidencialismo imperial propio del siglo XX en el que la democracia como ciudadanía no forma parte de la agenda del gobierno, sino únicamente los intereses clientelistas de la élite política y empresarial que están dispuestos a concretar sus fines a través de la violencia y el atentado contra los derechos constitucionales de los individuos, acciones simbióticas a la simulación del discurso oficial y los sedantes mass media cómplices del poder económico.

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